Gobierno de Boric, balance al cumplir dos años

Por Hugo Fazio

En estos días, concretamente el miércoles próximo, se cumple la mitad del periodo de gobierno de Gabriel Boric. El balance no es favorable. La economía, por un largo tiempo, a lo menos durante un año, si nos basamos en el Imacei Cenda, que nos proporciona mensualmente Manuel Riesco, que es un verdadero censo ya que descansa en la información del conjunto de la población mayor de 16 años, estuvo durante 2023 varios meses en recesión. En una economía irracionalmente abierta, como la chilena, siempre el ciclo económico estará muy influido por lo que acontece a nivel global. Como se demuestra, en estos días, por la evolución de la cotización del cobre o de la economía china, el principal mercado para las mercancías del país, o la paridad del dólar en los mercados cambiarios, que inciden en su trayectoria. El efecto cambiario se volvió a expresar al comienzo de 2024 con el incremento de la paridad cambiaria en más o menos cien pesos, debido a la variabilidad que se produce en las expectativas de los agentes económicos comparando la evolución de las tasas de interés en EEUU y Chile. En cuanto al ciclo del país, hay momentos en que golpean con particular fuerza factores internos, como aconteció durante el periodo analizado del gobierno de Boric, por las políticas impuestas de ajuste monetarias y fiscales.

Si estas políticas son factores que han impulsado el estancamiento o la recesión obviamente hay que ponerles fin lo antes posible y no seguir aplicando recetas contractivas, como es tener durante varios meses tasas de interés superiores a la neutral. Esta necesidad resulta tan evidente que en la encuesta mensual de febrero de la consultora Consensus Forecast, a analistas, bancos de inversión, y departamentos de estudios especializados, el 89% de las respuestas fue que el nivel de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central sigue siendo “muy restrictiva” (29/02/24). Su nivel está hoy en 7,25%, cuando la neutral el instituto emisor la estimó en 4%. La próxima reunión donde se decide su monto está fijada en abril. Por su parte, la reunión de la Reserva Federal de EEUU, que es una variable utilizada para su determinación, es el 20 de marzo. El tema no es menor, significa la necesidad, cuando se enteró la mitad de la actual administración, de cambiar de política, salirse de la de “ajustes”, propender activamente a la reactivación, utilizar plenamente las atribuciones del Ejecutivo, para lo cual es imprescindible el apoyo ciudadano, y no vivir en función de lograr mayorías en el Congreso, que obviamente se precisan para la aprobación de leyes.

El Banco Central, cuya existencia según sus panegiristas era la que explicaba la existencia de tasas de inflación bajas, claro que nunca decía que esos niveles correspondían a procesos mundiales, durante 2023 llevó la tasa de interés de política monetaria a niveles extraordinariamente elevados, generando en el año un cuadro de estanflación, estancamiento o recesión con inflación. Y la mantiene hasta el día de hoy a niveles contractivos. Su Comité Ejecutivo, presidido por Rosanna Costa, proveniente debe recordarse del udista Instituto Libertad y Desarrollo, fue nominada en esa alta función en una decisión adoptada de común acuerdo por Gabriel Boric y Sebastián Piñera, que hizo recordar la efectuada por Ricardo Lagos, de uno de los principales exponentes del pensamiento neoliberal en el país, Vittorio Corbo, columnista permanente del diario El Mercurio. El Consejo del Banco Central -designado anti democráticamente caso a caso por el Senado a propuesta del presidente de la República-, permite que se mantenga una correlación política similar que en la actual coyuntura privilegió llevar el país a la recesión, como política de reducción de la inflación, objetivo que lograron. 

La política monetaria contractiva no se impulsó solo a través de las tasas de interés, sino también por una restricción de la liquidez. El Banco Central dio a conocer que la denominación del dinero conocida como M1, que corresponde a los recursos en poder de las personas más los depósitos en cuentas corrientes y a la vista en el reciente mes de enero experimentó una disminución de 0,6% si se compara con enero de 2022, acumulando ya doce meses en una fase descendente. Eso sí se trata del menor porcentaje mensual de baja. El nivel absoluto de la cantidad de dinero se encuentra por debajo del de pre tendencia y de la pandemia, siendo uno de los factores que incidió en el nivel de actividad de 2023.

Paralelamente tuvo lugar, bajo la dirección de Mario Marcel, el ajuste fiscal. La recesión económica conduce a la caída de los ingresos fiscales, que son proporcionales al nivel de actividad económica. Al mismo tiempo, se produjo una reducción en la cotización de numerosas materias primas que el país exporta, entre ellas el cobre y el litio, disminuyendo también los ingresos públicos lo cual incide en limitar el gasto público, cuyo incremento es muy importante para sacar al país de la recesión, dado que es un componente de la demanda interna con efecto multiplicador, es decir varía más su incidencia en el monto en que aumenta o se reduce. Pero, el nivel del gasto queda limitado por el compromiso tomado por el Gobierno al inicio de su gestión que el nivel máximo de la deuda pública no puede superar un porcentaje del PIB.

El viernes 27 de febrero se dio a conocer el Imacec de enero, que tuvo un día hábil más que en 2023 y actuando con extraordinaria volatilidad no presentó el cuadro negativo de noviembre y diciembre. Creció en términos interanuales un 2.5%, su mayor incremento desde junio de 2022 cuando lo hizo en 3,4%. Todos sus indicadores sectoriales anotaron mejoramientos. El comercio, luego de descender durante veinte meses consecutivos, registró un aumento del 3,9%, La producción industrial de 3,6% interanual, el porcentaje más alto desde marzo de 2021, y en ella la manufacturera en 6,5%. La minería en 1.1%, Y la de electricidad, gas y agua en 1,4%.

En términos desestacionalizados, que se comparan con el mes anterior, el Imacec creció en 1,73%. Su mayor alza desde agosto de 2022, después del retroceso experimentado en diciembre de 1,04%. Igual que en el indicador anualizado todos los sectores anotan avances, encabezados por la minería (6,1%) y las actividades de servicios (1%).

Inmediatamente surgió la discusión si se había modificado o no la tendencia. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “sitúa a la economía en muy buen punto de partida para 2024, reafirmando algo -añadió- que nosotros venimos señalando algo desde ya hace algún tiempo y es que el 2024 va a ser un año de crecimiento”. Hubo, desde luego, otras conclusiones. Hermann González, de Clapes UC, consideró que “hay un aumento de la actividad que es más generalizado. Pero creo que es muy pronto para ver si esto cambia la tendencia hacia fin de año. Hay mucha volatilidad en las cifras mensuales, creo que llevará a un crecimiento leve en las estimaciones de crecimiento de consenso. Pero falta información para saber si hay un cambio de tendencia y el dato de enero se enmarca en un contexto de estancamiento de la economía que se extiende por casi dos años y que con este dato aún no se supera dentro del crecimiento esperado para el año en torno al 2%”. Carolina Grunwald, economista de MBI Inversiones, recuerda que con estas cifras “recién hemos vuelto al nivel de actividad de fines del año 2021 y que la base de comparación de 2023 es baja” (02/03/24). A ello debe agregarse que enero de 2024 tuvo un día hábil más que el año anterior. Lo que resulta indiscutible, y es reforzado por las comparaciones es la necesidad de poner fin a las políticas de ajuste monetarias y fiscales.

Mirado desde otro ángulo. Si se considera que cada punto de crecimiento origina ingresos de US$800 millones, 2,5% generarían US$2.000 millones, monto inferior al gasto público que deben financiarse. Disminuiría, pero no eliminaría el déficit a producirse.

Por su parte, Alejandro Werner, exdirector del Departamento del hemisferio occidental del FMI y actualmente director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown, concordó cuando se le preguntó sobre la situación de la economía chilena, que coincide con que en el corto plazo las perspectivas que avizora para Chile “seguirá siendo modesta. Todavía veo que la falta de inversión por varios años sigue siendo un elemento que retrasa la recuperación más activa de la economía chilena” (03/03/24).

La Comisión para el Mercado Financiero entregó los datos operacionales de la banca correspondientes al 2023, año en que se produjo una disminución en el saldo de colocaciones de 1,3%, y utilidades con una caída interanual de 20,7%. A su juicio, el menor resultado es consecuencia de una disminución en términos reales, en el margen de intereses y reajustes y mayores impuestos. Fue la segunda contracción anual consecutiva de la actividad crediticia.

”Estas cifras reiteran -manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Bancos, José Manuel Mena- la prolongación del ciclo negativo del crédito, caracterizada en la caída más profunda y persistente de los últimos treinta años”. Los registros del gremio establecen que se enteraron 42 meses consecutivos en diciembre consecutivos sin recuperar una senda de crecimiento. La trayectoria del crédito, normalizado por el nivel de actividad de cada país, muestra que Chile ha estado permanentemente en la cota inferior de la muestra, y acumula la mayor caída en la actividad crediticia. Incluso desde noviembre de 2022 a la fecha queda por debajo del rango promedio de América Latina.

En cuanto a la morosidad de noventa o más días, de acuerdo a las cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) creció al cierre de 2023 a 2,15% de las colocaciones totales. Porcentaje que en enero subió a 2,20%, las de consumo a 2,99% y las comerciales a 2,25%. Su nivel más elevado desde hace una década, en que la CMF comenzó a llevar este registro, en marzo de 2014. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, calculó que en doce meses el alza de las colocaciones totales fue de 41 puntos base. Agregando que, desde una perspectiva histórica, las relaciones entre las colocaciones y el crecimiento económico, la cual permite medir la profundidad del mercado financiero, que había registrado una tendencia creciente desde 2003 hasta el inicio de la pandemia, continúa revelando un desvío significativo, el desacople continúa aumentando, ubicándose trece puntos por debajo de la tendencia proyectada (01/03/24).

Al enterarse dos años de gestión, el Gobierno está muy lejos de cumplir con muchas de las promesas programáticas contraídas e incluso de compromisos concretos ofrecidos, como se demuestra con el cierre de Paipote, que debería haber tenido lugar cuando ya estaba en marcha la nueva fundición. Sin embargo, se detalla el plan a seguir después de su cierre. Otro tanto sucede con poner término al Crédito con Aval del Estado (CAE), que, siendo un tema relacionado con el presupuesto fiscal, no se analiza cuando está en discusión el presupuesto, sino se destinan los análisis efectuados a diferentes cálculos tratando de mostrar su imposibilidad por el gasto fiscal que supondría.

La excepción la constituyen las decisiones adoptadas en relación al litio, en que se actuó utilizando las atribuciones que tiene el Ejecutivo y sin recurrir al Congreso, en un proceso que aún está en desarrollo. No hay otras transformaciones de tipo estructural que se hayan enfrentado. Bien, se puede hablar, como hicimos con relación al gobierno de Patricio Aylwin, de “programa abandonado”. La respuesta adecuada es la movilización ciudadana para obtener los avances prometidos.

Se cometió el error de condicionar compromisos adquiridos en el programa a obtener de un Congreso, en que es minoría, inicialmente los ingresos fiscales que proporcionaría la reforma tributaria, cuando la experiencia internacional y nacional muestran que las transformaciones fundamentales que se busca producir deben darse al comienzo de las respectivas administraciones, estando en una etapa ascendente y contando con un activo respaldo ciudadano, tema este último que es clave. Llegando a formulaciones, como la de David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, de responsabilizar del aumento de la desocupación a las leyes de reajuste del salario mínimo y a la ley qué bajó a 40 horas la jornada laboral. Ante todo, lo principal para disminuir el desempleo es terminar con la recesión.

El Imacei Cenda de febrero con cifras de noviembre también nos revelan, los datos a diciembre los conoceremos en una semana más, el crecimiento de las tasas de desempleo, que en noviembre-enero el INE constató que han aumentado durante quince trimestres móviles consecutivos. 

Las cifras del sistema previsional que constituyen un censo de las usualmente expresadas como proporción de la población total mayor de 16 años, nos dice el Imacei, son seguidas internacionalmente como la medida más precisa de los empleos disponibles en la economía, comparadas con las encuestas que reflejan el empleo del mes anterior. Ellas nos muestran que las ocupaciones asalariadas con contribuciones previsionales totales, en noviembre de 2023 disminuyeron en 176.000, un 2,8% comparadas con el mismo mes de 2022., tras perder la economía 130.000 ocupaciones en octubre, 104.000 ocupaciones en septiembre, 102.000 en agosto, 77.000 ocupaciones en julio, 64.000 en junio. Varios miles en mayo, y otros 192.000 empleos en abril, comparadas con los mismos meses de 2022. Las caídas de noviembre y de abril son las peores en registro, más agudas que las experimentadas durante la crisis “subprime” y sólo superadas por las mayores caídas mensuales durante las crisis “puntocom” y la “COVID”. Han sido consecuencia de las políticas monetarias y fiscales con las que se propusieron literalmente “frenar la economía a palos”, como declaró un expresidente del Banco Central.

Por otra parte, el 8 de marzo, se cumple un año desde que la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar, en un hecho poco común, la tramitación del proyecto de reforma tributaria. En su cuenta anual de 2023, el presidente Gabriel Boric, intentó que se reanudase el proceso de su promulgación en el Senado, para ello trató infructuosamente de llegar a un acuerdo con los parlamentarios de derecha y con el gran empresariado. Para lograr la aprobación, además, se requería un quórum particularmente elevado. Entonces levantó la consigna de un pacto fiscal, que nunca fue tal porque la derecha jamás estuvo por suscribirlo, a pesar de las numerosas concesiones que se le otorgaron, dado que acordó no aprobar nuevos tributos, menos si se gravaba a grandes intereses económicos, como se buscó inicialmente.

La directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, una de las universidades de la “cota mil” que expresa la visión de las políticas de ajuste, la resumió en la afirmación del Ministerio de Hacienda, de demandar ‘’recursos adicionales a los privados”. ¿Para qué, se preguntó?, ¿Seguir aumentando el gasto en funcionarios y reducir la inversión pública? ¿Y dónde queda la parte del crecimiento del llamado “Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal? En 2023, el gasto de capital del gobierno representó un 3,5% del PIB, a 64.000 millones, “bastante por debajo de las cifras históricas”.

Sin acuerdo con la derecha, se presentó a la discusión una nueva iniciativa, que en la práctica son a lo menos dos, una que establece disposiciones para reducir la evasión y la elusión, con el cual espera recaudar el equivalente de 1,5% del PIB, de los 2,7% del total que considera necesario para financiar todossus requerimientos delgasto y otra de gravámenes a la renta. Con ello se pretende, en primer lugar, disponer de recursos para elevar a $250.000 la Pensión Garantizada Universal, ya que el 1,2% del monto que se pretende recaudar tendría como objetivo central este propósito. Las disposiciones para incrementar las medidas contra la evasión y la elusión, después de los escándalos tributarios que han estallado durante el año, como el caso Hermosilla y la denuncia en lo que se denominó el “mayor fraude tributario de la historia”, muestran que avanzar en esta dirección es más necesario que nunca. Las cifras entregadas por el Servicio de Impuestos Internos hablan de que por conceptos de evasión y elusión el país estaría dejando de percibir 6,5 puntos del PIB. 

En ambos proyectos, el tributario y el previsional se busca, como ha sido una constante del Ejecutivo, contar con el apoyo de la derecha. Sin embargo, ellos no se encuentran entre las prioridades legislativas de sus parlamentarios, menos aún después del ascenso en votos del Partido Republicano, que está en general, como quedó claro en sus formulaciones durante proyecto de reforma constitucional, por disminuirlos. El diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum, consultado al respecto, ni siquiera las mencionó. Contestó que sus prioridades son: “frenar la delincuencia, el tema migratorio deberá resolverse pronto, junto con los temas de desarrollo económico y crecimiento, esa es una gran prioridad” (26/03/24).

El diario “El Mercurio” hace una semana constató que “doce meses después” del voto negativo del proyecto anterior, “el Ejecutivo se enfrenta a argumentos en contra que se mantienen frescos. Entre todas las ideas que se discutieron en las más de cincuenta reuniones que convocó la cartera -añadió-, la necesidad de aumentar el impuesto a la renta carece de consenso en la oposición y en partidos de centro, como la DC” (27/02/24). Sin embargo, en una reunión con los partidos políticos presidida por Diego Riquelme, coordinador de política tributaria del ministerio de Hacienda, considerada por Marcel solo como una “parte del pacto fiscal que es un proceso de diálogo” y que, por tanto, no constituía una propuesta se habló de subir la tasa del gravamen a partir del cuarto tramo de ingresos cuya renta anual se ubica entre 50 y 70 unidades tributarias anuales de $3.210.000 a $4.495.000, desde el actual 13,5% a 16%. quedando la tasa efectiva en 7,8%. El diputado Eric Aedo, jefe de la bancada falangista, reiterando el apoyo a que se eleve el impuesto a las personas de mayores ingresos, expresó que ello debería partir de “en torno a $5 millones para arriba” (01/03/24). Es necesario recordar que, al mismo tiempo, el proyecto reduce el impuesto a las utilidades de las empresas en dos puntos. Por lo tanto, el criterio con que se propone el proyecto es reducir los impuestos a las empresas, incrementando el que se aplica a las personas. Al mismo tiempo, se hablaba de algunas medidas con beneficios para los sectores medios.

La propuesta tributaria efectivamente realizada tiene como uno de sus aspectos centrales la creación de la figura del denunciante anónimo. Otra las nuevas normas antielusión sería una nueva ventana que permita repatriar capitales, la reducción del impuesto de primera categoría y su reemplazo por alzas en los impuestos a los ingresos personales, además de eliminar exenciones tributarias, lo cual permitiría recaudar un monto equivalente al 0,6% del PIB, en relación con lo cual los parlamentarios de derecha insisten en rechazar cualquier incremento tributario para lograrlo y que los recursos que se requieren deberían lograrse vía medidas que impulsen el crecimiento y reduzcan las muy elevadas tasas de desempleo.

Al finalizar febrero, el ministerio de Hacienda propuso revisar siete exenciones tributarias, tomando como base las recomendaciones entregadas por la comisión creada con este objetivo el año 2021 por Ignacio Briones, con las cuales generaría adicionalmente un 1,1% del PIB: aumentaría el impuesto único a las ganancias de capital por la venta de acciones, que en 2022 se fijó en 10% para financiar la Pensión Garantizada Universal; se limitan beneficios tributarios al sector financiero; se gravaría con impuestos de primera categoría las utilidades que generan los fondos de inversión pública, con excepción de aquellos que acrediten enfocarse en capital de riesgo y también limitar la deducción de intereses por créditos hipotecarios a solo un préstamo; también reduciría los topes para acceder al régimen de renta presunta; y la exención que se aplica por los arriendos DFL 2. Junto con revisar la tributación del impuesto específico al diésel.

Al mismo tiempo, el Gobierno busca avanzar en el regresivo proyecto de reforma previsional, que al igual que en el tributario se hacen esfuerzos desesperados para concordar con la derecha. “La ciudadanía no entiende -criticó el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social- cuál es la posición del gobierno, porque es como que el gobierno solamente está buscando un acuerdo”. Pareciera que “lo que empuja este gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo. El gobierno -concluyó- ha cometido un error en su afán de acuerdos. Hemos fallado en nuestro rol de dar una batalla ideológica. Yo hago la autocrítica y creo que en el segundo tiempo del gobierno también tiene que asumir un rol en el despacho de las ideas y también el gobierno tiene que asumir un rol en la disputa de las ideas, porque si no va a perder todo porque por el otro lado la Asociación de AFP está gastando millones en convencerla de lo contrario” (02/03/24).

Su carácter regresivo se demuestra a lo menos por tres causales. Primero, porque sin que sea necesario para mejorar las pensiones se aumentan las cotizaciones previsionales en seis puntos, llegando a más o menos un 18%. Se pretendió justificar este mayor ingreso señalando que ello sería de cargo de los empleadores, cuando es conocido que cualquier aumento del salario bruto, considerado por los empleadores como un costo termina siendo cancelado por los trabajadores. Resulta incomprensible que la Central Única de Trabajadores apoye una iniciativa de esta naturaleza. Segundo, porque el incremento de la cotización no se destina a beneficiar a los trabajadores y sus cargas sino se entrega, de acuerdo a lo que Marcel considera el eje de la iniciativa, al mercado de capitales, para ser utilizados, en lo fundamental, por el gran empresariado. Ello debería dar lugar a exigencias y manifestaciones de los trabajadores exigiendo el cambio de destino de los recursos. Tercero. Como consecuencia de lo anterior el pago de las pensiones se hace con fondos públicos, repercutiendo en el déficit fiscal y en la deuda pública.

“Los beneficios previsionales en Chile -señala el Imacei Cenda de febrero 2024 que contiene la información de noviembre- son pagados y financiados, directamente y en su mayor parte, por el Estado. El Instituto de Previsión Social (IPS) cancela más de medio millón de pensiones del antiguo sistema de seguridad social, y más de 2,4 millones de beneficios que incluyen más de 660 mil pensiones no contributivas, antes denominadas “básicas solidarias”, y más de un millón y medio de complementos a las pensiones contributivas de todo el sistema, además de unas cien mil pensiones de reparación, gracia y otras. Aparte, las cajas de la defensa, CAPREDENA y DIPRECA pagan cerca de un cuarto de millón de pensiones.

El gasto nacional en pensiones alcanzó en Chile a poco menos de US$18.000 millones en los 12 meses a diciembre de 2023 al cambio de $878 registrado ese mes, equivalente a 5,7% del producto interno bruto (PIB), de los cuales el Estado aportó el 88%, destinando a ello poco más de un quinto de los ingresos fiscales totales, incluyendo subsidios directos que cubren más dos tercios de las pensiones pagadas por el sistema AFP. El aporte fiscal total alcanzó en diciembre de 2023 a cerca de US$16.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, cifra que creció más o menos el 15%, incluyendo los subsidios directos al pago de pensiones AFP que crecieron 22%, respecto de un año atrás”.

“El costo total de las pensiones pagadas por el sistema AFP -continua el Imacei Cenda- desde su creación en 1981 ha sido financiado en un 60% por subsidios fiscales directos, incluyendo más de 64% de las pagadas en los últimos doce meses a diciembre de 2023 y un 68% de las pagadas en ese mes. Los subsidios fiscales directos al sistema AFP, especialmente bonos de reconocimiento, superaron ampliamente el gasto en pensiones durante la primera década y media de funcionamiento de dicho sistema, bajaron hasta un tercio del mismo, después que aumentaron fuertemente con la introducción de la PGU en 2021, incluyendo una expansión de 22% en los últimos 12 meses, que considera un 52% de aumento en los subsidios a las pensiones pagadas por compañías de seguros”.

Es útil conocer la historia de las AFP, desde 1981 cuando fueron creadas durante la dictadura y funcionaron el primer tiempo con fuerte presencia de los grupos que en ese tiempo constituían lo que podemos denominar la “oligarquía financiera de esos años”, conformada por los grupos de Javier Vial y Manuel Cruzat-Fernando Larraín, hasta nuestros días^[1]. En 2023, los estados financieros de las siete AFP establecen que sus ganancias aumentaron en comparación con el 2022, en 17%, al totalizar $542.695 millones, como resultado explican el aumento en los ingresos por comisiones, que crecieron en 9%, hasta $1.073,957 millones. La empresa que más vio crecerlas fue Modelo, un 58,5%. Provida explicó que los mayores ingresos se debieron a “las mayores comisiones por cotizaciones obligatorias cobradas por $19.652 millones (19,3%), producto de las mayores rentas de los cotizantes” (02/03/24).

Resulta increíble que durante los numerosos casos en que ambos proyectos se han considerado paralelamente por el Ejecutivo y el Parlamento nunca se considerase la relación muy evidente entre ambas iniciativas, cuando una genera ingresos fiscales y el otro déficit y si se pone fin al carácter que tiene la previsional se contaría con recursos por un monto superior al buscado en las iniciativas tributarias presentadas al parlamento. Por ello, el directorio del Cenda envió una carta abierta a las comisiones parlamentarias donde radica en este momento la discusión de los proyectos, sugiriendo que se consideren de conjunto ambas iniciativas.

¿Cómo es posible que un proyecto de carácter claramente regresivo sea promovido por un Gobierno con el programa que se comprometió a cumplir? Peor aún, por una ministra del Trabajo comunista, que dedica gran parte de sus esfuerzos a obtener él acuerdo con la derecha. Que positivo habría sido una ministra del Trabajo llevando adelante junto con el movimiento social la reforma previsional que se requiere junto con las organizaciones sociales destinando todas las cotizaciones para el objetivo que se crearon y no destinándolas al servicio del capital y a la coalición de Gobierno actuando en la misma dirección. ¿Hasta cuándo se mantendrá el grave costo para el país que se mantenga el absurdo de mantener con gasto público el gasto previsional si terminar con este sistema generaría más recursos que lo demandado con medidas tributarias? Y se continúe sin enfrentar en forma directa la relación entre los dos proyectos.

Por ello, que la exigencia a realizarse es poner fin a los mecanismos utilizados en las leyes previsionales, como destinar un porcentaje elevado de las cotizaciones efectuadas al mercado de capitales, y no para el propósito con el que fueron establecidos y se permita, como plantea la demanda promovida por el masivo movimiento de No más AFP y la Municipalidad de Recoleta, que respetando la voluntad de elegir, se puedan trasladar los fondos desde las AFP al Instituto de Previsión Social, lo cual automáticamente mejoraría el monto de las pensiones y jubilaciones, terminando con la incongruencia que las pensiones sean de cargo fiscal. Ello para ser factible exige un gran respaldo de masas y presionar para que se lleve a cabo. De actuar de esta manera, un gobierno debilitado se fortalecería.

Públicamente no se conoce que al interior del Ejecutivo existan criterios diferentes planteados. En su funcionamiento predomina, como lo ha señalado el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, la lealtad plena con lo acordado por el presidente, cuando la lealtad se expresa en plantear lo que se piensa para sacar adelante el programa comprometido. Por lo tanto, no se puede respaldar un proyecto en que recursos entregados por los trabajadores sean utilizados para financiar al capital.

De la reforma tributaria se tramitó separadamente el royalty minero, utilizando un proyecto que ya se encontraba en trámite parlamentario cuya aprobación fue concordado con los grandes empresarios del sector se ha presentado como un hecho positivo dado que aumentó en algo los ingresos públicos y destinó parte de estos recursos, medida que contó con respaldo generalizado a zona de explotación minera. Dejándose de lado la aberración que el país exporte fundamentalmente concentrados, y no incorpore el envío del recurso primario con mayor valor agregado. El mundo conoce la valiosa experiencia de Indonesia, que dio un plazo después del cual se estableció la prohibición de exportar concentrados, Además, el royalty aprobado estableció un techo. De manera que si se superase el techo el diferencial a alcanzarse sería de la empresa exportadora.

El 23 de febrero, Enami cerró la Fundición Hernán Videla Lira de Paipote, antes de la fecha en que se había convenido efectuarlo. El problema principal no fue ese, sin embargo, sino que no se puso en marcha previa a su cierre su reemplazo, en un país con un gran retraso en avanzar en este sector, que dedica todos los esfuerzos a exportar el metal rojo en las formas más primarias. La determinación se adelantó porque se quedaron sin concentrados para seguir el proceso de fundición, luego de dejar de pagar a sus principales proveedores. 

Al revisar los resultados obtenidos en los ejercicios de la última década, todos los años, solo en uno de ellos no se registran pérdidas. Al finalizar el tercer trimestre, en 2023, ascendían a US$129 millones, cerca de tres veces superior al mismo lapso del año anterior. Su deuda llegaba a cerca de US$500 millones, con vencimientos de cerca del 80% en el corto plazo. La fundición es una de las más antiguas y contaminantes del país. El proyecto de la nueva fundición de origen chino, con una inversión de US$1.400 millones, y una capacidad de procesamiento de 850.000 toneladas de cobre anuales recibió la solicitud de rectificaciones y ampliaciones. 

Atacama es una región particularmente golpeada, enfrentada a una profunda crisis regional, que debe enfrentarse como tal. En 2023, por los problemas de funcionamiento de los Servicios de Educación Pública, se produjo una paralización docente de 83 días, que como era inevitable experimentó los peores números de la PAES a nivel nacional. En la víspera del nuevo año escolar, el último día de febrero, el presidente regional de los profesores, Carlos Rodríguez, manifestó que con los antecedentes recibidos de sus miembros y lo “incumplido” nos lleva a llamar a votar por el paro”. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sostuvo que “el Gobierno tendrá que dar muchas explicaciones respecto de por qué habiéndose firmado compromisos al más alto nivel en noviembre esto no se ha cumplido”. Mientras tanto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, recalcó que “la gran discusión es la infraestructura y son procesos complejos que requieren tiempo. Entonces se ha ido cumpliendo, ha habido retraso, eso es evidente lo hemos reconocido. Las seis líneas de intervención se encuentran adjudicadas, una parte importante de las obras ya se inició, que son obras de mantenimiento que son menores, las que no toman grandes extensiones de tiempo”. 

Al día siguiente, después de la reunión realizada por la comisión de Educación del Senado, donde se constató la magnitud de la crisis, la situación se agravó, Carlos Rodríguez dio a conocer que se iniciaría una huelga de hambre, dando como razón el retraso de las obras. Atacama enfrenta una crisis regional profunda, que es necesario enfrentar en su integridad. Pero, al mismo tiempo, sus problemas fundamentales son nacionales y forman parte de los problemas estructurales no enfrentados. Es el caso de la crisis que afecta al Servicio de Educación Pública (SLEP) y que volvió a expresarse en la determinación del profesorado de Lota de paralizar también el lunes 5 por el no pago en el sector de unos 48 trabajadores del Departamento de Educación Municipal. Por su parte, el ministro Cataldo igualmente constató que al comenzar la próxima semana no se reiniciarían todas las clases. El cierre de Paipote es la confirmación del carácter nacional de la crisis en el sector de fundiciones y refinerías, que no mucho tiempo antes se había expresado en la Refinería de Ventanas, pero cuyo enfrentamiento concreto no se produjo, así como todo el tema de las exportaciones sectoriales, del cual ya hicimos mención.

La senadora, integrante de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste, valoró las resoluciones de la reunión de comisión del Senado, que de aplicarse permitirían ir enfrentando la crisis educacional regional y nacional. Se decidió crear una comisión que establezca con claridad un calendario de actividades del cual se informe a toda la comunidad educacional. El plan cuenta con cinco puntos: establecer un plan de recuperación pública en Atacama; modificar la ley que creó el SLEP; infraestructura rehabilitante a mediano plazo y reposiciones; ordenamiento administrativo y financiero del SLEP de Atacama; y enfoque pedagógico para la recuperación del aprendizaje” (02/03/24).

Es un plan que busca apoyarse en una amplia movilización social, que resulta imprescindible. Y que El Mercurio editorialmente considera “una herramienta utilizada por los partidos políticos para presionar las decisiones de los representantes electos en la decisión de sus particulares ideas, pero que no necesariamente representan lo que la población en su conjunto desea. Su anhelo es que la discusión política se concentre en el parlamento por las directivas de los partidos. Tiene la razón el diputado Luis Cuello, jefe de la bancada comunista, cuando afirmó que la baja intensidad de las movilizaciones sociales no favorece mayores avances.

Desde luego, para la reflexión sobre los dos primeros años del Gobierno no puede efectuarse sin tener en cuenta el escenario internacional, que es muy relevante, las políticas seguidas y en particular cómo se ha actuado o no frente a grandes temas planteados. Entre ellos los cuales, como señaló el presidente brasileño Lula da Silva, está el dramático genocidio de Israel llevado adelanten contra el pueblo palestino. ”Lo que está ocurriendo con el pueblo palestino -dijo- nunca existió en la historia, solo cuando Hitler decidió matar a los judíos” (29/03/24).

Además, de estas confrontaciones abiertas está presente el proceso de reestructuración político y económica global, donde el papel de América Latina es extraordinariamente débil, por el desmembramiento sufrido por los procesos de integración y el reducido crecimiento regional. Eso cuando las posibilidades de la región y de Chile son muy elevadas a futuro por la transición energética, al ser un gran productor de materias primas imprescindibles.

Solucionar esto requiere más que ajustes graduales; exige la reorganización de la economía mundial. El economista Michael Pettis, investigador principal de Carnegie Endowment, aboga por esto en un nuevo documento que se basa en las ideas de su libro “las guerras comerciales son guerras de clase” del cual fue coautor en 2020”.

David Ricardo, “nunca imaginó un mundo en que la manufactura subvencionada por Estados extranjeros provocaría que los consumidores nacionales fueran incapaces de absorber la producción nacional. Tengamos en cuenta, dice Pettis, que gran parte del dinero extranjero que entra en EEUU se destina a activos de compañías multinacionales que guardan ese dinero en vez de invertirlo”. Esta es una realidad que vivió la economía chilena, que contribuyó a su proceso de desintegración.

En las relaciones externas de Chile un hecho a tener muy presente es la elección de como presidente del mayor vecino Argentina, quien enfrenta un complejo cuadro interno al intentar imponer un proceso contra formas de participación del Estado en la vida económica y que para imponerlo enfrenta una férrea resistencia de las organizaciones laborales y de los sectores afectados. Por otro lado, su gobierno refuerza las tendencias al crecimiento de la ultraderecha a nivel mundial, al cual se ha incorporado plenamente.

A nivel mundial aumenta la influencia de los Brics, conformado por cinco de las más grandes economías emergentes. Proceso que en Chile no se tiene considerado suficientemente.

Hugo Fazio, economista y fundador del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda).

^[1] Véase “Pinochet: del golpe fascista hasta su mayor crisis”. 2023. Cenda, Municipalidad de Recoleta, Editorial Popular de Recoleta.