A 26 años de la muerte de Jaime Guzmán, ideólogo de buena parte de la Dictadura y, en particular, de la Constitución Política que hasta hoy rige la República de Chile, la derecha siente la herida abierta. Guzmán fue asesinado el año 1991 por una iniciativa del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por una célula encabezada por un misterioso «Comandante Emilio».
Al mismo «Comandante» se la achaca protagonizar otras iniciativas que remecieron la estabilidad política del país. Tales fueron el secuestro de Cristián Edwards, hijo del difunto ex director de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, y el espectacular rescate realizado en la Cárcel de Alta Seguridad de otros tres compañeros del FPMR, arriba de un helicóptero.
«Emilio» -Raúl Escobar Poblete- logró eludir la persecución política y policial pasando por Brasil -país en el que se le acusa de participar también de un secuestro de un empresario-, llegando finalmente a México. En esta última locación fue ubicado a comienzo de junio y se mantiene tras las rejas desde entonces.
Cámara de Diputados
En este contexto, por iniciativa de la bancada UDI se aprobó este martes en la sala de la Cámara de Diputados la solicitud a la Presidenta de «intensificar los esfuerzos diplomáticos tendientes a la obtención de la extradición de Raúl Escobar Poblete”, a propósito de su responsabilidad en el crimen de Jaime Guzmán.
La moción contó con dos rechazos y cinco abstenciones. Los rechazantes fueron el comunista Hugo Gutiérrez y el miembro del Frente Amplio, Gabriel Boric (MA). Si bien el autonomista no quiso profundizar en sus motivos, sí lo hizo Gutiérrez en diálogo con El Ciudadano.
El diputado por la región de Tarapacá indica que rechazó la moción argumentando que «la pretensión punitiva del Estado de Chile se ve deslegitimada». Esto, dado que se realizaría «en base a delitos creados por una ley hecha por una dictadura para reprimir y encarcelar a la oposición democrática, como fue la legislación antiterrorista».
Junto con ello, Gutiérrez añade que «es una burla al derecho internacional requerir la extradición de Escobar en virtud de la Ley 18.314, sobre conducta terrorista, que ha sido condenada por todo el derecho internacional de derechos humanos».
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