El documento, que ha circulado en forma reservada desde febrero recién pasado, intenta pasar por alta discusión de las 580 indicaciones hechas al proyecto de ley que actualmente se tramita en el parlamento, mediante un acuerdo político que es rechazado por parlamentarios y la sociedad civil.
En conferencia de prensa realizada a principios de esta semana diversos senadores, junto a representantes de la Mesa Ciudadanía y TV Digital, Chile Actores y la Unión Nacional de Artistas, denunciaron el intento por parte del ejecutivo de introducir un documento de acuerdo –al que los parlamentarios han denominado “ley corta”- para aprobar una ley que regule la televisión digital terrestre, pero sin discutir ni votar las 580 indicaciones que se hicieron al proyecto actualmente en tramitación en comisiones unidas del Senado.
Cabe destacar que el gobierno además de promover este acuerdo –que consolida la concentración de la propiedad en el mercado televisivo, al modificar el régimen de concesión planteado en el proyecto original (25 años) a adjudicación de concesiones de por vida-, le imprimió el pasado 6 de marzo suma urgencia a la tramitación parlamentaria, en un claro intento por viabilizar la imposición de sus pretensiones en la materia.
LOS ARGUMENTOS CIUDADANOS
Durante la conferencia Juan Carlos Berner, en representación de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital, señaló que “vemos con mucha preocupación este documento de acuerdo que ha presentado el gobierno ante el parlamento, el cual reemplazaría la votación una por una de las 580 indicaciones presentadas por los Senadores al proyecto de ley de TV digital –muchas de las cuales hacen eco de los planteamientos de la ciudadanía- por una votación en torno a un documento más breve, pero que excluye todas las demandas ciudadanas”, aseguró.
Demandas que forman parte de los 11 puntos planteados por la Mesa y que fueron posteriormente ratificados por la ciudadanía en el plebiscito en línea que Voto Ciudadano realizó sobre la materia, todos antecedentes que en su momento fueron presentados tanto a autoridades de gobierno como parlamentarios.
El actor Edgardo Bruna, de la Unión Nacional de Artistas, resaltó que es deber del “Estado garantizar el acceso de los diversos sectores a los medios de comunicación y elevar el nivel cultural del país, mediante una promoción de contenidos distintos a los que hoy ofrece la televisión”. Mientras que Esperanza Silva, presidenta de Chile Actores, señaló que “no se pueden dar concesiones a quienes no cumplen con las leyes laborales y derechos de propiedad intelectual que como creadores tenemos, y que ya es ley desde el 5 febrero de 2008”.
Paulina Acevedo, miembro del Observatorio Ciudadano, insistió en que “la digitalización debe ser considerada, como lo han afirmado las relatoría para la libertad de expresión de la OEA y la ONU, como una oportunidad para diversificar contenidos y favorecer el acceso de nuevos actores a la comunicación, y no una mercantilización de los mismos, como de facto intenta el gobierno”.
La periodista y comunicadora en derechos humanos recordó a su ve que el “proyecto de ley sobre TDT no ha sido consultado con los pueblos indígenas, como obliga el Convenio 169 de la OIT, lo que no solo implica el ser escuchados, sino un proceso de consulta con miras a llegar a acuerdo que debe ser realizado por el Estado”. Finalmente, Acevedo pidió también a los parlamentarios una postura clara frente a la gratuidad de la TV Digital -“una demanda intransable de la ciudadanía”-, condiciones garantistas para la permanencia de las televisoras comunitarias y un transportador público para quienes carecen de recursos económicos, incorporar a la TV del Congreso como señal abierta y pública, y la derogación del artículo 36B que hoy penaliza, incluso con cárcel, la transmisión sin licencia”.
LOS PLANTEAMIENTOS PARLAMENTARIOS
El senador Gómez calificó como “inaceptable que el gobierno, con acuerdos celebrados entre cuatro paredes y solo con algunos parlamentarios, intente evitar una discusión que ya se viene desarrollando y que está avanzada en el Congreso”. Afirmando que “con esta propuesta, tal como está planteada, se corre el riesgo de que la televisión termine cooptada por un grupo de personas”.
Por su parte el senador Quitana destacó que la propuesta de gobierno tiene un claro “acento en lo económico, sin conciliar este aspecto con las demandas sociales”. Destacando que esta ‘ley corta’, “desarrollada a espaldas de la mayor parte de los parlamentarios”, no hace un buen uso del espectro radioeléctrico y tampoco se hace cargo de los contenidos emitidos.
En la misma línea, el senador Guirardi recordó que se legisla sobre “un bien de uso público, que corresponde a todos los chilenos, y que el estado administra. Nosotros no queremos más concentración de los medios de comunicación y en este nuevo documento se omiten indicaciones ya propuestas, como que nadie pueda tener más de una concesión, no hay referencia a un transportador público, ni al carácter obligatorio de gratuidad para las campañas de servicios públicos. Todas omisiones que nos casuales”, aseguró.
Finalmente el senador Navarro, señalando que “sería bueno conocer quién es el padre de la criatura”, pidió claridad sobre el origen de la propuesta, el cual aseguró “desconocemos”. El parlamentario denunció que en el nuevo documento también “han desaparecido la asignación de recursos para la televisión regional”, que no existe respeto a los derechos de pueblos indígenas y que esperan modificar la composición “elitista” que hoy tiene el CNTV, por uno en el que participen ciudadanos.
Paulina Acevedo M.
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