Gobierno francés protegerá a quienes filtren informaciones sobre corrupción

Este martes comienza en la Sala del Senado la discusión en segundo trámite de la llamada Agenda Corta Antidelincuencia, en donde está incluida una indicación del gobierno que busca sancionar con presidio las filtraciones de informaciones reservadas de causas judiciales, arriesgando los culpables desde 61 a 540 días de cárcel.

Una medida que ha sido considerada como una ley mordaza, cuyo objetivo no sería otro que el de obstaculizar el conocimiento público de los casos de corrupción en los que se han visto involucrados políticos de manera transversal.

Algo muy lejano al anuncio realizado recientemente por Francia, país que protegerá a quienes filtren información sobre corrupción. Una noticia dada a conocer por el ministro de Finanzas de esa nación, Michel Sapin, quien explicó que se creará un estatuto particular para proteger jurídica y financieramente a las personas que realicen esta acción y que permitan con ello descubrir prácticas de corrupción.

Si bien la normativa no apunta precisamente a una protección a quienes desde el mismo poder judicial entreguen información a la opinión pública, lo relevante es que con esta medida Francia está promoviendo la atención ciudadana y las denuncias frente a delitos que afectan el interés general, cuestión que -como ha quedado a la vista en nuestro país- se intenta paralizar.

Así, el Estado galo protegerá el anonimato de los informantes, pero además cubrirá los gastos judiciales que tengan que asumir las personas que realicen las filtraciones, por los eventuales procesos que se puedan abrir contra ellas.