Gabriel Salazar: El proceso constituyente de Bachelet “es una trampa”

El proceso constituyente impulsado por la presidenta Michelle Bachelet “es un ‘procedimiento’ que abre una consulta paternalista hacia la ciudadanía: se le dan unas cuantas clases y se le pide su opinión, pero se dejan las decisiones definitivas al Congreso Nacional”. Es lo que señala el destacado historiador Gabriel Salazar, en entrevista con El Ciudadano.

Como es ampliamente sabido, Gabriel Salazar (1936) es uno de los historiadores sociales más prolíficos del país. Estudió en el Liceo de Aplicación y luego en la Universidad de Chile donde, además de Historia, se tituló en Sociología y Filosofía. Fue ayudante de Mario Góngora, uno de los historiadores chilenos más importante del Siglo XX.

Tras el golpe militar fue secuestrado y torturado en Villa Grimaldi. En 1976 partió al Reino Unido donde se doctoró en Historia Social y Económica (Universidad de Hull). Volvió a Chile en 1985, año en que publicó su obra cumbre Labradores, peones y proletarios. Desde entonces no ha parado de investigar, escribir y publicar, convirtiéndose en una de las voces más escuchadas y autorizadas del debate politico en Chile.

Salazar estima que “la mayoría de los políticos chilenos está refractario hoy a una Asamblea Constituyente, ciudadana, libremente electa y libremente deliberada. Por tanto, el ‘poder constituyente’, es decir: la soberanía, se dejará en manos de un conglomerado de sujetos que tiene hoy un 97% de rechazo ciudadano, según todas las encuestas. Es decir: es una trampa”, asegura.

¿Qué desafíos impone al movimiento ciudadano y popular la «hoja de ruta» de Bachelet, en consideración del peligro que supone los mecanismos institucionales anunciados y teniendo en cuenta que todas las constituciones han sido manipuladas por la clase gobernante, privando al pueblo de la construcción participativa una constitución que lo represente? –le consultamos.

La ciudadanía y la clase popular están, desde hace dos o tres años, impulsando un proceso de ‘deliberación por la base’, a través de diversos tipos de asambleas locales. Las hay a lo largo de todo Chile, y se están auto-educando para ejercer por sí mismos el poder constituyente. Pero es un proceso lento, profundo y poderoso. Por tanto, ante la propuesta constituyente (tramposa) de los políticos, cabe pronunciar un ruidoso rechazo, agudizar la crítica y darse tiempo a sí mismo para concluir, adecuadamente, ese proceso de deliberación por abajo, ¡al tranco del pueblo!

Recapitulando

El 13 de octubre la presidenta Michelle Bachelet die el puntapié inicial al “proceso constituyente” con que busca reemplazar la actual Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, en 1980.

En cadena nacional de radio y televisión, realizada desde La Moneda, la mandataria expuso los fundamentos de su decisión. “La actual Constitución tuvo su origen en dictadura y no responde a las necesidades de nuestra época, ni favorece a la democracia. Fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”.

Tras hacer mención que desde el regreso de la democracia, en 1990, se le han introducido cambios importantes “que han atenuado su carácter autoritario”, afirmó que de todos modos “aún tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la democracia y que no pueden ser eliminados con nuevos intentos parciales”.

Tras este enunciado, Bachelet propuso una hoja de ruta que dejó conforme al establishment dado que otorga un rol central al actual Congreso Nacional, que fue elegido a través del antidemocrático sistema electoral binominal y que goza de una gran antipatía en la población.

De acuerdo al anuncio Presidencial, ya no será bajo su mandato (2014-2018) en que se sancione la nueva constitución, sino que será el próximo Presidente y el nuevo Congreso Nacional, surgidos de las elecciones de noviembre de 2017, los que tendrán la última palabra.

El proceso constituyente impulsado por Bachelet partía el pasado mes de octubre. Comienza con una campaña de educación cívica, que se extenderá hasta marzo de 2016. En ese mes principiarían los “diálogos ciudadanos”, que se realizarán primero a nivel de las comunas, pasando por provincias y regiones, para concluir en una “síntesis a nivel nacional”. Esta síntesis se traducirá en lo que la Presidenta definió como “las bases ciudadanas para la nueva Constitución”, que le será entregada a ella en octubre de 2016.

Con la pretendida finalidad que este proceso “sea libre, transparente, sin distorsiones ni presiones de ningún tipo”, será supervisado por un Consejo Ciudadano de Observadores, nombrado por Bachelet e integrado por “ciudadanos de reconocido prestigio”, según ella aseguró.

A partir de dicha “síntesis”, la Presidenta y sus asesores elaborarán un proyecto de nueva constitución, que será ingresado al Congreso Nacional el segundo semestre de 2017, en plena campaña presidencial y parlamentaria.

Según sostuvo Bachelet, este proyecto constitucional recogerá “lo mejor de la tradición constitucional chilena” y será coherente “con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”.

En consideración que la actual Constitución no contempla un mecanismo para ser reemplazada, a fines del 2016 el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional en que se propondrá al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, por una mayoría de tres quintas partes, de entre cuatro alternativas, la forma de aprobación de la nueva Constitución.

Estas opciones son: una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; una Asamblea Constituyente;  o un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas.

La definición del mecanismo recaerá en el nuevo Congreso, que será elegido en noviembre de 2017, con un nuevo sistema electoral –más democrático que el actual binominal- y con nuevas leyes de partidos y de financiamiento electoral, “por lo que estará dotado –expresó Bachelet- de mayor legitimidad, representatividad y transparencia”.

Es importante señalar que el actual debate constituyente se da en momentos de gran desprestigio de las principales instituciones del país y de agotamiento del modelo económico y político consagrado en la Constitución de 1980.

Según una encuesta nacional de la consultora Cadem –dada a conocer el 18 de octubre- un 71 por ciento de la población está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución y un 62% respalda la idea que el plebiscito es el mecanismo más adecuado para la definición del mecanismo.

Un estudio demoscópico de la Fundación Chile 21 –de octubre- afirma que un 69% de los chilenos apoya la asamblea constituyente. Un reciente estudio de Adimark sitúa ésta cifra en un 62%.

@amigopancho