Tras no llegar a un acuerdo político y no contar entonces con el apoyo necesario para sacar adelante la normativa, el gobierno decidió retirar el proyecto de ley corta que buscaba dar solución a los cambios de domicilios electorales.
La iniciativa pretendía garantizar el derecho a sufragio a los cerca de 463 mil votantes a los que se les cambió su domicilio electoral sin que lo hayan solicitado.
La decisión fue anunciada por el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien señaló que la ley corta «requería un amplio acuerdo transversal que no existe», por lo que se optó por no perseverar.
Respecto a las responsabilidades políticas y administrativas en este caso, Díaz señaló que esperarán el pronunciamiento de la Contraloría General de la República para realizar el del Ejecutivo.
«Es un bochorno, una situación bastante vergonzosa, quienes no van a poder sufragar lo van a ver de muy mala manera», señaló Daniela Cicardini, presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, instancia que ayer discutió la urgente iniciativa del gobierno.
Consultada en TVN sobre quién debe asumir la responsabilidad de lo ocurrido y dejar su cargo, la parlamentaria señaló a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien -cabe señalar- no asistió a la mencionada Comisión en la Cámara este lunes.
En términos administrativos, tanto el Servicio Electoral como el Registro Civil se han responsabilizado mutuamente del cambio de «domicilio» de los votantes sin su consentimiento.
Finalmente, quienes quieran sufragar en las elecciones municipales del próximo domingo 23 de octubre, deberán hacerlo en el domicilio que figura como el actual y no tendrán la posibilidad de llevarlo a cabo igualmente en el que figuraba antes del «error» producido en el padrón, como intentaba establecer la frustrada ley corta.
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