La ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira, la voz más progresista y rebelde del Ejecutivo socialista, renunció ayer por sus discrepancias con la política de seguridad del presidente François Hollande, que prevé privar del derecho a voto y retirar la nacionalidad a quienes posean doble ciudadanía y sean condenados por terrorismo. «He elegido ser fiel a mí misma y a mi lucha. A veces, resistir significa quedarse. A veces significa irse. Por lealtad a uno mismo, a nosotros, para que la ética y el derecho tengan la última palabra», afirmó Taubira, quien aclaró que dejaría el gobierno «por un desacuerdo político importante».
La mujer dejó su cargo después de conocer en detalle el llamado proyecto de «pérdida de nacionalidad» anunciado por el primer ministro Manuel Valls el mes pasado. Con la medida, el gobierno pretende reforzar la seguridad interna y la lucha contra el islamismo radical en respuesta a los atentados terroristas del 13 de noviembre en París, que dejaron 132 muertos y el doble de heridos. Taubira, un ícono de la izquierda dentro del socialismo y nacida en Guyana, manifestó su rechazo público a los planes del Ejecutivo y consideró que «la retirada de nacionalidad no sólo no es deseable, sino que su eficacia es ridícula».
La nueva medida permitirá retirar la nacionalidad francesa incluso a aquellos que tienen doble pasaporte y nacieron en territorio galo. De todos modos, el proyecto aún debe debatirse en el Congreso y conseguir una mayoría de tres quintos para ser aprobado. Se trata de una iniciativa histórica de la extrema derecha, hoy capitaneada por la dirigente xenófoba Marine Le Pen.
Otra de las medidas impuestas por la ultra derecha fue la ley de servicios secretos, aprobada en junio pasado y que permitió legalizar la captación masiva de comunicaciones de los ciudadanos.
En remplazo de Taubira, Hollande nombró a Jean-Jacques Urvoas, actual presidente de la comisión de leyes constitucionales de la Asamblea Nacional. Según el presidente, deberá «llevar a cabo la reforma constitucional» en la que se incluirá la polémica medida de eliminación de la nacionalidad.
Fuente: Tiempo Argentino
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