“Estamos indignados por cómo se ha llevado el debate y porque el Ejecutivo no le coloca urgencia”, expresó la asesora jurídica de Organizando Trans Diversidad (OTD), Constanza Valdés, resumiendo la desazón que inundó a las y los presentes en una nueva sesión de la Comisión de Derechos Humanos llevada a cabo la tarde de este miércoles en el Senado.
Luego de 4 años de discusión, el debate aún se alarga: más de un centenar de indicaciones quedan aún por debatir, sin embargo, se votaron sólo 7 y se invitó a exponer a algunos médicos sobre un tema ya tratado con anterioridad -la identidad en niños, niñas y adolescentes- y que además “opinaron cosas horribles sobre las personas trans, del tipo que eran producto de violaciones y abusos sexuales”, complementó la representante de OTD.
Nuevas barreras, más complejidad
Si bien todos y todas las consultadas por El Ciudadano coinciden en que el devenir en el Congreso denota que ya no se trata de legislar para hacer más fácil la vida a la gente trans, el objetivo ahora es que el proyecto salga de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y se vaya a la Cámara de Diputados. Esto, con el objeto de reponer algunas indicaciones y eliminar las «aberraciones» consagradas en el texto legal.
Sin embargo, aún quedan muchas indicaciones por debatir y el tema se mantendrá en la Comisión, actualmente presidida por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.
Rolando Jiménez, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) indicó que “las votaciones nos han parecido francamente discriminatorias. Se votó una norma que establece que si estoy casado y cambio de nombre y sexo registral, quedo divorciado automáticamente, lo que me parece arbitrario y abusivo. Ni siquiera la ley actual considera esa posibilidad. Además, para hacer el trámite, tienes que tener un abogado, es decir, se debe judicializar y hacer más complejo el asunto”.
Las organizaciones de la diversidad sexual han denunciado sistemáticamente que las personas trans tienen serios problemas para acceder a un trabajo, seguir con sus estudios básicos o emprender una aventura en la educación superior. Habitualmente no se respeta su nombre social y las molestias son cotidianas, de ahí la deserción a estas alternativas. Supuestamente, las políticas públicas se están adecuando para las personas trans, como en el actual debate por garantizar su derecho a la identidad de género. Sin embargo, “en la práctica se está legislando peor, siendo que en teoría debería mejorarse la realidad”, afirma Jimena Lizama, directora jurídica de la Fundación Iguales.
“Dentro de las indicaciones, se votó que los ascendentes, descendientes o cónyuges podían oponerse al cambio de nombre, lo cual es gravísimo porque es un procedimiento contencioso, y todo lo contrario al principio de confidencialidad establecido en la ley Nº 17344, que lo autoriza como un procedimiento voluntario y no contempla ninguna oposición. Esto no tiene sentido”, aseveró la abogada de Iguales.
Si bien a la instancia asistió Paula Narváez, ministra secretaria general de Gobierno -quien se retiró sin emitir declaraciones-, su presencia no marca ningún punto de inflexión, ya que la urgencia al tema le compete a SEGPRES, no a SEGEGOB. En ese sentido, «denota la priorización de proyectos del Gobierno de Michelle Bachelet”, aclaró Constanza Valdés, de OTD.
En torno a los graves problemas de ingreso a la Comisión, denunciados por OTD y profesionales de la prensa, el senador Juan Pablo Letelier (PS) fue tajante y afirmó que “las salas son muy pequeñas. No son sesiones abiertas y los integrantes de la Comisión vinieron a escuchar a los médicos”.