El miércoles 23 de febrero se abrió una nueva ventana en la lucha de los ciudadanos griegos en contra de la política neoliberal dirigida por el Gobierno socialista. La huelga general, convocada por los sindicatos griegos, es la primera del año tras las seis que tuvieron lugar en 2010.
La huelga general, llamada por los principales sindicatos griegos: Del sector privado, GSEE (de 1 millón de miembros), del sector público Adedy (de 350 mil miembros) y por el sindicato comunista Pame, afecta a todos los sectores de la economía griega. La huelga es seguida en las administraciones, hospitales, servicios públicos, escuelas y universidades. El flujo de transporte disminuyó, las conexiones con las islas griegas del mar Mediterráneo se cortaron, una parte de los transportes urbanos no funcionan y en el tráfico aéreo se anularon 48 vuelos interiores.
El portavoz de la Unión de Funcionarios Civiles, Vasilis Xenakis, declaró que la huelga es un mensaje al Gobierno de que «el pueblo no puede más con los recortes en sus ingresos, el desempleo, la subida de impuestos y los recortes en las jubilaciones».
Cinco mil carabineros se desplegaron en la capital griega, Atenas. Lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes. Christos Papoutsis, ministro del Orden Público, llamó a la tranquilidad y a la responsabilidad.
“Aquéllos que han convocado a las manifestaciones también deben vigilar a los participantes. Todos tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones en protestas pero debe ser en forma pacífica”, indicó.
UNA LUCHA CONTRA LA POLÍTICA NEOLIBERAL
Los trabajadores del sector público griego manifiestan su descontento con la política de ahorro y los recortes sociales impuestos por el Ejecutivo a mediados de 2010 para reducir el déficit público. Los sindicatos han llamado a los ciudadanos a protestar contra los recortes que reducirían el déficit en 30 mil millones de euros en los próximos tres años.
Igualmente, piden al gobierno del Primer Ministro, Yorgos Papandréu, que reconsidere el plan anticrisis concebido como moneda de cambio para acceder al rescate de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), valorado en más de 110 mil millones de dólares.
El rechazo al severo plan de recortes genera diferencias. El sindicato Adedy se opone a una nueva congelación de salarios mientras que el GSEE denuncia las reformas neoliberales como “antisocial y anti-trabajadores”.
GOBIERNO SOCIALISTA ENFRENTA LA PRESIÓN EUROPEA
Papandréu, viajó por Europa con la intención de negociar una reducción a la tasa del préstamos, en el seno de la negociación de los países miembros de la Eurozona, para poner en lugar un mecanismo europeo de regulación de las crisis presupuestarias.
Alemania, de acuerdo a su Primera Ministro, Angela Merkel, reservó su decisión, pero ha subrayado que una prolongación del tiempo de reembolso se negociará a nivel de la Eurozona.
Por Nicolás Loonis
El Ciudadano