Gobierno reconoce problemas de «legitimidad» de Ley Longueira, pero descarta su anulación

Protesta en San Antonio. Foto Milko Caracciolo

Este miércoles 7 de septiembre comenzaron a lo largo de todo Chile un paro nacional y movilizaciones de los pescadores artesanales, luego de un acuerdo alcanzado el 31 de agosto en Valparaíso, cuando más de 200 dirigentes tomaron esa decisión con el fin de exigir la anulación de la Ley de Pesca o Ley Longueira.

En Coquimbo, Concepción, San Antonio y las regiones de La Araucanía y Los Ríos, entre otras, se registraron marchas y barricadas como formas de protestas frente a lo que los pescadores artesanales consideran una ley corrupta. Tras su paso por el Congreso en 2012, la normativa se promulgó en 2013, en un proceso en donde, como han establecido las investigaciones judiciales de casos como Corpesca, se realizaron pagos por parte de grupos empresariales ligados al rubro de la pesca hacia parlamentarios, como es el caso de la diputada Marta Isasi y el senador Jaime Orpis, ambos ex UDI.

Sin embargo, en respuesta a la demanda del sector de la pesca artesanal, el gobierno -a través del subsecretario de Pesca, Raúl Súnico– descartó anular la Ley Longueira, aún cuando este último reconoció problemas de «legitimidad» en su creación.

Raúl Súnico, subsecretario de Pesca

«Nosotros estamos claros de que existe un problema de legitimidad en la ley, pero los problemas de legitimidad se resuelven haciendo modificaciones como las que estamos planteando», declaró Súnico a CNN Chile. «Cada una de las dificultades o problemas que existen en la pesca tienen que ser abordados con un instrumento específico. La voluntad que estamos expresando es voluntad de reformas, no estamos planteando una voluntad de mantener lo que hay», agregó.

Una posición que refrendó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien puntualizó que solo serán «ajustes» los que se realizarán a la institucionalidad que rige el sector de la pesca, agregando que, por ejemplo, se está trabajando con comisiones parlamentarias y a la espera de un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En ese sentido, Céspedes dijo a Radio Bío Bío que el compromiso del gobierno es «enfrentar decididamente los ajustes necesarios a la institucionalidad que nos permitan asegurar y resguardar los derechos de los chilenos».