La ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, adelantó este miércoles que el Gobierno estudiará la manera de ilegalizar las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo, como es el caso de la Fundación Francisco Franco y casi una decena más, dentro de una serie de medidas que comprenden también una reforma «integral» de la Ley de la Memoria Histórica de 2007.
Francisco Franco instauró, desde 1938 y 1975, una feroz dictadura en España y sólo la muerte lo pudo separar del poder. El régimen franquista fue aliado de los nazi-fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores cifran en 150 mil la cifra aproximada de personas asesinadas por el gobierno de facto.
La ministra Delgado hizo el anuncio en su comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso para presentar sus líneas de actuación, en la que ha dedicado un apartado al tema de la memoria histórica porque «es inaceptable», ha dicho, que «España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya».
Nulidad de los juicios franquistas
Delgado afirmó que es necesario actualizar la ley de 2007 para «declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una Comisión de la Verdad y resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la comisión de expertos que estudió el asunto en 2011″.
Esa comisión impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recomendó que los restos del general Francisco Franco, enterrados en el Valle, sean trasladados al sitio que designe la familia o, en su caso, al que se considere digno y más adecuado.
Dentro de esta reforma de la Ley de Memoria Histórica, es también intención del Gobierno «retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento».
Por último, anunció que el Ejecutivo reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo cerrada por el gobierno de Mariano Rajoy. «No puede ser que personas con más de noventa años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento», aseguró Delgado.
Para la Ministra es inconcebible también que «haya miles de víctimas aquejadas de indefensión judicial» y que tengan que acudir a otro país para que se les escuche. Por último, recordó que el Gobierno estableció una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que programará planes de búsqueda de desaparecidos y publicará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil.