La casta plutocrática oligárquica, cuyos personajes pululan en un Congreso -que el 90% de los chilenos rechaza – y que dirigen partidos políticos en los cuales sólo el 4% de los ciudadanos, según la última encuesta CEP, estaría dispuesto a avalarlos e, incluso, pertenecer a alguno de ellos, y 96% no les cree ni en lo que rezan. Ser político en Chile para el ciudadano de hoy es equivalente a ser mafioso ladrón, pillo, en fin, un espécimen completamente falto de ético; la realidad muestra que en las elecciones parlamentarias vota apenas un 40%, y muchos de los diputados y senadores representan sólo el 8% del universo electoral, en consecuencia, representan a muy pocas personas. Este cuadro se puede definir como una crisis de representación, credibilidad, legitimidad, gobernabilidad y eficacia.
A través de la historia, casi siempre las castas oligárquicas han hecho hasta lo imposible para hundirse a sí mismas: no captan que están en peligro de caer al abismo; algo similar está Chile, pues ofenden a los pobres – el 80% de los ciudadanos – pagándose $8.000.000 y reajustando su sueldo mensual en $500.000, lo que constituye una cachetada a la gente, cuando precisamente estamos sufriendo una merma en el crecimiento y una alta inflación.
Para rematar el desprestigio de la clase dominante, ahora se suma el que la Cámara de Diputados acuerda un minuto de silencio para homenajear al chileno más asesino y ladrón que pasado por nuestra historia. Al menos, esta vez los diputados de la Nueva Mayoría abandonaron el recinto para manifestar su desacuerdo, actitud que no tuvieron los diputados comunistas en el homenaje al “genio del mal”, Jaime Guzmán Errázuriz – con la salvedad de la diputada Camila Vallejo -.
Ahora, al pasar al Penta Gate, asistimos a uno de los mayores escándalos de nuestra historia política, protagonizados por los dirigentes y parlamentarios de la UDI, una agrupación política de ultraderecha, franquista y que agrupa a muchos de los “pedófilos de Cristo”. La justicia acaba de permitir que se use como elemento de prueba en el juicio penal por fraude al FUT la conversación entre Hugo Bravo y Carlos Alberto Lavín:
“Mal pensado. Se le olvidó que le pagué $100.000.000 a Pablo Longueira, en efectivo. Y otro tanto a Golborne (Laurence) y a un montón de personas”.
“Carlos Lavín: ¿A Golborne contra qué se le pago?”
“A Golborne, desgraciadamente, contra boleta. Se le pagó antes y después como $400.000.000 a Eva von Baer, se le pagó cuando era precandidata acá y después en el sur”.
“Yo creo que tiene que haber una boleta de Jovino Novoa metida. A Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $140 o $150.000.000. Los millones los cobraba en efectivo y los sacaba del Banco Penta”
“Ningún otro banco me entrega $50.000.000 en billetes sin preguntar
“Giré cheque míos a Moreira y Zalaquett, que nos pidió en efectivo Coca de Castro. No me acuerdo de los otros candidatos. Algo le pasó “el Choclo” (Delano) a Ernesto Silva en efectivo”.
“$32 o $33.000.000 en donación directa al Registro Electoral, el máximo a la UDI y el máximo a Évelyn (Matthei) en la segunda vuelta”
“Pero eso es legítimo”.
La conversación continúa sobre las penas que puede sufrir Hugo Bravo: que le gire un cheque a Impuestos Internos y así la causa se suspenda, le aconseja Lavín a Bravo; que sea condenado a 541 días con pena remitida; la peor de todas, que tuviera pena de cárcel.
Si revisamos la historia de cualquier país del mundo podremos comprobar que los grandes escándalos constituyen el anuncio de un reventón de las crisis de representación y legitimidad que, por desgracia, terminan en la aparición de un salvador carismático, o bien, de un dictador armado, o un jacobino con gorro frigio. Ninguna de estas salidas es deseable, pero las oligarquías en el poder están haciendo todo lo posible para hundir, al menos en Chile, nuestra mediocre democracia, agravada por la mantención de una Constitución espuria e ilegítima.