En la jornada de ayer el gobierno hizo efectivo el retiro de la querella en el marco de la ley Antiterrorista contra los comuneros mapuche Alfredo Tralcal y los hermanos Pablo, Ariel y Benito Trangol, en el marco del denominado «Caso Iglesias».
A través del abogado de la Intendencia de La Araucanía, Javier Ruiz, se hizo oficial ante el Juzgado de Garantía de Temuco lo que ya había anunciado el ministro del Interior, Mario Fernández para poner fin a la huelga de hambre de 117 días que llevaron adelante los comuneros y que se tomó en conjunto con la Presidenta Bachelet tras reunirse con la madre de los hermanos Trangol y que, además, significó una crisis en el gabinete, producto de la supuesta molestia del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
El fiscal que investiga la causa, César Schibar, indicó que “no nos entorpecen las actividades desarrolladas por otros intervinientes. Tenemos la convicción, en base a los elementos de prueba, que este hecho, por el cual han sido acusados los imputados, tiene carácter terrorista”.
Mientras que Pablo Ortega, abogado de Benito Trangol, sostuvo que la modificación de la calificación terrorista “trata de adecuar los hechos a lo que realmente son. Es decir, es un delito grave, pero de la legislación común. Creemos que no sólo el gobierno ha escuchado el llamado dramático de la familia de los huelguistas, sino también de los organismos internacionales”.