El impacto público ocasionado por las «inversiones» del Partido Socialista en diferentes grupos económicos, lo que fue dado a conocer por un reportaje emitido por el noticiero central de Mega, Ahora Noticias, aumenta la grieta entre la ciudadanía y la institucionalidad.
Más aún cuando desde el partido de la presidenta Bachelet las excusas fueron más que insuficientes, dado que a través de un comunicado señalaron que estas inversiones -que perduraron por 14 años- fueron un «error». En ese sentido, el comunicado consigna, a modo de excusa, que «nunca un dirigente o militante de nuestra organización se ha visto beneficiado personalmente por dichas inversiones». Y junto a ello, se agrega: «Efectivamente, aunque haya sido una práctica legal, constituyó un error realizar determinadas inversiones que fueron terminadas en su oportunidad».
Respecto del actual escenario, las declaraciones del PS, Álvaro Elizalde, fueron tan pobres como el comunicado preparado por la mesa directiva, cuando señala que “yo no soy Piñera, y el estándar que vamos a establecer va a ser tan alto que le va a ser muy difícil seguirnos el ejemplo”.
Pero el escenario sigue siendo poco claro. Si bien con la nueva Ley de Transparencia los estándares de probidad se elevaron, aún no se cuenta con las herramientas necesarias para llevar adelante una mayor fiscalización.
Al respecto, Octavio Del Favero, coordinador legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente, concuerda con este punto y señala en conversación con El Ciudadano que «no contamos con instrumentos adecuados para seguir estos casos. La única obligación de los partidos era la entrega de los balances financieros al Servel, pero sin los detalles que permitan contar con la información de donde estaba invertida esa plata».
Aunque Del Favero cree que las «inversiones» del PS no son «un fenómeno extendido en todos los partidos», cree que sí «es necesario que los mismos partidos hicieran el ejercicio retrospectivo de informar sobre su patrimonio. Estamos en las manos de estas organizaciones en este sentido».
Nuevas reglas a los partidos
La nueva Ley de Transparencia impone nuevos límites a la actuación de los partidos y sus formas de financiamiento. De ese modo se busca impedir que se concreten conflictos de interés, esto tras las recomendaciones de la Comisión Engel.
En este sentido, el investigador de la fundación Ciudadano Inteligente sostiene que «hoy por primera vez se regula qué pueden hacer los partidos con su patrimonio. Tienen dos opciones: Instrumentos de bajo riesgo de conflictos de interés (bonos emitidos por el Banco Central y fondos mutuos), que no tienen actividades empresariales; la otra opción es la constitución de un fideicomiso ciego, cuya ventaja es que no se tiene conocimiento de las inversiones».
«Creemos que estos tres instrumentos son los más efectivos para controlar los conflictos de interés», recalca Del Favero.
De todas formas vale la pena preguntarse si es pertinente impulsar nuevas iniciativas para asegurarse que los dirigentes de los partidos no se pierdan en sus decisiones. Así, Del Favero cree que «a nivel legislativo lo que se puede hacer es que se establezcan estas reglas de transparencia y que se establezca un desarrollo jurisdiccional que apunte a la transparencia de los partidos». Y, además, agrega que un ideal sería que «cualquier ciudadano pueda pedir información al partido y que el Consejo de Transparencia tenga mayores atribuciones, así se puede mover la barrera de lo que se debe transparentar».
Finalmente, el coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente recalca en el punto que él considera más importante: «que las militancias entiendan que deben asumir actitudes de mayores aperturas».