Luego de que el pasado 30 de diciembre el Presidente Gabriel Boric indultara a 12 detenidos en el contexto de Estallido Social, junto al ex frentista y gestor cultural Jorge Mateluna, se desató una polémica por parte de sectores políticos que cuestionan su fundamentación.
Desde la derecha critican la decisión tomada por el jefe de Estado y la tildan como un acto de intervencionismo con respecto a otros poderes del Estado.
En medio de la polémica, la Contraloría General de la República solicitó un informe al Ministerio de Justicia para recabar información sobre los indultos.
Dicha la petición se da luego de que Chile Vamos ingresara ante el ente fiscalizador, liderado por Jorge Bermúdez, una denuncia para que revisara la legalidad de los beneficios otorgados por el Mandatario.
La solicitud de información se enmarca en un procedimiento habitual cuando se ingresa una denuncia contra un organismo, ya que como el indulto es un procedimiento exento se deben solicitar para ver su actuar.
En declaraciones a El Ciudadano, Francisco Bustos, abogado de Derechos Humanos y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se refirió a este tema y señaló que la Contraloría no tiene atribuciones para anular una definición presidencial de indulto.
Al respeto recordó que la facultad de conceder indultos «se dejó radicada en presidencia para tratar de generarle algún costo político al presidente Patricio Aylwin (1990-1994)».
«Él por obvias razones tuvo que conceder muchísimos indultos en atención a muchas causas criminales que existían desde la dictadura, incluyendo condenas por delito de opinión, ofensa al jefe de Estado, incluso concedió los indultos a las personas que estaban en prisión por el atentando a Augusto Pinochet, mediante una conmutación por extrañamiento en sus últimos días de gobierno. Él tenía un sentido de la oportunidad de cuando hacer las cosas», indicó el académico.
Destacó que hasta hace un par de años atrás los indultos pasaban por el trámite de toma de razón en la Contraloría, sin embargo aclaró que este ente «no podía revisar nada», porque «el contralor no puede revisar temas de constitucionalidad y como es una facultad constitucional, básicamente tenían que llegar a la Contraloría y allí los indultos se aprobaban casi automáticamente».
Indultos de Piñera a condenados por delitos de lesa humanidad
En sus declaraciones, Bustos también se refirió a la controversia que se generó cuando el expresidente Sebastián Piñera (2010-14 y 2018-22) le otorgó el perdón a condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
Destacó el caso de René Cardemil, Coronel en retiro condenado a 10 años y un día de presidio por el asesinato de 6 personas en el caso “Torres de San Borja”, y a quien el gobierno de Michelle Bachelet se le había negado el indulto.
Aunque Piñera le otorgó el indulto en junio de 2018, Cardemil no alcanzó a hacer uso de ese beneficio, pues murió el 7 de abril de este año.
«En el caso, cuando Piñera concede un indulto, el trámite en la Contraloría, se demora ese indulto y este sujeto René Cardemil, condenado por asesinato en las Torres de San Borja, incluyendo una mujer embarazada, finalmente se demora».
«El contralor no puede cuestionar un decreto de indulto»
El abogado, planteó que ahora este tipo de trámite está exento de toma de razón en la Contraloría, principalmente porque «hoy el contralor no puede bajo ningún fundamento cuestionar un decreto de indulto».
«Quizá este sería un tema que se podría pensar revisar», acotó.
Con respecto a los indultos otorgados por Sebastián Piñera a los condenados por crímenes de lesa humanidad, resaltó que su tramitación fue estrictamente confidencial
`»Los indultos hasta el gobierno de Piñera II se consideraba que el texto de los mismos era secreto o al menos reservado por parte del Gobierno. Cuando supimos de los primeros decretos a condenados por delitos de lesa humanidad nosotros pedimos los textos y nos contestaron que no se podían entregar. Fuimos a transparencia , nos encontró la razón porque de acuerdo a la ley 20.285 la Ley de Transparencia los actos dictado por la administración que tengan efectos sobre terceros, es decir, sobre personas que no forman parte de la administración son públicos y nos encontraron toda la razón», relató Bustos.
«Nosotros lo pedimos en realidad solo respecto a los indultos condenados por los delitos de lesa humanidad, pero el Consejo para la Transparencia dijo que son todos los indultos públicos, más allá que existan ciertos datos de información sensible que deban tarjarse, como el RUT, domicilio, si el indulto fue dado por motivos de enfermedad, porque son datos que no competen al resto de la sociedad, pero sí desde luego el hecho de qué persona recibe este beneficio presidencial», agregó.
Asimismo, señaló que trataron de «atacar jurídicamente estos indultos», tomando en consideración el hecho de que los requisitos que establece el derecho internacional son más estrictos.
«Hay un mandato de proscripción de la impunidad y que se cumplan las condenas efectivamente, salvo que alguna situación verdaderamente calificada. Es el mismo argumento que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular los indultos a concedidos a Alberto Fujimori en Perú, que fueron parte de un acuerdo político por parte del gobierno Pedro Pablo Kuczynski y no de un verdadero indulto por motivos de salud como si fuera una persona desahuciada», explicó.
«Alegamos este deber general que las condenas se cumplan, el deber de investigar , juzgar, sancionar con penas proporcionales y efectivas y de evitar la impunidad y otros deberes, como en que en los casos de delitos de lesa humanidad se les notifique a las familias se les permita ejercer algún tipo de derecho y se conozca cuál es su apreciación del tema. Todo esto fue denegado y ahora eso es materia de una denuncia que presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», agregó el jurista.
Reforma a la normativa de indultos
A juicio del abogado Francisco Bustos, el escándalo público generado por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric, no se justifica al compararse, con los que concedió Sebastián Piñera.
«Me parece que si es escandaloso, la reducción de muchas condenas para permitir que genocidas salieran antes, la concesión de indultos por motivos no suficientemente claros, me parece que eso hubiera ameritado una respuesta pública mucho mayor», afirmó a El Ciudadano.
Asimismo, ofreció su opinión sobre cuáles deberían ser los puntos a tomar en cuenta si se llega a plantear una reforma la normativa que rige el proceso de los indultos
«Me parece que debería contemplar una limitación de facultad y limitarse el tipo de delitos por los que se puede dar o no un indulto, y en todo evento, esta reforma debería considerar aquellos límites que impone el derecho internacional, y derechamente prohibir o limitar fuertemente toda forma de indulto para condenados por hechos que conforman el derecho internacional o constituyen crímenes de lesa humanidad, o genocidios o crímenes de guerra», cerró
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