Diez firmas de parlamentarios de oposición avalaron la acusación Constitucional en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, presentada hoy ante la Oficina de Partes. La denuncia se realizó luego de que no autorizara la marcha por la Alameda el pasado jueves.
Los jefes de bancada de la Concertación, a excepción de la Democracia Cristiana (DC), y en conjunto con diputado del Partido Comunista (PC), señalan que el Ministro ha infringido tres aspectos fundamentales en materia de garantías constitucionales y derechos ciudadanos.
Según el jefe de bancada del partido socialista, Alfonso de Urresti, la acusación la detallaron por “infracción de la Constitución de la desviación del poder de negar autorización para la manifestación del 4 de agosto, principalmente por el derecho a reunirse libre y formadamente sin permiso previo. En segundo lugar, infracción de la constitución por no velar adecuadamente por la preservación del orden público, y el tercer capítulo, es interferencia ilícita con actividades licitas del día 4 de agosto en una suerte de estado de emergencia constitucional en el país de facto”.
La acusación se tornó más grave luego de las desafortunadas declaraciones de Hinzpeter donde señaló que “nuestro Gobierno no autorizará más marchas estudiantiles por la Alameda, porque el tiempo de las marchas ya se acabo”.
A estos dichos el diputado comunista Lautaro Carmona añadió que “los únicos que pueden determinar si es el tiempo de la movilización son los ciudadanos, las organizaciones sociales y están indicando que ese tiempo es hoy. No es posible que bajo un uso autoritario del cargo pretenda impedir que en un contexto de estado de derecho se manifieste la opinión pública, le guste o no al Gobierno. De lo contrario el camino es muy peligroso y nos acerca a una suerte de estado de sitio”.
Por su parte el oficialismo se planteó, con el diputado de RN (Renovación Nacional), Alberto Cardemil, que el ministro del interior tiene por obligación mantener el orden público y que “infringiría la constitución si no cumpliera esa obligación, porque el orden público está establecido en favor de la gente y por lo tanto es un contra sentido acusar a un Ministro por cumplir la ley”, enfatizó.
El Ciudadano
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