Honduras: Claves del golpe

El golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue resultado de sus progresivos enfrentamientos con el Congreso, las autoridades judiciales y, sobre todo, con los poderes fácticos de su país: el ejército, la Iglesia católica, la cúpula empresarial, los dueños de los medios de comunicación…En vísperas de un proceso electoral, Zelaya se quedó sin el apoyo de las instituciones de esta nación, cuyos principales cargos se reparten los dos principales partidos del país: el Liberal y el Nacional.

CIUDAD DE GUATEMALA.- Nadie en Honduras previó que Manuel Zelaya, empresario y ganadero de 57 años, con una larga carrera política en el conservador Partido Liberal de Honduras, giraría a la izquierda del espectro político.

Heredero de una familia de ricos terratenientes de su país, propietario de aserraderos, fundador de sus propios negocios agroforestales, Zelaya fue dirigente de la Asociación de Industriales de la Madera y líder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), organización cúpula de los empresarios hondureños.
“El Fox hondureño”, le solían decir en su país. Y, como el expresidente mexicano, Zelaya suele usar un frondoso bigote, guayaberas blancas, sobreros de ala ancha, botas de cuero que no se quita aun cuando viste traje… La imagen del ranchero, pues.

En los años setenta, Zelaya ingresó al Partido Liberal de Honduras. Lo hizo como coordinador de organización en su departamento natal de Olancho. En 1985, cuando su padrino político José Azcona Hoyo ganó la elección presidencial, Zelaya llegó al Congreso. Ahí inició su carrera política: fue presidente de las comisiones de Recursos Naturales y Petróleo (1986), secretario de la Junta Directiva del Congreso (1987), ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) (1994), asesor del presidente Carlos Roberto Flores Facussé (1998) y secretario de Organización y Propaganda de su partido (1999-2004).
Después, Zelaya llegó a la grande: el Partido Liberal lo presentó como su candidato para las elecciones presidenciales, que ganó el 27 de noviembre de 2005, derrotando al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa.

Pero a mitad de su período presidencial dio un giro inesperado: se acercó a los presidentes Daniel Ortega, de Nicaragua; a Fidel Castro, de Cuba; a Hugo Chávez, de Venezuela; y se sumó a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba). Ello lo confrontó con su propio partido y con los grupos de poder de los que siempre formó parte.

Su período finalizaba el 27 de enero de 2010, pero el pasado 28 de junio fue abruptamente arrestado y sacado del país por miembros del ejército en un hecho que la comunidad internacional y sus partidarios califican de golpe de Estado. Sus adversarios, en cambio, sostienen que fue un “relevo constitucional” para frenar sus afanes reeleccionistas. Y sus adversarios en el país copan los poderes, los públicos y los fácticos: el Congreso, el sistema judicial, los principales partidos políticos, las fuerzas armadas, la Iglesia católica, los medios de comunicación, la élite empresarial…

El detonante que llevó a la expulsión de Zelaya de su país fue su insistencia en celebrar, el mismo día en que fue sacado de Honduras, una consulta popular en la que sus compatriotas votarían en favor o en contra de un referéndum, programado para el próximo 29 de noviembre, para establecer una Asamblea Constituyente. Sus opositores interpretaron que dicha consulta prepararía el camino para la reelección de Zelaya, un supuesto que él siempre negó.

Con los empresarios, sus antiguos aliados, Zelaya abrió diversos frentes de confrontación. El 17 de noviembre de 2008, durante un acto público en Olancho, en medio de la crisis de alimentos, el presidente advirtió que impondría medidas drásticas, incluyendo la cárcel, contra empresarios especuladores. Los acusó de negarse a bajar los precios de los productos de la canasta básica.
Un mes después fracasó la mesa de negociación entre empresarios y sindicatos para acordar un aumento a los salarios. Entonces Zelaya decidió elevar unilateralmente los sueldos entre 60 y 100%. Argumentó que los aumentos cubrían casi 90% el costo de la canasta básica de alimentos.

Amílcar Bulnes, líder del Cohep, advirtió que la resolución presidencial ocasionaría cierres de empresas y despidos masivos. Los sindicatos, por su parte, realizaron marchas en apoyo a la medida.
De enero a marzo de 2009, los empresarios interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia cientos de recursos de amparo contra el incremento y negociaron acuerdos con sus empleados para, dijeron, evitar despidos.

Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) advirtió el 24 de enero al diario La Prensa: “el presidente Zelaya está creando un plan de zozobra en el país y la bomba la recibirá el nuevo mandatario”.

Cuatro días después –28 de enero–, Zelaya tomó la guitarra frente a los periodistas, en la casa presidencial, y junto con Macario y Delio Mejía, integrantes del dúo musical Los hermanos Mejía, interpretó para los empresarios la canción No me amenaces, de José Alfredo Jiménez.
“El presidente le está cantando a la ruina de la economía de Honduras”, respondió Facussé.
“Comandante vaquero”

Pero los empresarios ya se sentían agraviados por Zelaya por el acercamiento de éste con los presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez y Daniel Ortega.
Zelaya contó a unos 40 empresarios que asistían a la inauguración de una planta hidroeléctrica en Cuyamel, al noroeste de Tegucigalpa, el 19 de septiembre de 2008, que su acercamiento con Chávez se había dado justamente en la coyuntura de la crisis de alimentos.

“Hace seis meses se desató una crisis en Honduras a causa del alza en los precios de los productos básicos y las medicinas, que los ricos no sintieron, pero los pobres la padecieron. Y, al ver eso, comencé a buscar soluciones”, dijo el mandatario, en declaraciones recogidas por un boletín oficial de la Presidencia.
“El sector privado de Honduras me cerró sus puertas. Fui al norte (a Estados Unidos), a donde están los aliados, los vecinos, los amigos que controlan el Banco Mundial, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la Unión Europea y la Cuenta del Milenio. Me ofrecieron apoyos raquíticos”, dijo.

Comentó que entonces decidió buscar a Chávez, “y se alarmaron la empresa privada y las potencias porque traía a un hombre generoso que desea dar dinero para el desarrollo. Cómo es la crueldad en este país: los empresarios y los políticos comenzaron a criticarme. Esa es la verdad”.
Días antes, el 25 de agosto, el Cohep fijó su posición respecto a las negociaciones de Zelaya para que Honduras se incorporara al Alba: “el sector privado manifiesta su desacuerdo con esa iniciativa unilateral del Poder Ejecutivo, que desconociendo nuestra historia, tradiciones y cultura pretende comprometer al país en una alianza política, militar e ideológica dañina para el futuro del pueblo hondureño y de la libre empresa”.
No hubo reversa. El 25 de agosto Zelaya suscribió la anexión de Honduras al Alba y formalizó su acercamiento con Chávez y “la izquierda de nuevo siglo”. Lo hizo a su manera: interpretó la canción “Hasta siempre, comandante Che Guevara” acompañado por la Filarmónica Nacional de Honduras.
Ahí estuvieron Evo Morales, presidente de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua, y el entonces vicepresidente cubano Carlos Lage. No hubo empresarios presentes, porque el Cohep amenazó con expulsar de sus filas a quienes asistieran, según publicó el diario hondureño El Heraldo.

Zelaya dijo en su discurso que “si el sistema que ha gobernado Honduras durante 40 años hubiera solucionado la pobreza del país, no estaría viendo hacia el sur”. Aseguró que el Alba ayudaría a terminar con la dependencia energética de su nación, permitiría la construcción de hidroeléctricas, reducirá el analfabetismo, apoyaría a la salud e inyectaría unos 400 millones de dólares en proyectos productivos.
“Bueno… si Evo (Morales) es el comandante cocalero, yo soy comandante llanero, Daniel (Ortega) es el comandante guerrillero, ¡Manuel Zelaya será entonces el comandante vaquero!”, dijo Hugo Chávez en el acto de firma del Alba, celebrado en la Plaza de la Casa Presidencial, a la que concurrieron miles de hondureños.
Previamente, cuando bajó del avión que lo trasladó a Tegucigalpa, el mandatario venezolano hizo declaraciones que la prensa local calificó como insultos: “El hondureño que se oponga al ingreso de Honduras al Alba es un vendepatrias o un ignorante (…)”, dijo.

Metamorfosis

Zelaya “nunca había hablado de la izquierda. Esa palabra jamás la utilizó en su campaña. Ahora ha cambiado totalmente, y estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar en Honduras”, declaró a El Nuevo Diario Carlota Carías, dirigente del Partido Nacional.

“¿Saben hacia dónde va el país con este gobierno? Claramente hay un esquema siniestro para causar caos y para que el presidente Manuel Zelaya asuma lentamente el poder, porque lo que está pasando en Honduras, ya pasó en Venezuela, y si no nos ponemos las pilas esto nos pasará”, advirtió Adolfo Facussé, presidente de la ANDI, el pasado 25 de enero, durante una reunión con empresarios de la zona norte de Honduras.
En marzo pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó un estudio, según el cual entre los 24 países “particularmente vulnerables” frente a la crisis global se encontraba Honduras, que terminaría el año con una contracción económica de 2.6%.

Zelaya, a quien la divulgación del estudio tomó en vísperas de viajar a Cuba para participar en el XI Encuentro Internacional de Globalización y Problemas del Desarrollo, anunció que su gobierno elaboraba un plan anticrisis, pero rechazó un posible acuerdo con el FMI.
“Honduras no tiene necesidad del Fondo Monetario Internacional. Ha superado todos los indicadores de un país que puede sostenerse sin el aporte de ese organismo”, aseveró el mandatario en rueda de prensa. “No aceptamos imposiciones, no aceptamos modelos, no han podido corregir los problemas del mundo y ahora nos quieren imponer recetas”, dijo.

“Si el gobierno del presidente Zelaya considera que dispone de los recursos económicos necesarios para terminar su período, este es un tema, pero Honduras requiere garantizar la captación de recursos para desarrollar programas y proyectos durante 2010, y ese es otro tema”, respondió Benjamín Bográn, director del Cohep, según consignó El Heraldo.

Manuel Zelaya tampoco escapó a las pugnas con medios de comunicación. Denuncias públicas de chantajes y boicots de publicidad oficial marcaron la tónica de su relación con ellos.

El 17 de octubre de 2007, Zelaya asistió a una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Miami. Ahí denunció “conflictos de intereses” de los propietarios de los medios hondureños que forman “un oligopolio” y presionan para obtener favores en otros negocios.

“En general los propietarios de los medios de comunicación social en Honduras son empresarios que no sólo están dedicados al negocio de la información, sino a diversos rubros relacionados directamente con la administración pública, por ejemplo, en el abastecimiento de medicinas para el sistema público de salud y la compra de armamentos para los servicios de seguridad del Estado”, se quejó Zelaya.

El gobernante añadió que los dueños de los medios están en el “negocio de las telecomunicaciones, de construcción de obras civiles y vivienda, son propietarios de bancos, eso indica por consiguiente que la información que le llega al pueblo hondureño está influenciada por esos intereses que desorientan la noticia y la información a la que los ciudadanos tienen derecho”.

El golpe final

Pero las confrontaciones decisivas, las que desembocaron en la salida de Zelaya del país en la madrugada del 28 de junio, fueron las que sostuvo con el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Ejército. Todo ello en las semanas previas a la celebración de la consulta popular.

El 25 de junio, el diputado demócrata-cristiano Ramón Velásquez Nasar propuso en el Congreso una iniciativa para que una comisión investigara si el mandatario era apto mentalmente para gobernar. Y el Congreso aprobó la iniciativa.

Ese mismo día, el Legislativo hondureño aprobó una ley especial para regular los referendos y plebiscitos, que impedía realizarlos 180 días antes y después de las elecciones generales. La ley pretendía bloquear la llamada “cuarta urna”, propuesta por Zelaya para instalarse en las casillas el próximo 29 de noviembre, día en el que se elegirán presidente de la República, diputados y alcaldes.
El propósito de la consulta del pasado 28 de junio era preguntar a los hondureños si estaban de acuerdo con que en las elecciones generales de noviembre se instalara esa urna para convocar a una Asamblea Nacional que aprobara una nueva Constitución.

Previamente, durante mayo, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República habían declarado ilegal la consulta.
Pero el gobierno insistió en celebrar la encuesta. El 25 de junio, Zelaya, en un mitin celebrado frente a la Casa Presidencial, condenó a “los grupos de élite” e insistió en que “que la actual Constitución niega derechos a la sociedad hondureña”.

Luego, acompañado por sus seguidores, llegó a las instalaciones de la fuerza aérea hondureña para sacar el material de la consulta que mantenía bajo resguardo el ejército.
El mismo 25, en cadena de radio y televisión, Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, quien se había negado a que las fuerzas armadas distribuyeran los materiales de la encuesta. El mandatario dijo, además, que había aceptado la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. En solidaridad, renunciaron los comandantes del ejército, la fuerza naval y de la fuerza aérea. Un día después, la Corte Suprema de Justicia dejó sin valor la destitución de Vásquez.

Ese 25 de junio, el Congreso había aprobado la integración de una comisión especial que analizaría la actuación de Zelaya, acusado de “no prestar debida atención a los problemas de interés nacional y no acatar los fallos judiciales en detrimento del estado de derecho”. Ese análisis llevaría tiempo, dijeron sus integrantes. Ante ello, Zelaya consideró que tendría tiempo para realizar la consulta y declaró que esa tardanza conjuraría cualquier golpe de Estado. Tres días después el ejército lo sacó de su casa en ropa de dormir y lo puso en un avión que lo llevó a Costa Rica.

Leticia Salomón, consultora política del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Miembro del Observatorio Centroamericano contra la Violencia e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, escribió en su ensayo Honduras, políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado, que detrás de la crisis en este país confluyeron intereses diversos.

Explica que el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, estaba resentido con Zelaya debido a que éste no lo apoyó en las votaciones internas del Partido Liberal para elegir al candidato que competiría en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Micheletti y los cuadros que lo apoyaron se aliaron con dirigentes del opositor Partido Nacional, que vieron en la iniciativa de la “cuarta urna” una amenaza al triunfo de su candidato, Porfirio Pepe Lobo.

Según Salomón, también estuvieron de por medio “intereses político-institucionales”. Por ejemplo, ocho de los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente, son del Partido Liberal, el cual está distanciado de Zelaya. Los restantes siete miembros pertenecen al Partido Nacional, opositor al gobierno.
De hecho, señala la experta, la Corte Suprema mantiene una relación de dependencia directa con respecto al presidente del Congreso; o sea, Micheletti.

Y el Ministerio Público, dirigido por el fiscal general, pertenece al Partido Liberal, lo mismo que la Procuraduría General de la República, cuyo titular es también nombrado por el presidente del Congreso.
A su vez, el Tribunal Supremo Electoral “es un organismo altamente partidizado, cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso”.

Además, apunta Salomón, “la cercanía del presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba) y Petrocaribe le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno”.

Velia Jaramillo

Proceso – México