El Presidente del MAS, Felipe Hazbún, junto al Juez Juan Guzmán, candidato parlamentario del MAS, reiteraron la necesidad de una Nueva Constitución que enmarque las nuevas necesidades de Chile. Para ello, establecieron su compromiso a impulsar una Consulta Ciudadana o plebiscito donde los chilenos puedan manifestar si desean una nueva Carta Fundamental, y convocar a una Asamblea Constituyente.
El Juez Guzmán posee gran trayectoria impulsando una asamblea constituyente para Chile; el MAS tiene como premisa fundamental la necesidad del cambio de constitución, y para nuestro candidato presidencial también es un punto central, que está incluido en sus 150 medidas de gobierno. Nuestro país cambió, tiene nuevas necesidades, tiene un nuevo orden institucional, tiene nuevos ideales, que no representa la constitución de Pinochet. Es necesario proteger nuevos derechos, cambiar el sistema político y de elección de representantes, descentralizar Chile, incluyendo a la ciudadanía en las decisiones para que realmente tengan poder de decisión en las políticas públicas, para que Chile decida por Chile, no sólo la clase política”, señaló Hazbún.
Tanto el presidente del MAS como el Juez Guzmán establecieron su compromiso de impulsar “una gran Consulta Ciudadana, con todas las organizaciones sociales que quieran sumarse activamente en esta iniciativa, pues escuchamos ese clamor popular para una Nueva Constitución, mientras el gobierno ha hecho oídos sordos. Si logramos dejar claro que es una necesidad popular y mayoritaria, tanto el gobierno como los demás candidatos presidenciales deberían pronunciarse sobre una Asamblea Constituyente” dijo el dirigente.
Por otra parte, Hazbún y Guzmán también expresaron su opinión respecto a la ceración del Instituto de Derechos Humanos, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados. “Creemos que el proyecto tiene varias deficiencias, como la imposibilidad que el Instituto pueda querellarse por delitos de lesa humanidad, lo que quiere salvarse mediante un veto aditivo de la Presidenta. Además, el Instituto no posee autonomía en su designación ni actuar, pues el gobierno designa cuatro de sus ocho funcionarios. No podemos permitir que la política de DDHH esté determinada pro el gobierno de turno; por ejemplo, si Piñera estuviese en el poder, no se qué podríamos esperar de quienes designe la derecha en el Instituto. Por último, el objeto del Instituto no se enmarca en el actual desarrollo e investigación de los derechos humanos en general, pues se deja de lado un montón de derechos, como los que tienen que ver con la educación, la participación ciudadana, los servicios básicos y también los sociales, entre muchos otros. El desarrollo del estudio en derechos humanos apunta hacia la omnicomprensión de ellos como un todo, no sólo a la defensa de los delitos de lesa humanidad, y eso es algo que el Instituto de Derechos Humanos no tiene en sus principios instauradores. De todas maneras, es un avance que se institucionalice la defensa de los DDHH”, concluyó el dirigente del MAS.
Por Raúl Urbina
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