La semana pasada el Gobierno de Egipto aprobó un proyecto de ley de manifestaciones para dotarse de un marco “legal” de cara a restringir y reprimir aún más el derecho a la libertad de reunión y de manifestación.
Este proyecto de ley de manifestaciones fue aprobado por el gabinete egipcio el 13 de febrero y pretende ser una herramienta de represión social con el objetivo de contener la revuelta popular que vive el país desde hace varias semanas y en la que se exige la dimisión del Ejecutivo encabezado por el Presidente Mohamed Mursi por “traicionar los ideales de la revolución”.
Así, el derecho a la libertad de reunión, considerado uno de los pilares de la democracia, podrá ser sometido a restricciones en Egipto. El texto legal aprobado por el Gobierno de Mursi ya ha sido denunciado por los movimientos sociales por limitar la libertad de expresión y criminalizar la protesta social.
El proyecto de ley castiga como delincuentes a las personas que no cumplan los requerimientos legales cuando organicen una asamblea, impone amplias restricciones en términos de orden público, limita la decisión de los organizadores sobre el lugar en el que se celebra la concentración o manifestación y concede discreción al Ministerio del Interior para proponer objeciones a una convocatoria.
El pasado mes de enero, decenas de miles de personas participaron en las manifestaciones convocadas contra el Presidente Mursi, coincidiendo con el segundo aniversario de la revuelta popular que acabó con el entonces mandatario, Hosni Mubarak, el 11 de febrero de 2011. La represión de la Policía contra las protestas de este año ha acabado con la vida de decenas de personas y ha dejado más de 1.000 heridos en enfrentamientos con agentes antidisturbios.
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