El Gobierno del presidente Gabriel Boric presentará este viernes ante el Senado el veto a la Ley de Usurpaciones, la cual regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos de restitución.
Desde su aprobación a principios de septiembre, el Gobierno ha hecho énfasis en el polémico artículo respecto a la legítima defensa privilegiada, el cual plantea, en resumen, actuar en defensa propia o de terceras y se puede actuar con cualquier medio independiente del daño que se genere.
Según El Mostrador, desde hace una semana, el Gobierno inició las conversaciones sobre vetar la Ley de Usurpaciones —mejor conocida como Ley Anti-Tomas— y desde el Ejecutivo han establecido distintos flujos de diálogo para asegurar el éxito en el Congreso.
Al respecto, el jefe de bancada de diputados del PC, Luis Cuello, explicó que el veto tiene tres puntos que buscan modificar.
Además de la legítima defensa —detalló el diputado—, se busca «eliminar la equivalencia entre la usurpación violenta y no violenta, que es una cuestión absolutamente desproporcionada que está en el proyecto de ley».
Por otra parte, manifestó que desde el PC se espera que se termine con la figura de la “usurpación provisoria».
Cabe recordar que, tras su aprobación, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, había anunciado que se presentaría un veto en contra este proyecto.
«El Gobierno no va a vetar que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que sea un delito permanente, no va vetar que se excluya a los campamentos. Lo que va vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas, por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos, porque para eso están el derecho, las policías, los tribunales, para eso en las sociedades civilizadas se ha establecido el monopolio del uso de la fuerza en las policías», expreso Tohá en ese momento.