Recordó que la oposición es mayoría en el Senado y que si tienen una verdadera voluntad de avanzar, debieran aprobar los mociones presentadas por los parlamentarios en la Cámara Alta.
Su convicción de que el proyecto del ley del Gobierno, que pretende modificar la Ley Antiterrorista no terminará con la huelga de hambre de los 32 mapuche, que llevan 63 días sin ingerir alimentos, expondrá hoy en la Comisión de Constitución del Senado, el legislador del MAS, Alejandro Navarro, quien fue enfático en señalar que «la posición del Ejecutivo profundiza la crisis, al no querer conversar con los comuneros y al imponer unilateralmente a través de su propuesta, una normativa mucho más rígida y represiva que la actual legislación, lo que hará de Chile un Estado policial, endureciendo el sistema. De tal manera, que de aprobarse, cualquier cosa será tipificada como terrorismo».
A la vez, Navarro dijo que «si bien el arrepentimiento y mea culpa que hizo la Concertación es un paso, ahora lo que tiene que hacer el conglomerado es aunar fuerzas para buscarle una salida al conflicto, puesto que tienen el deber moral de corregir el error. Y para ello, cuenta con una carta a favor que es la mayoría que tiene la oposición en el Senado, lo que perfectamente, puede permitir que a través de una ley corta podamos aprobar rápidamente las iniciativas que presentamos mucho antes que el Gobierno y que tienen como fin solucionar el conflicto».
El parlamentario expresó su preocupación señalando que «así como están las cosas, con el ladrillo que el Gobierno envió al Senado, será imposible en los próximos días llegar a un acuerdo, entre legisladores, y con los comuneros. Por lo que el ejecutivo debe recapacitar ahora, y sentarse a conversar en torno a un mesa de diálogo ahora, antes de que sea demasiado tarde y tengamos que comenzar a lamentar las muertes de los mapuche».
El parlamentario, señaló que de acuerdo a la opinión de la Doctora en Derecho Penal Myrna Villegas, el proyecto «no establece limitación alguna a los testigos pagados o remunerados por testificar. Es decir, se les pueden seguir pagando sueldos permanentes como ocurre hoy. También se limita la revisión del uso de testigos sin rostro, y la contrainterrogación de ellos. Asimismo, se introduce la figura del agente encubierto, el que es impune de acuerdo al proyecto, de los delitos que cometa en el ejercicio de sus actos, o sea podrá hasta matar sin recibir pena alguna».
Navarro argumentó que «el Proyecto del Gobierno permite que el fiscal solicite la intervención telefónica de alguien, sin dar su nombre ni su domicilio al juez que autoriza. Esto permitirá arbitrariedades y abusos. Por otro lado, se regularizan los colaboradores eficaces o «sapos», admitiendo que sin control judicial alguno, declaren en distintos juicios».
«La iniciativa del gobierno además- continuó-repite una y otra vez que los delitos serán catalogados de terroristas, sea que peligre o no la vida de alguien, es decir, patrimonializa el delito terrorista. En el contexto del delito de apoderamiento de naves o aeronaves o buses, permite aplicar la Ley Antiterrorista a sindicatos de trabajadores, que en un acto de protesta social se tomen una micro, peligren o no sus pasajeros».
Navarro recordó que a todo lo anterior, se suman las opiniones de los abogados Roberto Garretón y Sergio Fuenzalida, miembros del Consejo del Instituto de Derechos Humanos. El abogado Fuenzalida, refiriéndose a la reforma a la Justicia Militar, dijo que «No cambia en nada lo que se reprocha, al contrario, garantiza aún más la impunidad de la policía y los militares cuando asesinan a civiles y al contrario, endurece las penas a los civiles que atenten contra uniformados».
El Ciudadano
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