Este jueves 21 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la extinción de siete organismos autónomos, incluida la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La discusión, que comenzó el miércoles 20 de noviembre, continuó hasta la mañana del jueves, concluyendo con la victoria de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
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La sesión estuvo marcada por un ambiente de tensión y críticas entre los legisladores oficialistas y la oposición, aunque muchas curules se encontraban vacías. A pesar de las acusaciones cruzadas, la aplanadora de Morena logró imponerse, desechando la mayoría de las reservas presentadas por los partidos de oposición.
Uno de los puntos clave de la discusión fue la modificación propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien propuso la creación de un nuevo órgano descentralizado bajo la Secretaría de Economía (SE). Este órgano absorbería las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aunque se les permitiría conservar su personalidad jurídica y patrimonio, lo que fue visto como una medida conciliadora por algunos diputados, incluso de la oposición.
A pesar de esta modificación, la extinción del INAI, junto con otros organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), fue aprobada, generando fuertes reacciones de los partidos opositores. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) calificaron la reforma como un ataque a la transparencia y la rendición de cuentas, acusando al gobierno de querer centralizar el poder y eliminar contrapesos fundamentales.
Los diputados de Morena, sin embargo, defendieron la medida, argumentando que los organismos autónomos habían sido creados en un periodo neoliberal y respondían a intereses de poderes fácticos. Según ellos, esta reforma busca fortalecer el Estado de Derecho y modernizar la administración pública.
El dictamen ahora será enviado al Senado para su discusión y votación. Al tratarse de una reforma constitucional, también deberá ser aprobada por dos terceras partes de los congresos locales antes de volver al Congreso de la Unión para su validación final y eventual promulgación.
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