El Instituto Nacional Electoral (INE) buscará que el Tribunal Electoral se pronuncie sobre la falta de recursos para organizar la consulta de revocación de mandato al plantear dos posibles soluciones ante la insuficiencia presupuestal: suspenderla o bien achicarla e instalar un tercio de las casillas que normalmente hay en una elección presidencial. Una impugnación de Morena, forzará un pronunciamiento del Tribunal y si eso no ocurre, la decisión quedaría firme.

Los integrantes del Consejo General del INE comenzaron este martes reuniones privadas para decidir si presentan el proyecto que frene por completo el proceso a partir del 2022 ante la incertidumbre presupuestal, o si continúan pero con un plan alternativo de menores dimensiones a las de una elección federal como indica la ley. Pues a pesar de los ajustes y ahorros aprobados hace una semana, sumaron apenas mil 500 millones de pesos, manteniendo un boquete de dos mil 300 millones, lo que los coloca en un escenario “imposible” para cumplir los estándares legales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió al INE que pese al recorte a su presupuesto debe cumplir con la realización de la consulta sobre revocación de mandato o de lo contrario los consejeros pueden incurrir incluso en responsabilidades penales.

El órgano electoral promovió la semana pasada la controversia 208/2021 contra el ajuste a su presupuesto de 2022. Este juicio fue admitido a trámite; sin embargo, el ministro Fernando Franco González Salas les negó la suspensión del acto reclamado, en lo que hace a cualquier posible suspensión de la consulta sobre revocación de mandato, por falta de recursos.

Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), así como que se exima al instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar, señala el acuerdo del ministro Franco.

Dicho artículo transitorio de la LFRM advierte que el INE debe hacer los ajustes presupuestales que fueren necesarios para la realización de la consulta.

El INE denuncia en su demanda el recorte de 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto para el año próximo que, afirma, le impediría cumplir con la consulta, programada para el 10 de abril.

Sostiene que dicho ejercicio democrático requiere 3 mil 830 millones de pesos.

La mejor opción mientras la Suprema Corte resuelve la controversia constitucional sobre le tema, es que sea el Tribunal Electoral como única instancia jerárquica superior la que defina cuál es la ruta a seguir.

Con la garantía de que cualquiera de los dos acuerdos serían impugnados por Morena ante la Sala Superior, los magistrados deberían indicar si el INE tomó la decisión correcta, ya sea de reducir en casi una tercera parte las dimensiones de la revocación de mandato o suspender el proceso en tanto exista certeza jurídica sobre lo que pueden hacer, o si ordena por el contrario, una opción distinta.

La sesión de este viernes, es la última prevista por el INE este año, por lo que una vez tomada la decisión comenzará el periodo vacacional que podría interrumpirse una vez que el Tribunal Electoral resuelva las posibles impugnaciones al acuerdo que se genere por parte del Consejo General.

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Controversia pendiente

En otra parte del acuerdo del ministro Franco sí se otorga al INE la suspensión provisional pero únicamente en cuanto hace al tema de los salarios, por lo cual sus consejeros y altos funcionarios podrán seguir ganando más que el Presidente de la República, por lo menos hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de esta controversia constitucional.

Es procedente la suspensión respecto a la forma en cómo se deben calcular las remuneraciones y demás prestaciones de los servidores del Instituto Nacional Electoral, señala el acuerdo.

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