Jufed rechaza las acusaciones de la UIF sobre corrupción en el Poder Judicial

La reciente reacción de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) a las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, ha causado gran controversia. En lugar de abordar directamente los señalamientos de corrupción y complicidad con el crimen organizado que la UIF lanzó contra el Poder Judicial, la Jufed optó por rechazar las acusaciones sin presentar pruebas que desmintieran los dichos del funcionario, enfocándose más en un ataque mediático contra la UIF.

Véase también: UIF denuncia que jueces federales desbloquean millones de pesos en casos de lavado de dinero

El titular de la UIF, en su comparecencia del martes pasado, señaló que los jueces federales y magistrados son uno de los principales obstáculos para las investigaciones sobre lavado de dinero y narcotráfico. Según Gómez, el Poder Judicial se ha convertido en una de las barreras más difíciles de superar para el gobierno en su lucha contra el crimen organizado y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, en lugar de ofrecer respuestas claras sobre estas acusaciones, la Jufed se limitó a calificar los señalamientos como «infundados» y a acusar a Gómez de lanzar una «campaña de desprestigio».

Esta respuesta de la Jufed ha dejado en evidencia una postura defensiva, más preocupada por proteger el prestigio de la Judicatura que por aclarar la situación ante la opinión pública. En lugar de ofrecer hechos y pruebas que refutaran las acusaciones, la Jufed recurrió a un tono beligerante, calificando las declaraciones de la UIF como una afrenta contra el honor y la dignidad de los jueces federales, sin realmente abordar las preocupaciones planteadas sobre la posible colusión del Poder Judicial con actividades ilícitas.

Lo que resulta aún más inquietante es que, al descalificar las acusaciones del titular de la UIF, la Jufed no ha hecho un esfuerzo por demostrar la transparencia y legalidad de sus procesos. Lejos de ser una respuesta constructiva, la postura adoptada por la Jufed parece más un intento de desviar la atención de las pruebas y las denuncias graves que se hacen desde el gobierno. En lugar de colaborar para encontrar soluciones a la creciente corrupción y al crimen organizado, la Jufed se ha centrado en defender su posición, sin demostrar de manera convincente que el Poder Judicial es completamente ajeno a estas problemáticas.

El hecho de que la Jufed insista en que sus miembros son garantes de los derechos humanos y la justicia, mientras se resisten a examinar las acusaciones en su contra, genera más dudas que respuestas. ¿Por qué no se ha abierto una investigación interna que aclare la situación? Si los jueces federales realmente están comprometidos con la justicia y la transparencia, deberían ser los primeros en dar la cara ante las acusaciones y en demostrar que no hay lugar para la corrupción en su institución.

Además, la respuesta de la Jufed parece ignorar el contexto de la crítica del gobierno. En lugar de afrontar la realidad de que el Poder Judicial podría estar siendo utilizado para proteger intereses corruptos, se ha centrado en atacar a la UIF, una institución que intenta cumplir con su rol de combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Es difícil no preguntarse si la Jufed está más preocupada por defender su autonomía y proteger a sus miembros, que por hacer frente a las verdaderas amenazas que enfrenta el país en términos de justicia y seguridad

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