La Constitución ahoga a la democracia

Tímidamente comienza a despertar el rechazo ciudadano a la Constitución promulgada en 1980 por la dictadura y reformada parcialmente en el gobierno de Ricardo Lagos. La Red de Estudiantes por la Asamblea Constituyente, junto al Comité de Iniciativa por la Asamblea Constituyente -liderado por el abogado Roberto Garretón-, la Red Ecológica de Chile y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) invitaron a a utilizar la elección municipal para manifestar la voluntad de contar con una Constitución realmente democrática escribiendo en el voto: “Asamblea Constituyente”.

En julio de 2007 partió la campaña por una nueva Constitución. Se reunieron dirigentes políticos, personalidades y un amplio abanico de fuerzas sociales que suscribieron el llamado. Incluso juventudes de partidos oficialistas lo apoyaron. Entre las personalidades destacaban el ex canciller Enrique Silva Cimma, el ex diputado Andrés Aylwin, el ex ministro Jacques Chonchol, el ex juez Juan Guzmán Tapia, Jorge Arrate, los senadores Nelson Ávila, Alejandro Navarro, Jaime Gazmuri, los diputados Marco Enríquez-Ominami, Alejandro Sule, René Alinco; el presidente de la ANEF Raúl de la Puente, el humanista Tomás Hirsch, Tomás Moulian, Nicanor Parra, José Miguel Varas, Raúl Zurita, Juan Pablo Cárdenas, Armando Uribe y Fernando Castillo Velasco, entre otros, y agrupaciones de chilenos residentes en Argentina, Brasil, Suecia, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza y Canadá.

Pocos días antes de las elecciones municipales un grupo de jóvenes se dieron cita en el Paseo Ahumada y marcharon hasta la Plaza de Armas repartiendo volantes y llamando a la ciudadanía a marcar su voto con el mensaje: Asamblea Constituyente. No asistió ninguna de esas personalidades y políticos que apoyaron en su momento la iniciativa. Tampoco aparecieron las juventudes políticas ni la FECH.

“La Constitución no representa la voluntad del pueblo chileno. Fue impuesta para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a empresarios”, dice Matías Sagredo, estudiante de Pedagogía en educación diferencial en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), el ex Pedagógico, coordinador de la Red de Estudiantes. Esta nació “a partir de que nos dimos cuenta que la LOCE no se puede cambiar mientras no cambie la Constitución. Es imposible, porque la Constitución somete a todas las leyes… A partir de eso, nos fuimos informando de cómo cambiar la Constitución. Hoy somos un movimiento y difundimos la idea de que hay que convocar a una Asamblea Constituyente”, agrega.

Los jóvenes de la Red de Estudiantes tienen claro que la lucha por cambiar la actual Constitución es difícil, aunque saben de ejemplos en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y Colombia. “En este último país, la iniciativa de una nueva Constitución surgió desde el movimiento estudiantil colombiano, utilizando los comicios municipales más de un millón de ciudadanos marcó ‘Asamblea Constituyente’, y ello forzó que, en la siguiente elección presidencial se emitiera una papeleta adicional -denominada ‘papeleta de los estudiantes’-, en la que los electores tuvieron la oportunidad de pronunciarse y millones lo hicieron a favor de una Asamblea Constituyente… La Constitución chilena es claramente una de las más autoritarias, antidemocráticas y represoras del mundo. No hay que olvidar que nació de una dictadura brutal. Supuestamente un 67 por ciento la aprobó, pero no había registros electorales, nadie supervisó ese plebiscito. La Constitución pinochetista sostiene el sistema económico que tiene al país sujeto a la pobreza, a vivir del crédito, con sueldos de hambre, y no sólo en las dificultades económicas, sino en la tristeza, el estrés y la enfermedad mental”, agrega.

En la Red participan jóvenes estudiantes de las universidades de Chile, Padre Hurtado, Central, Bolivariana, y de algunos liceos de la capital. Se proyectan interconectar a otros “movimientos, centros de alumnos, organizaciones de derechos humanos, sociales y de base. Articular a todas las organizaciones de base, que son miles, y que apoyan una Asamblea Constituyente”, dice Matías Sagredo.

Para el abogado Roberto Garretón “la Constitución ampara a los poderes fácticos que se sirvieron de la dictadura y que hoy siguen gozando de privilegios, ejerciendo un control decisivo sobre la economía, instituciones políticas y medios de comunicación. La Constitución de 1980 no sólo es ilegítima en su origen; es antidemocrática, privilegia la renta y el lucro por sobre la dignidad humana, el poder económico y jurídico queda fuera del alcance y control de la ciudadanía, y establece obstáculos insalvables para su modificación. Es la continuidad jurídica de la dictadura e impide el establecimiento de un régimen verdaderamente democrático. Es una Constitución que no es nuestra. La hicieron un grupo de sujetos nombrados por el dictador Pinochet, dentro de los cuales no había ningún demócrata, sólo fascistas. Elaboraron un texto de acuerdo a sus intereses. Esa Constitución ha tenido varias reformas, algunas buenas y otras malas, pero que no afectan el núcleo duro, que es entregar al pinochetismo un poder de veto. El pinochetismo sigue teniendo poder por los trucos que inventaron los Jaimes Guzmán y otros. La Constitución fue impuesta. El plebiscito del 80 no tenía ninguna validez. Usurparon la voluntad popular para hacer lo que quieren. Gran parte de las demandas y reivindicaciones de todos los sectores sociales tienen un telón de fondo que es la Constitución. No se puede avanzar en los cambios que Chile necesita. Queremos cambiar la LOCE, todos los sectores democráticos están de acuerdo, pero no se puede porque los pinochetistas no quieren. Todos queremos un Plan Auge distinto con un pilar solidario, no se puede porque los pinochetistas dijeron ¡No! ¿Por qué no hay más subsidios de vivienda? Porque hay que modificar la ley de presupuesto, etc., etc. Es permanente la agresividad institucional, y constitucional, que viene del Estado y afecta a cada uno de los ciudadanos. La gran doctrina de los derechos humanos se basa en decirle al ciudadano: Usted vale y el Estado debe respetarlo, pero si el ciudadano está en una segunda categoría por ley, la verdad es que ni siquiera se puede hablar de ciudadanía”.

Para las organizaciones que buscan el cambio de la Constitución todas y cada una de las frustraciones y angustias que afectan la subsistencia y bienestar de la gran mayoría de los chilenos, derivan del modelo económico e institucional que ampara la Constitución. “Favorece la concentración monopólica de la propiedad y agudiza la injusticia social. Así, el capital extranjero ha llegado a controlar la mayor parte del cobre, recursos hídricos, sistema previsional, energía, sistema bancario, telecomunicaciones, etc., sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional. La inestabilidad y la precariedad del empleo, la deficiente atención en salud, educación y vivienda, la gravísima destrucción del ecosistema, el deterioro de la calidad de vida en nuestras ciudades, la impunidad que beneficia a muchos civiles y militares responsables de graves crímenes contra la humanidad, la discriminación y el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la corrupción y el clientelismo presentes en el aparato público, la crisis del transporte urbano y la escandalosa y creciente desigualdad entre ricos y pobres, son resultado de un modelo económico e institucional que se ampara en el Decreto Ley Nº 3464, dictado bajo Estado de Sitio por la Junta Militar y denominado ‘Constitución Política del Estado’. Las reformas parciales aprobadas en el plebiscito de 1989 y por el Parlamento, desde 1990, han dejado intacta su naturaleza plutocrática y autoritaria”, señala el Comité de Iniciativa por la Asamblea Constituyente.

Para el ecologista Claudio Escobar, “es una vergüenza seguirnos rigiendo por una Constitución heredada de la dictadura. Creo que todo el sistema político chileno no ha hecho nada por cambiarla de verdad sino que son complacientes con las herramientas que les entrega para seguir perpetuando en el país el sistema neoliberal y un espacio de vida realmente opresivo. Siento que Chile es un país profundamente opresivo y parte de esa opresión tiene sus raíces en la Constitución. Voté nulo porque nadie de esta clase política me representa, pero me parece significativo que diversas entidades ciudadanas estén por plantearse el cambio de la Constitución y por la realización de una Asamblea Constituyente y Popular, porque si se hace una Asamblea de los poderosos no nos sirve. Aquí en Chile siempre se sientan a la mesa los poderosos. Yo quiero que estén representados todos los sectores. América Latina está avanzando y Chile va muy detrás. Desde la perspectiva ambiental que es la que me interesa acaba Ecuador de aprobar una Constitución donde reconoce el derecho a la naturaleza, al agua, en Chile estamos a años luz respecto de los pueblos originarios y del tema ambiental, por nombrar algunos”.

Según los jóvenes de la Red, que no superan los 22 años, la mayoría de los chilenos, más allá de sus diferencias ideológicas o valóricas, rechaza la constitución pinochetista. Se debiera iniciar un proceso de consulta y organización ciudadana que exija la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Carta Fundamental que haga efectivas las libertades, derechos y restituya la soberanía nacional a manos del pueblo. Para conservar la institucionalidad, las elites fomentan la apatía y desalientan la cohesión y solidaridad en la base social. Poco más de tres millones de ciudadanos no participan en los procesos electorales, ya sea por no inscripción, abstención, o porque al rechazar las alternativas que se presentan votan nulo o blanco. Esa cifra representa el 30.5 por ciento del padrón electoral potencial.

“Nuestro objetivo es generar un gran movimiento ciudadano que exija la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución en la que se garanticen los derechos humanos, económicos y sociales. La actual Constitución debiera avergonzar a un país democrático. Fue creada por Pinochet, complementada por leyes de una junta militar y reformada después sólo para tímidamente eliminar la tutela armada. Apenas menciona las palabras democracia, pueblo, derechos humanos, dignidad; alude magramente a la participación social e integración comunitaria; restringe el ejercicio de la política y evita referirse a los indígenas, la mujer, los jóvenes. Sus términos favoritos son deber y seguridad nacional”, añade Roberto Garretón.

Para Bruno Sommer, director del periódico El Ciudadano “la actual Constitución es un texto heredado de la dictadura, hecha a puertas cerradas, antidemocrática, en la que no hay participación de la ciudadanía… Aunque así ha sucedido con todas las constituciones de Chile a lo largo de su historia. Hoy estamos en un momento en que países como Venezuela, Bolivia y Ecuador están iniciando procesos democráticos, asambleas constituyentes, aprobando nuevas constituciones, y ya es el turno de Chile. Algo que es muy importante es que si generamos una asamblea para tener nueva constitución la ciudadanía debe ser partícipe de este proceso desde un comienzo, porque sino vamos a terminar con una Constitución hecha nuevamente por un grupo de personas”, dice.

“La Constitución es el marco que nos rige completamente, si queremos contar con una educación pública gratuita, eso pasa por un cambio en la Constitución; la renacionalización del agua que hoy día está en un 93 por ciento en manos extranjeras, igual. Nada de eso está en la agenda de los partidos políticos. Pienso que tiene que haber un proceso de información hacia la ciudadanía porque hay desconocimiento de lo que es una nueva Constitución, la gente esta metida en la farándula, en la televisión, y hay una responsabilidad enorme de los medios independientes que debemos ser una caja de resonancia de la agenda de la sociedad civil que dice, entre otras reivindicaciones, una nueva Constitución para Chile”, agrega Bruno Sommer.

Entre los grupos que apoyan esta iniciativa está la Federación de Asociaciones Chilenas Residentes en la República Argentina (Fedach), que señala: “Adherimos a una nueva Constitución democrática, que incluya y represente a todos los chilenos y chilenas, independiente del lugar de su nacimiento y del territorio donde residan”. El pronunciamiento se produjo tras el fracaso del proyecto de legislar sobre el voto de los chilenos residentes en el exterior. Ha habido varios intentos de legislar sobre esta materia durante los 17 años del gobierno de la Concertación, “sin participación representativa de los implicados, y donde el gobierno ha cedido reiteradamente en cuanto al derecho pleno de los chilenos en el exterior. Queremos una Constitución que garantice el reconocimiento institucional de los chilenos residentes en el exterior, como población de la Región Extraterritorial de Chile, y que garantice un sistema electoral democrático, republicano, igualitario y proporcional. Que reconozca a la Región Extraterritorial de Chile, como circunscripción electoral, que elija la cantidad de legisladores que corresponda, proporcionalmente a su población, que la represente en el Congreso Nacional”. De igual forma se ha pronunciado, entre otras, la Comunidad Chilena de Edmonton, en Canadá, que también exige “una nueva Constitución para Chile, pues a pesar de algunos intentos por reformarla, en lo esencial continua siendo la Constitución del dictador Augusto Pinochet”.

El historiador y dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) Carlos Ruiz, dice: “La Constitución Política de 1980 representa los intereses de la dictadura y del neoliberalismo. Hoy el país ha avanzado y necesita una nueva Constitución que refleje esos cambios en la sociedad,  y entregue la soberanía al pueblo. De hecho la Constitución de 1980 se nos impuso a sangre y fuego. No creo que el plebiscito de 1980 haya sido válido o que refleje el sentir de la mayoría del país. Actualmente hay un Congreso que representa a una minoría porque de acuerdo a la Constitución sólo quedan representados la derecha y la Concertación -la otra mitad-, aunque los votos reales digan otra cosa. La constitución del Congreso ya nos engaña y cada vez que queremos aprobar leyes sociales, la derecha y la Concertación derechista están en mayoría y se oponen a cualquier cambio que beneficie a los sectores populares. Están en una mayoría artificial frente a los intereses populares. Y es la Constitución la que afecta todo tipo de ámbitos e impide cualquier cambio, por ejemplo trabajar doce horas al día cuando debería haber una ley de ocho horas; temas como el acceso a la salud, o que seamos partícipes del presupuesto estatal, de las políticas públicas en educación, en infraestructura… todo eso tiene que ver con la Constitución, que obstruye las iniciativas y las leyes que representan la evolución actual de los intereses de la población chilena”, concluye.

Arnaldo Pérez Guerra

Fuente: www.elclarin.cl