El gobierno del presidente Donald Trump presentó este viernes una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, solicitando autorización para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial.
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La medida llega después de que un tribunal federal de apelaciones en Washington rechazara, por 2 votos contra 1, la petición del gobierno de levantar una orden judicial que bloquea temporalmente las deportaciones. El Departamento de Justicia argumentó que las cortes no deben interferir en «negociaciones diplomáticas delicadas» y que los migrantes deben presentar sus casos en Texas, donde están detenidos.
El gobierno de Trump invocó esta ley poco común para deportar a cientos de venezolanos bajo una proclamación presidencial que califica a la pandilla Tren de Aragua como una «fuerza invasora». Sin embargo, el juez federal James E. Boasberg detuvo las deportaciones, ordenando incluso que aviones con migrantes regresaran a EE.UU., algo que, según los abogados de los afectados, no ocurrió.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a cinco venezolanos detenidos en Texas, presentó una demanda horas después de que se anunciara la proclamación. Lee Gelernt, abogado principal del caso, declaró: «Instaremos a la Corte Suprema a preservar el statu quo para evitar que más personas sean enviadas a una prisión extranjera notoria sin debido proceso».
El caso ha exacerbado las tensiones entre la administración Trump y las cortes federales. Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg, a lo que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respondió que «la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo judicial».
Mientras tanto, el gobierno se ha negado a proporcionar información adicional sobre las deportaciones, invocando el «privilegio de secretos de Estado». Boasberg ha advertido que investigará si se desobedeció su orden de retorno de los aviones.
La suspensión temporal de deportaciones expira este sábado, pero la ACLU ha solicitado una extensión hasta el 12 de abril y busca una orden judicial preliminar para bloquear las deportaciones mientras el caso sigue su curso.
Este litigio podría sentar un precedente sobre el uso de leyes de guerra en políticas migratorias y el alcance del poder ejecutivo en materia de deportaciones. La Corte Suprema tendrá la última palabra en una batalla que mezcla seguridad nacional, derechos humanos y tensión institucional.
Foto: X
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