Montaje policial contra los mapuche: Los antecedentes judiciales del Caso Luchsinger Mackay

Tal como se esperó toda la semana, este viernes se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares de cuatro de los 11 imputados por el Caso Luchsinger Mackay.  Por una unanimidad de los magistrados, el Ministerio Público  sostuvo todos sus argumentos para mantener la prisión preventiva de los imputados.

Aunque en el caso de José Tralcal existieron dos votos para modificar su medida cautelar, la nociva Ley Antiterrorista, por la cual están siendo juzgados, indica que esta decisión debe ser unánime, negando la posibilidad de reducción en las cautelares.

La abogada defensora, Karina Riquelme, conversó con El Ciudadano a propósito de la utilización de la Ley Antiterrorista y sus medidas e impedimentos para ejercer maniobras que liberen a los imputados. “En este caso, es el Ministerio Público quien la invoca, pero los tribunales en la causa de Celestino Córdova, respecto de estos mismos hechos dijeron que no hay terrorismo, lo dijo hasta la Corte Suprema, entonces sólo el Ministerio Público cree que estos actos son terroristas y solo por esa razón Tralcal se encuentra privado de libertad, porque pudo haber salido libre hoy”.

INFLUENCIAS DEL FISCAL CHIFFELLE

Fue el Diario Austral de Temuco, en su edición del 25 de julio de 2016, el medio que hizo pública una denuncia realizada por el ex Fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Collipulli José Ricardo Traipe, en la que señala haber sufrido en el desempeño de su cargo “presiones indebidas para intensificar injustificadamente la persecución penal a sujetos mapuche, de comunidades conocidamente conflictivas, desarrolladas por el Fiscal Regional (s) Alberto Chiffelle”, quien le exigía “ser particularmente duro con cualquier sujeto que tuviere relación con las comunidades de Temucuicui y Wente Winkul Mapu”, además de recibir por parte del Fiscal Regional (s) Chiffelle permanente discriminación y hostigamiento, obligándolo a pedir la prisión preventiva de todo imputado mapuche, aún sin pruebas suficientes, ya que “los pacos lo tenían en la mira”.

En la práctica, señaló a El Ciudadano el historiador Martín Correa, lo que exigía el Fiscal Alberto Chiffelle al entonces Fiscal Traipe era perseguir y atribuir responsabilidades penales a miembros de comunidades mapuche, aún sin mérito judicial alguno, especialmente a quienes desarrollan demandas históricas de restitución territorial estigmatizadas como ‘conflictivas’, a fin de mantener a dirigentes y comuneros mapuche encarcelados por largos períodos en una ‘prisión preventiva’ extendida, innecesaria, discriminatoria y racista, ya que luego permanecer en veces hasta más de un año en la cárcel son declarados inocentes, castigo del que ninguna institución se hace cargo.

Los imputados del caso Luchsinger aún se encuentran esperando se presenten pruebas contundentes que validen su medida cautelar, pruebas que han sido una y otra vez solicitadas por la defensa. Misma razón por la cual el pasado 27 de julio encararon al Fiscal Chiffelle, acusándolo de “racista y mentiroso”, una vez que éste reconoció no poseer el reporte de antena de telefonía que los ubica el 4 de enero del 2013 en el domicilio de la Machi Linconao.

Lo lamentable, es que esta situación no es desconocida para las familias y comunidades mapuche, ni causó en éstas una mayor sorpresa la denuncia que se hizo contra el Fiscal Alberto Chiffelle. Lo que hizo, en cambio, fue entregar certeza a lo que hace por lo menos 15 años vienen denunciando y que Correa se encargó de desarrollar. 

TODO APUNTA A MONTAJE

Acusaciones de montajes políticos, criminalización, hostigamiento, violencia e incluso secuestros son los hechos que de un tiempo a esta parte, las comunidades en resistencia del Wallmapu intentan visibilizar para acabar y desprenderse de la violación a sus derechos ancestrales.

Y es precisamente el Caso Luchsinger Mackay el que podría, nuevamente (considerando la absolución de Felipe Durán), demostrar que las acusaciones en contra nuestros pueblos originarios desbordan miramientos y juicios extremos que no corresponden a la veracidad de los hechos, en otras palabras, la absolución de los imputados podría revelar todos los montajes políticos que se levantan para criminalizar al pueblo mapuche.

Revisemos los hechos: cuando la Policía de Investigaciones (PDI), tras la declaración de la que después José Peralino se retractó, detuvo a José Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Arturo Cordova Tránsito y a la machi Francisca Linconao Huircapan, se marcó la instancia perfecta para resolver la investigación que asegura que los 11 fueron partícipes del incendio que provocó la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

En la oportunidad, fue Alejandro Peralino, hermano de José Peralino Huinca, quien sostuvo que esto responde a un chantaje de la PDI y que “llegaron y lo detuvieron, si ningún papel. Los PDI lo están chantajeando, le ofrecieron dinero para que sea testigo y dijera quién fue a quemar la casa de los Luchsinger”.

Versión que también planteó la lonko Juana Calfunao, quien dijo que este hombre manejaba poco el español y fue presionado a delatar al resto de los comuneros detenidos, porque estaba amenazado de muerte por los efectivos de la PDI.

Para entonces, el abogado defensor Pablo Ardouin afirmó que no existen antecedentes que ameriten, ni la prisión preventiva, ni condena para los comuneros. Además ratificó que José Peralino confesó en la audiencia que la policía lo había extorsionado durante años y que él apenas sabía leer y escribir.

Hasta ahora, el único condenado en la causa es el machi Celestino Córdova, quien fue encontrado a metros del lugar de los hechos. El primero de marzo de 2014 el Tribunal oral de Temuco lo sentenció a la pena de 18 años de presidio, juzgado bajo la Ley Antiterrorista. Sin embargo, aún queda la revisión de las medidas cautelares de siete PPM, entre ellos la machi Linconao, quien está en grave estado de salud.

La comunidad mapuche considera al Caso Luchsinger Mackay como uno de los más nocivos para el pueblo originario, debido a la fuerza con que son acusados los supuestos participantes y la falta de apoyo de un Gobierno que no entiende la reivindicación ancestral por la que a diario luchan.