La interpelación a un Ministro de Estado tiene como finalidad «formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo», como expone el Artículo 52 de la Constitución. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que estas instancias son usadas políticamente para disparar contra pilares estratégicos de un determinado gobierno, en donde el interpelador se transforma en una suerte de Pepe Grillo que le recuerda al interpelado lo que hizo mal.
Este 30 de septiembre, en la Cámara de Diputados se llevará a cabo la interpelación en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo. Las listas de espera, la deuda hospitalaria, la falta de especialistas, la administración del sistema AUGE y una supuesta mala gestión de parte de Castillo, son los principales argumentos esgrimidos para realizar esta solicitud.
Pero, ¿quiénes son los interpeladores de la ministra de Salud?
La solicitud, aprobada en la Cámara de Diputados por 46 votos a favor y 29 en contra, fue presentada por 40 parlamentarios de la UDI y RN, los partidos de la coalición de gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.
¿Y cómo anduvo el gobierno de Piñera en el ámbito de la salud?
La empresa de investigación de mercado y opinión pública, Cadem, se dedicó a revisar analíticamente los estudios realizados por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) desde marzo de 2010 hasta diciembre de 2013, con el propósito de identificar perspectivas, tendencias y el legado de los 4 años de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
La investigación separa por años las conclusiones respecto a salud, planteando lo siguiente:
Está entre las principales «promesas incumplidas» del gobierno (2010): «En general, la población no percibió cambios relevantes en esta temática, planteándose la necesidad de solucionar los problemas históricos en salud, asociados a las listas de esperas, colas en los consultorios, mala atención, falta de especialistas e infraestructura deficiente. Resulta interesante destacar que si bien la población valoraba fuertemente la reducción de las listas de espera de patologías AUGE que había logrado el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, todavía estaba esperando ver resultados concretos en sus consultorios, lo que sustenta la percepción de promesas incumplidas en este ámbito».
Se encuentra entre «los problemas que sustentan la percepción de desigualdad y una mala calidad de vida» (2011): «Se continúa percibiendo un sistema de salud poco accesible (falta de profesionales y largas esperas para ser atendidos) que no responden de una manera digna a las necesidades de los chilenos que utilizan el sistema de salud público».
La salud «se mantiene entre los principales problemas sociales que se han mantenido en el tiempo y que afloran con claridad en los estudios observados», agrega la investigación, respecto al año 2012: «El sistema de salud público continúa siendo un sistema lento e indigno. Esto, en tanto se considera que la infraestructura es insuficiente, se recibe un trato poco cordial y las esperas para conseguir una hora aún no se solucionan».
El análisis finaliza planteando que «se valora que se reduzca el 7% de salud a los jubilados, dado que se considera que medidas como estas contribuyen a mejorar el bienestar de la tercera edad» y que se observa como un legado el postnatal de seis meses, ya que «un segmento importante de chilenos (especialmente mujeres) valoran fuertemente esta medida, la cual es interpretada como reflejo de una preocupación por la familia y su calidad de vida».
Macaya y el Caso Penta
Quien estará en frente de Carmen Castillo será el diputado UDI e integrante de la Comisión de Salud, Javier Macaya.
“Estimado Jovino. La lista más depurada, de acuerdo a lo que conversamos, es: Roberto Leiva, Las Cabras, $ 3 millones. Gustavo Valderrama, alcalde San Fernando, $4 millones. Eduardo Cornejo, concejal San Fernando, $ 2 millones. Fernando Maluenda, un concejal de San Fernando, $ 1 millón. Mercedes Maulén, concejal Peumo, $ 1 millón. M.J. Bustamante, un concejal, Pichidegua, saludos. Javier Macaya”. El documento corresponde a uno de los correos electrónicos dados a conocer en junio de este año y que revelaron el rol que jugó el diputado de la UDI en la recaudación de fondos junto al ex senador, Jovino Novoa.
Novoa está hoy imputado por la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas y posteriormente utilizadas para el financiamiento de campañas, en el marco del Caso Penta.
“Estimado Carlos Eugenio, de acuerdo a lo conversado con Jovino le hice llegar una lista más depurada que es la que viene más abajo, priorizando lo que hablamos. Un abrazo y de verdad muchas gracias”, escribe luego Macaya a Carlos Eugenio Lavín, uno de los controladores de PENTA, hoy imputado por la presunta entrega irregular de dineros a campañas políticas y formalizado junto a Carlos Alberto Délano por delitos tributarios y soborno. Tras una respuesta de Lavín -“Javier, ok con tu lista”- Macaya le escribe: “De verdad muchas gracias, va a ser muy importante para el éxito de los candidatos. Un abrazo y a disposición para lo que necesites. Javier Macaya”.
«No es lo mismo financiamiento irregular (…) que haber solicitado dinero para que se aporte por la vía legal», aseguró respecto a estas gestiones el diputado de la UDI e interpelador de la ministra de Salud, Carmen Castillo.
Javier Macaya debió también salir a dar explicaciones cuando en abril de este año se dio a conocer una boleta a SQM por parte de su esposa, Constanza del Pilar Farías Prieto, fechada en octubre de 2012, por un total bruto de $5 millones. «Ella, antes que ‘señora de’, es abogada, es profesional y asumo que desde esa perspectiva no hay ninguna incompatibilidad para que ella ejerza su labor como abogado», aseguró el diputado gremialista.
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