El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, denunció que el Gobierno está incumpliendo la ley de Pesca (Art. 56 A), “al designar a dedo” a los evaluadores externos que deben velar porque el trabajo realizado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), sea científicamente riguroso para la determinación del real estado de los recursos pesqueros. Esto, porque la Subsecretaría de Pesca aún no crea el reglamento que debe regir para estos efectos.
El dirigente sostuvo que “el gobierno mantiene un despelote en materia pesquera, quebrantando la ley de pesca en un tema que es muy sensible y crítico no sólo en términos de sustentabilidad de los recursos pesqueros, sino de transparencia y de credibilidad de quienes toman las decisiones, nombrando a dedo a evaluadores externos sin un reglamento que lo respalde”.
Agregó que en este caso “la situación es más grave, cuando las personas que están realizando dicho trabajo, tienen graves conflictos de interés por su relación con las 7 familias”. Así detalló el caso de los señores Aquiles Sepúlveda y Claudio Gatica, director e investigador –respectivamente- del Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA), entidad dirigida por las empresas Blumar, Orizon y Camanchaca, entre otras. En este caso, el director de INPESCA revisó el informe de jurel, en tanto Claudio Gatica, hizo lo suyo con los de merluza común y bacalao.
Lo que dice la ley
Según lo estable el Art. 56 A de la ley de Pesca la investigación que realice el Instituto de Fomento Pesquero deberá cumplir con una serie de requisitos; estar disponible en forma oportuna para apoyar la toma de decisiones, cumplir con los términos técnicos de referencia que elabore la Subsecretaría, y el Ministerio deberá velar por la calidad de la investigación de conformidad con las siguientes reglas:
“Deberá someter los informes del Instituto a la revisión de evaluadores externos a fin de determinar si cumplen con los términos técnicos de referencia. Dichas evaluaciones deberán verificar la calidad técnica de la investigación realizada así como de los resultados obtenidos. Los informes de evaluación serán públicos”. Para estos efectos, señala la ley “un reglamento determinará el procedimiento de selección de los evaluadores externos y de acreditación de su experiencia, especialización e idoneidad para llevar a cabo dicha labor. Deberá contemplarse un sistema transparente y público de selección de los evaluadores externos”.
Esta denuncia fue realizada hace unos días a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, oportunidad en la que Juan Montenegro exigió que “la designación y trabajo de evaluadores externos y de los miembros de los comité científico técnico sean realizados transparentemente, a través de un proceso abierto a todos los actores nacionales y extranjeros, buscando a los científicos más idóneos para evaluar los diversos informes que se efectuarán, y sin conflictos de interés”.
Por Eduardo Fernández
El Ciudadano
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