En medio del escándalo por el caso de la fundación Democracia Viva, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una comisión técnica para abordar la relación entre las fundaciones y el Estado, la cual deberá presentar propuestas al respecto en un plazo de 45 días.
«Hemos decidido convocar a un grupo técnico de trabajo de carácter transversal para abordar la relación entre las fundaciones privadas sin fines de lucro y el Estado, sobre la base de los principios de la transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas», comunicó el Mandatario a través de sus redes sociales.
«Esta comisión deberá hacer propuestas en un plazo máximo de 45 días, para mejorar desde ya la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, y con ello, la calidad de vida de las personas», agregó Boric.
Los integrantes de la denominada Comisión ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado son Valeria Lübbert, María Jaraquemada, Ramiro Mendoza, Ignacio Irarrázaval, Jeannette von Wolfersdorff y Francisco Agüero.
En ese sentido, desde el mundo político, social y ciudadano hubo críticas por la presencia en la comisión de Ramiro Mendoza, ex contralor y actual presidente del Colegio de Abogados de Chile.
Esto, debido a una denuncia realizada por una ex funcionaria de Contraloría, quien aseguró que Mendoza anuló un sumario en Carabineros tras una reunión con el Director General de la institución, acción que, eventualmente, podría haber detectado el millonario fraude conocido como «Paco Gate».
Posteriormente, se supo que el documento «desapareció» después de la citada reunión, motivo por el cual Mendoza fue citado a declarar ante el fiscal regional de Magallanes, al igual que la ex subcontralora Dorothy Pérez y el ex director general de Carabineros, Eduardo Gordon. Todo, en el marco de la investigación por este desfalco que superó los 35 mil millones de pesos.
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