La corrupción estructural y la crisis política del Estado neoliberal

Para qué repetir la cuña comunicacional “es el Estado estúpido”, utilizada en el original “es la economía estúpido” por William Clinton contra Bush padre al ignorar éste la recesión durante la campaña presidencial norteamericana de 1991. Hay una razón para no parafrasear el lugar común. Recordarnos que no debemos caer en la trampa de los politólogos neoliberales y de los constitucionalistas en sus análisis que separan la política y lo jurídico (el Estado) de lo económico o de las estructuras económicas y de propiedad. Entender las interrelaciones entre estas dos formaciones históricas nos permite comprender mejor las características del neoliberalismo chileno.

Más claro aún: los dirigentes de la Nueva Mayoría (NM=ex Concertación+Partido Comunista) y de la oposición zigzaguean y hacen fintas para evitar ir al meollo del asunto con sus dichos, frases y acuerdos para consumo mediático.

No obstante, los estrategas del gobiernista Partido Por la Democracia (PPD) nos informan en qué consiste la táctica de ocultamiento del problema que la NM aplica. Según un mini documento especial, de cinco páginas, titulado “Diagnóstico y posibles caminos de salida” para “ayudar a la línea de intervención de la dirección del partido” en el debate, no se trataría de “una crisis institucional del Estado” sino que de “la clase política y del empresariado”. Aparte de lo pomposo del título hay poca enjundia en un texto de cinco páginas para analizar una coyuntura compleja que tiene sus antecedentes en la propia historia de la transición pactada para consolidar el ordenamiento político liberal. Según el análisis del PPD, si la crisis “focaliza en los políticos”, se debería a “errores de manejo (comunicacional y mediático) del gobierno y de la Nueva Mayoría”.

Como sabemos, tanto los errores en “las estrategias comunicacionales” como los llamados a “la ética” son los recursos retóricos de turno para eludir lo significativo.

Bachelet no tenía otra opción. No podía decir del vamos lo inconfesable. Que conocía los detalles del negociado especulativo de Caval-(Dávalos-Compagnon)-Banco de Chile (Grupo Luksic). No le quedaba otra estrategia comunicacional que la del cuentagotas. En razón a lo que hoy sabemos.

Corrupción estructural y neoliberalismo

Para situarnos. La faramalla, los partidos del dupopolio la hacen justo en momentos en que los datos recopilados demuestran que la corrupción es un problema estructural. Los informes de prensa y las declaraciones a la fiscalía de los implicados directos en los casos de financiamiento delictivo empresarial de la política y de fraude al fisco con SQM, así como de especulación, tráfico de influencias, junto con el manejo de información privilegiada de Caval, dan cuenta de la amplitud transversal del fenómeno de la corrupción que ha derivado en una crisis profunda del sistema político y del Estado. Crisis, porque éste se ha consolidado para impedir la satisfacción de las demandas ciudadanas democráticas. Ejemplo: nunca van a aceptar someterse al veredicto de un plebiscito.

Además de ilustrar cómo la institucionalidad neoliberal ha incubado durante años verdaderas máquinas corruptoras, donde se coluden empresarios y políticos de las dos coaliciones, incluido el Pro de Marco Enríquez-Ominami con pedidas de plata a Ponce Lerou-SQM, para atentar contra el funcionamiento democrático de las instituciones, se desprende de las recientes declaraciones de la nuera de la Presidenta a la fiscalía, la existencia de una verdadera trama de tipo mafiosa que incluye a políticos de la Nueva Mayoría y de la UDI coludidos con los banqueros del clan Luksic.

Aquí hay trampa, pero es el Estado el tramposo. Este hace creer que ha gobernado y gobierna para todos, pero lo hace siempre, en última instancia para una poderosa  minoría socioeconómica y su servidumbre de tecnócratas y políticos. Salvo ahora, quizás, cuando debido al escándalo de la delincuencia de elite empresarial y política y, también, por esas “razones” de Estado que obligan a salvar las apariencias, les está cayendo el peso de la ley.

Crisis política y capitalismo neoliberal 

En definitiva, tenemos ante nosotros una serie de realidades escandalosas, pero inscritas en la lógica misma del capitalismo neoliberal (financiero, extractivista-depredador de la cual Penta, SQM, Quiñenco-Antofagasta Minerals son las joyas de la corona) que atestiguan cómo funcionan las instituciones políticas y los actores dominantes cuando han sido colonizados por el poder del gran capital nacional y extranjero.

Es en este marco que constatamos cómo las puestas en escena tratan de ocultar que las prácticas corruptas son una expresión del sistema político estatal que ha organizado la vida política chilena a partir de septiembre de 1973. En otros términos, es el Estado neoliberal mismo (el que traspasó empresas del área social al sector privado) el que está en crisis ya que sus componentes (organismos, aparatos, instituciones, normas y poderes) no han sufrido transformaciones sustantivas, sino al contrario han tenido ajustes neoliberales durante un cuarto de siglo en el marco de una transición pactada del régimen político de dictadura militar a democracia neoliberal (salvo la reforma procesal que se adaptó a ciertas exigencias democráticas en materia de derecho y a las conquistas en la lucha por los Derechos Humanos).

Qué prueba más contundente de la crisis que el nivel de confianza en el poder legislativo sea uno de los más bajos del mundo.

Dan ganas de establecer axiomas del tipo: a mayor abstención del voto ciudadano, menor legitimidad del poder político y legislativo. A mayor penetración y captura del Estado por el poder económico del capital, mayor corrupción y mayor riesgo de crisis del Estado.

La puerta giratoria que comunica ministerios o alta función del Estado con empresa privada, es otro índice del carácter neoliberal del Estado.

El sistema binominal de escrutinio y representación, así como el régimen presidencial —bien sabemos— forman parte del dispositivo acoplado propio del capitalismo neoliberal cuyo objetivo es que las distintas fracciones de la clase dominante y propietaria puedan ser “representadas” políticamente en la dirección o gobierno del Estado. Son las únicas formas democráticas aceptadas por los grandes empresarios. Es la razón por la cual se oponían incluso a las tibias reformas del programa de Bachelet, torpedeado del interior por la Democracia Cristiana, los socialistas de Camilo Escalona y la vieja guardia concertacionista.

Desde este ángulo (el de los conflictos y antagonismos de clase en el capitalismo neoliberal chileno), el proyecto del ideólogo Jaime Guzmán, que consiste en que los contrincantes políticos jueguen en la misma cancha y terminen siempre sometiéndose a las mismas reglas constitucionales tiene, como expresión material y corolario, un aparato burocrático con actores que representan a todas las fracciones de la clase dominante. Aparato burocrático que se extiende hasta las cocinas y salones de la casta oligárquica.

Esta armazón llamada Estado actúa como árbitro entre las fracciones dominantes y entre sus diversos aparatos (FF.AA, justicia, cámaras legislativas, contraloría, Servicio de Impuestos Internos, Tribunal constitucional, ejecutivo-ministerios) y  como garante de las relaciones capitalistas de producción y propiedad. Este Leviatán, bien sabemos desde Max Weber, Marx, Maquiavelo, Hobbes y otros, ejerce además “el monopolio del uso legítimo de la violencia”. Es, ¡y cómo olvidarlo! la forma que asume en territorio mapuche.

Una teoría del Estado 

Como bien lo expresó el teórico greco-francés Nicos Poulantzas en su libro clásico “El Estado, el poder y el socialismo” (1978), el Estado es una “relación” social de poder. Una “condensación material de una relación de fuerza entre las clases y las fracciones de clase” (1). Un “instrumento de la dominación de clase” sí, pero con una “autonomía relativa respecto a los intereses de las clases dominantes”, sostiene Poulantzas. Y su configuración particular (del Estado) en un período histórico es “simultáneamente factor y solución de todo tipo de crisis”. Lo que implica que las soluciones a la crisis política actual dependen de quien las decida. Y toda crisis orgánica de los aparatos del Estado es también una oportunidad para las clases populares y los movimientos sociales de influir en la resolución de la crisis. Es la dinámica dialéctica de las luchas socio-políticas (2).

El duopolio, tanto los partidos de la Alianza como los de la Nueva Mayoría, intentará en esta coyuntura mantener incólume el poder del Estado como instrumento de dominación de la clase dominante en su conjunto; de este bloque en el poder constituido por el poder económico y sus representantes políticos. Es la razón por la cual las reformas del programa a las cuales se aferra el Partido Comunista de Guillermo Teillier son insuficientes para resolver la profunda crisis de legitimidad del Estado. La única puerta de salida es abrir la posibilidad de elegir una Asamblea Constituyente. Esta solución dependerá de las relaciones de fuerzas que se construyan y del grado de la movilización popular.

El frenesí discursivo de Andrade, Quintana, Walker, Larraín, Zaldívar e incluso de Teillier busca confundir a la ciudadanía y ganar tiempo para controlar la crisis de legitimidad; en primer lugar del aparato legislativo (Senado y cámara) con Penta y SQM y del ejecutivo y la presidencia con Caval. Pero la extensión de la cultura de delincuencia de elite entre la casta política y empresarial es tal que aparecen nuevos focos incendiarios que mantienen a la ciudadanía en estado de expectación y de actividad debido al nuevo actor político-social que son las redes sociales que ejercen presión sobre el periodismo tradicional.

Si la justicia hace bien su trabajo … y así debería ser. Mientras que la solución propuesta por los Novoa-Larraín se asemeja a una rebelión de los necios al querer enfrentar la justicia y el Estado de derecho ya que ven la amenaza que para la institucionalidad de origen pinochetista-guzmanista significa el desprestigio de la UDI.

En realidad, son los impulsos auto destructores del partido pinochetista, incapaz de adaptarse a las normas mínimas de un Estado donde deben compartir el poder con otras fracciones de la clase dominante y encarar una ciudadanía activa en el plano de la opinión y las encuestas, los responsables de su propia hecatombe.

La premura por firmar un acuerdo entre los partidos políticos oficialistas y de la oposición (los ultraderechistas de RN y la UDI y los socio-progresistas neoliberales de la Concertación+PC) tiene, según lo anterior, un doble objetivo: consolidar un pacto de colaboración para controlar los daños a la fachada del Estado de derecho (dosificar las intervenciones de la justicia cuando ésta va a contrapelo de los intereses contingentes de las elites dominantes; sin olvidar que ella debe actuar también de manera estratégica para salvar las apariencias de legalidad), pero por sobre todo, hay que verla como la necesidad de dotarse de un protocolo de reafirmación de las bases del consenso (de tipo híbrido entre social-liberal-transformista y neoliberal duro) en torno a la misma institucionalidad estatal vigente hoy en crisis. Y no tendrán ningún problema en aferrarse al listado de puntos para regular eso que llaman “la relación entre el dinero y la política” que emitirá la comisión Engel. Ésta les ayuda a ganar tiempo para afiatar acuerdos.

Como ya lo hemos dicho, se trata del mismo Estado que permite que los dueños del poder económico, la riqueza y el capital influyan sobre la política de Estado. De ahí la estrechez de los vínculos entre grandes empresarios y políticos del duopolio. Es por eso que tienden en lo esencial al mismo discurso: “no hay crisis política; menos aún del Estado y de sus instituciones; pero sí, estamos de acuerdo, hay que encontrar una salida institucional”. Y esta última pasa por reafirmar la solución desde el Estado, es decir desde el poder presidencial. En otros términos, decirle a Bachelet que la apoyan, pero que salga de la “depre” y ejerza bien su función; que asuma su liderazgo perdido como jefa de gobierno y del Estado y que siga con las reformas, pero sin decirle que las profundice ante la debilidad de la ultraderecha en crisis programática y de identidad.

Táctica de acuerdos del duopolio: excluir a las “muchedumbres”

Tal táctica tiene por objetivo evitar a toda costa que haya una salida democrática real que incluya la participación ciudadana. De inmediato, de negarle al pueblo que vota y al que no vota la elección de una Asamblea Constituyente que permita reconfigurar las esferas de intervención del Estado. Pero, por sobre todo, intentan escamotearle a las mayorías ciudadanas y trabajadoras los medios para ser sujeto constituyente en la lucha por el ejercicio del poder y profundizar así la democracia social y económica.

Zaldívar, el ex golpista de la DC en 1973 y ex ministro del Interior de Bachelet fue claro en entrevista a El Mercurio el domingo 12/04/2015 al expresar su temor, bajo la forma de una advertencia, de que sean las “muchedumbres” quienes se aprovechen de la situación y hagan política ciudadana, contrahegemónica. Es decir, que se exijan cambios fundamentales a la estructura del Estado actual y de sus funciones.

El domingo 2/04/2015 el candidato Camilo Escalona a la dirección del PS en el Comité Central de su partido afirmaba: “Todos sabemos que el régimen político se sustenta en la división de poderes en una columna vertebral que es el poder Ejecutivo, que se organizan desde la presidencia de la República”. El futuro jefe del PS, enemigo jurado de la elección de un Asamblea Constituyente, apuntaba y se refería, por supuesto, a mantener sin cambios la estructura del Estado.

La declaración conjunta firmada la semana pasada sobre la probidad y la transparencia, entre la oposición y el oficialismo, según el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo era un “mea culpa importante”. Pero un “mea culpa” es y ha sido siempre una actitud gatillada por la hipocresía judeo-cristiana más que por una voluntad democrática de transparencia y de cambios.

Las declaraciones conjuntas y acuerdos entre los partidos del duopolio son una especie de Chacarillas II ampliada. Una reactualización de la herencia pinochetista. Un pacto de gobernabilidad en torno a los pilares o formas políticas y económicas que garantizan la dominación del capital y de las grandes empresas en un contexto de flujo y reflujos de los movimientos sociales. En un ciclo político-social de luchas esporádicas, aún desordenadas y sin dirección común contra el capital y sus formas polimorfas de dominación: democracia representativa de baja intensidad y negación de derechos sociales y laborales; apropiación del ingreso de los asalariados vía el sistema bancario-financiero con endeudamiento generalizado y garantías jurídicas para el gran capital como los Penta-SQM-Quiñenco-Antofagasta Minerals, máxima expresión del saqueo y destrucción ambiental de Chile. Los grandes empresarios les pagan a su servidumbre política los gastos de representación en el Estado con la riqueza social del país acaparada en manos del 1%. El discurso sobre la desigualdad social de la casta política toda es ideológicamente falso.

——

(1) Nicos Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme (1978) p. 141, Presses universitaires de France (PUF), Paris, p. 300

(2) “Las divisiones internas del Estado, el funcionamiento concreto de su autonomía y el establecimiento de su política a través de las fisuras que lo marcan, no se reducen sólo a las contradicciones entre las clases del bloque en el poder: ellas dependen igualmente, e incluso sobre todo, del rol del Estado con respecto de las clases populares. Los aparatos de Estado consagran y reproducen la hegemonía instalando un juego (variable) de compromisos provisorios entre el bloque en el poder y ciertas clases dominadas.”. En itálica y en negritas en el texto francés original.