El empresario canadiense Clemente Ponce Molina interpuso una querella por el supuesto delito de ejercicio ilegal de la profesión en contra del ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a quien acusa de haber fraguado un “complot” para alejarlo de la construcción del proyecto Nueva Calama de Codelco en 2003 y que – según sostiene – hizo perder al Estado un total de $200 millones de dólares en favor de una empresa que compitió en la misma licitación.
La acción es similar a otra que fue presentada en el verano por el ciudadano extranjero ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, dirigida a esclarecer la posible falsificación de documentos entregados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en torno al certificado de licenciatura de Insulza, todos ellos antecedentes que fueron aportados a Ponce en virtud de la Ley de Transparencia.
El texto del libelo señala que “como se acreditara mediante Decreto Supremo Nro. 1641 del 31 de diciembre del año 1991 (Insulza) fue contratado como Abogado, sin tener dicha calidad, para luego aparecer jurando como abogado el 30 de noviembre de 1992, mediante la obtención de documentación ideológica y materialmente falsa de su calidad de Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile”.
Más adelante, se afirma que el ex ministro del Interior de Ricardo Lagos no habría realizado su práctica profesional mientras desempeñaba funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Aylwin, ni habría concurrido “a jurar como abogado ante la Excma. Corte Suprema”, ya que no existiría “prueba material alguna de su asistencia a la audiencia de juramento del día 30 de noviembre de 1992”.
La querella fue ingresada por el abogado de Ponce, Daniel Castillo Uslar, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, pero el tribunal se declaró incompetente y resolvió derivar el expediente al 34 Juzgado de Garantía ya que los hechos de la querella “acaecieron con anterioridad al 16 de junio de 2005”, es decir, antes de la Reforma Procesal Penal y corresponde que sean investigados bajo el sistema antiguo, según dictaminó el juez Patricio Álvarez Mandini.
Contactado por este medio, el abogado de Clemente Ponce afirmó que los detalles del caso están siendo analizados en Washington por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y la propia OEA, ya que de configurarse un delito, éste existiría en calidad de continuado y se habría consumado tanto en suelo chileno como estadounidense.
Una de las “inconsistencias” observadas por Castillo dice relación con una ficha estudiantil de José Miguel Insulza que presuntamente data de 1969. El número de carnet con el que contaba el ex ministro en esa fecha era el 7472, pero en el documento entregado por la Universidad de Chile a Ponce hay una fotografía que no concuerda con el aspecto que Insulza tenía y además aparece un RUT que el militante PS obtuvo años después.
DE ACUSADO A ACUSADOR
Según consta en documentos judiciales que El Ciudadano tuvo a la vista, durante su ejercicio como secretario de Estado, Insulza dedujo una querella criminal en contra del mismo empresario Clemente Ponce, luego de que éste llegara a la embajada de Canadá con una carta de recomendación falsa, entregada a él por un estafador, que tenía por objeto dar facilidades para un levantamiento de viviendas fiscales en la zona centro sur del país.
Luego de 11 años de investigación, afirmando ser víctima de un montaje y señalando una multiplicidad de vicios en el proceso judicial, Ponce fue sobreseído de los cargos.
En 2012, Ponce remitió una declaración de veracidad y hechos (affidavit) desde Miami, Florida, al gobierno de Canadá, en donde acusó al ex timonel de la OEA de estar detrás de un “complot” para denostar su reputación y marginarlo así del proyecto Nueva Calama, que consistía en edificar más de dos mil casas para el traslado del campamento Chiquicamata con apoyo de varias empresas canadienses.
La oferta de precio original de Ponce era de 14,5 UTM por metro cuadrado construido, cifra que superó las 34 UTM cuando fue apartado de la licitación y el proyecto se lo adjudicó otra empresa. Lo anterior, a juicio del chileno-canadiense, constituyó una defraudación al Estado, todo gracias a las acciones penales emprendidas por Insulza.
En los últimos años, el empresario ha solicitado al gobierno de Canadá que investigue administrativamente por qué se permitió que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI tomaran declaraciones a dos miembros del cuerpo diplomático de ese país fuera de los protocolos de inmunidad que deben imperar en estos casos.
Dicho “espionaje”, según expresa Ponce en uno de sus escritos, sólo fue posible porque el juicio “fue puesto en acción” por el ex ministro Insulza, a quien describe como “el hombre más temido en Chile después de Pinochet”.
Es por esta razón que la nueva querella por supuesto ejercicio ilegal presentada por Ponce también busca perseguir a Insulza por los daños ocasionados con el proceso judicial que siguió en su contra desde La Moneda.
El Ciudadano intentó contactar a Insulza a través del Partido Socialista pero no fue posible obtener un pronunciamiento de su parte.
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