La corrupción se disfraza de Lobby

Con firme convicción, el ex presidente Ricardo Lagos presentó el proyecto de ley para regular el lobby en 2003. Como es una actividad que ya se ejerce en Chile, la discusión sobre el tema se planteó bajo la premisa de su regulación, no sobre la validez de su desarrollo. Pero hasta hoy la iniciativa no ha prosperado y sus detractores niegan sus beneficios pues tienen muchas dudas de que actúe en función del bien común, sino más bien en beneficio de intereses privados.

La iniciativa fue presentada -en esa época- por los diputados Jorge Burgos, Patricio Walker, Carlos Montes, Antonio Leal, Eduardo Saffirio, Patricio Hales y Carolina Tohá. Los parámetros del texto legal fueron sacados de la legislación comparada norteamericana, que tipifica la actividad desde 1946; de la experiencia que llevó adelante la Unión Europea en 1992 y la instrucción del Reino Unido que existe desde 1998 para los ministros de la corona en sus relaciones con lobbystas.

Pero hasta hoy políticos, organizaciones de la sociedad civil e intelectuales, cuestionan este mecanismo pues sólo defendería los intereses privados. La crítica principal es que la representación de los intereses de la sociedad debe ser a través de los canales establecidos por el sistema político y no mediante lobby. Este mecanismo -visto como presión a los organismos del Estado por entes ajenos a la institucionalidad-, se convertiría en una forma de corrupción y deslegitimación del sistema de representación popular.

Los detractores del lobby aseguran que no se debería siquiera pensar en legitimarlo mediante ley. Para el senador Nelson Ávila no es conveniente “darle patente de corso a una actividad que involucra la defensa de intereses normalmente contrarios al bien común”. El parlamentario lo cuestiona porque los lobbystas “son agentes de los grandes grupos económicos que emplean remuneradamente sus nexos políticos para abrir brechas a la filtración de intereses que no están en la sintonía de lo que ha de cautelar el Estado”.

Otros lo rechazan calificándolo de retroceso en el desarrollo de nuestra sociedad. El economista Marcel Claude se opone a esta práctica señalando que se trata de una regresión en el proceso democrático “porque finalmente hace más eficaz la representación del poder económico“. En este mismo sentido añade “la ley de lobby es un paso que hace mucho más difícil y corrupta la representación democrática, en definitiva, hace completamente inútil el sistema electoral, porque da lo mismo a quién tú eliges, no sirve para nada ir a votar“.

¿COMUNICACIÓN CORPORATIVA O LOBBY?

En nuestro país el lobby es definido por quienes lo practican como una “gestión de intereses”, para representar la postura generalmente de empresas privadas ante miembros del Estado. La pregunta es hasta qué punto esto es legítimo, considerando el acceso limitado que tiene un ciudadano común a este tipo de gestión y la utilización de un mecanismo que en la práctica se traduce en un método de presión de los poderes fácticos.

Entre las empresas más importantes que funcionan en nuestro país en estos temas están Extend Comunicaciones, cuyo directorio integran María de la Luz y María del Pilar Velasco; Imaginacción, cuya cabeza visible es Enrique Correa y Tironi Asociados, donde sobresale Eugenio Tironi. Todas se desempeñan en comunicación estratégica y algunas reconocen hacer lobby.

A pesar de que Extend señala que “no hacemos lobby”, desde diversos ámbitos la empresa es cuestionada por ejercer un lobby encubierto. Hace varios años asesora a la minera canadiense Barrik Gold que, según Marcel Claude, “es una empresa que tiene un prontuario más o menos grande en términos de devastación ambiental y obviamente no está en Chile para satisfacer los intereses de la ciudadanía y menos aún de los pueblos indígenas u originarios que habitan en torno al proyecto Pascualama“, precisa.

Desde luego Extend no está para representar los intereses de la ciudadanía, menos los de las comunidades del Huasco en el caso del proyecto Pascualama. Para Claude, la empresa de comunicaciones “está ahí para hacer presente, influir e inducir las decisiones de las autoridades y figuras políticas en función de los intereses de la empresa“ (Barrik). Si lo analizamos fríamente, pese a que dicen no hacer lobby, en la práctica se traduce en la misma función. Tal cual lo expresa el economista “yo no sé si ellos dicen que no hacen lobby porque no se atienen a lo que regulará la ley, pero como empresa de comunicaciones juegan el mismo rol”.

Según lo reveló recientemente el ex senador Jorge Lavandero, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, la Barrik Gold lo citó y “me plantearon la conveniencia de aceptar el tratado” (Tratado de Integración Minera Chile -Argentina). Lavandero expresó que en esa comida “estaban connotados demócrata cristianos al servicio de Barrik Gold, junto a ejecutivos de la empresa; entre ellos Carlos Jarpa y la empresa Extend, que la asesoraba en comunicaciones, con la hija de Belisario Velasco y otros DC“. Claramente Extend se presentó en esa ocasión en calidad de lobbysta de la minera Barrik Gold para presionar e influir sobre la decisión de un senador de la República.

Eugenio Tironi, uno de los lobbystas más conocidos de la plaza, fue acusado –recientemente- de “poner en duda la fe pública” por el diputado y jefe de la bancada del PS, Marcelo Díaz. Esto debido a su doble función a cargo de los contenidos del candidato presidencial de la Concertación -Eduardo Frei- y por asesorar simultáneamente a la farmacia Salcobrand en el contexto de la colusión que investiga la Fiscalía Nacional Económica. El diputado afirmó que la situación actual del lobby en Chile “permite que un lobbysta, por ejemplo el asesor de una farmacia, sea al mismo tiempo uno de los articuladores de una campaña presidencial»- declaraciones transmitidas por radio Bío Bío.

Según lo publicó el diario electrónico El Mostrador, sus más conocidas consultorías han sido Endesa España, recién llegada a nuestro país; Banco Santander; Sonda (empresa que se adjudicó el sistema tecnológico del Transantiago) y la minera Angloamerican. Otro antecedente que demuestra cómo se ligan las personalidades del poder, es que la consultora de Tironi tiene como clientes a Telefónica, empresa de la que renunció su gerente general, José Morales, para sumarse a Océanos Azules –a cargo de construir el programa de gobierno de Frei- y uno de los coordinadores de la gira por España del candidato oficialista.

Sin duda uno de los casos más controvertidos vinculados a Eugenio Tironi fue el manejo de crisis que hizo para la Celulosa Arauco y Constitución (Celco) durante el caso de los cisnes de cuello negro de Valdivia. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales señaló que la acción de la Celco -propiedad de la familia Angellini-, “afectó a la población de cisnes, peces y toda la fauna y flora del río Cruces”.

Esta crisis perjudicó económicamente a toda la provincia poniendo en jaque el desarrollo de la industria agroexportadora de cerezas, lácteos y el turismo en Valdivia, que ha disminuido en un 30%. ¿Cómo Tironi puede trabajar en un comando presidencial -y obtener legitimidad en esa función-, si es capaz de asesorar a una empresa capaz de afectar completamente a una región del país?

Sin duda que el lobbysta más renombrado es el ex ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, quien renunció al Partido Socialista por acusaciones de sus correligionarios de representar al Consejo Minero -en medio de la discusión nacional por la implementación de un royalty minero. En esos momentos más de un 75% de los chilenos se manifestó favorablemente a que se implementara una renta de arrendamiento a las mineras privadas. Sin embargo, la discusión terminó solo en un impuesto que no afectó mayormente a las empresas del sector.

Según lo publicó el Centro de Estudios Miguel Enríquez, entre los clientes de Correa han estado CTC, Colbún, Corpora Tres Montes, proyecto Trillium, las empresas de telecomunicaciones, Almacenes París, American Monarch, CMS, Colmena, las pisqueras, las tabacaleras, el grupo Luksic, el grupo Urenda, Madeco, Consalud, AFP Habitat, Citibank, Banco del Desarrollo, Banco Santander, CAP, Agunsa, entre otros.

Sobre este vínculo con grandes empresas el senador Nelson Ávila insiste en que “por eso se hacen valer los lobbystas respecto de los grupos económicos, esto es, les pagan más en la medida que puedan ejercer influencias en aquellos puntos sensibles que necesitan”. Cabe agregar que Correa también ha asesorado al Banco Interamericano del Desarrollo y junto a Fernando Flores se ocuparon de que empresarios mexicanos invirtieran en América Central.

Enrique Correa es un claro ejemplo de como un ex funcionario del Estado es capaz de aprovechar sus contactos y desempeñarse como lobbysta luego de salir del gobierno. Respecto a esta situación, Marcel Claude señala que antes de plantearse la regulación al lobby “parecía una situación bastante impúdica, donde ex ministros y ex funcionarios del Estado constituían empresas de comunicaciones y utilizaban toda la influencia, capacidad de acceso a las altas autoridades y a las decisiones políticas del Estado, para representar los intereses de la alta clase empresarial”.

ARTICULACIÓN DEL PODER

Estas empresas de comunicación corporativa y lobby son el ejemplo más claro de cómo en nuestro país la clase empresarial se ha ligado estrechamente con la clase política -salvo excepciones. Se podría decir que la toma de decisiones más importantes -que le debiera corresponder a la ciudadanía- se realiza en las altas esferas y mediante mecanismos como el lobby. Y estas empresas de comunicación articulan el poder independientemente del interés de los ciudadanos, lo que es reflejo de una sociedad antidemocrática.

Tanto en Chile como en el resto del mundo, el lobby se trasformó en una herramienta fundamental para articular las decisiones del poder. Lo grave es que este mecanismo se impone sobre la representación popular como las elecciones. El economista Marcel Claude, quien ha sido muy crítico del sistema que impera en Chile, entiende este fenómeno como “el reflejo de una sociedad profundamente antidemocrática, en la cual el servidor público esta cooptado por estas empresas de influencia y donde obviamente se establecen presiones que tienen que ver con el financiamiento de las campañas políticas“.

No se entiende por qué nuestro país debe otorgar condiciones para este tipo de servicio de lobby, si existen mecanismos de representación que, a pesar de ser cuestionados -como el sistema binominal-, en tanto elección, son las formas que exige toda democracia. Por esto es que parlamentarios como Nelson Ávila se abstienen de insistir en una iniciativa de ley que regula el lobby: “me resisto a generar condiciones de legalidad para esta práctica que me parece bastante nociva“. El senador sostiene que “a través de los canales que actualmente existen en el Congreso es perfectamente posible hacer valer los argumentos en favor de determinados intereses y no se necesitan proxenetas para ello“.

¿Gestión de intereses, o una forma de corrupción y tráfico de influencias?.

Recuadro

¿LOBBY… PARA QUÉ?

Entrevista a Marcel Claude, economista.

“Nosotros no necesitamos una ley de lobby, sino una de partidos políticos para hacer conglomerados más chicos que permitan partidos ciudadanos. Requerimos una ley de prensa que facilite la libertad de medios de comunicación y el financiamiento de medios independientes. Una ley que cambie la composición del directorio de Televisión Nacional, donde están representados los mismos de siempre, los partidos políticos que tienen presencia en el Parlamento. Eso es lo que necesitamos si queremos hacer eficaz la representación ciudadana; la ley de lobby es un paso que hace mucho más difícil y corrupta la representación democrática.

¿Cómo se entiende que Barrik Gold presione a un senador de la República para conseguir su voto en el parlamento?

No encuentras ninguna justificación en una sociedad democrática, no puede funcionar así. Y no es una presión menor, tiene que ver con el hecho de la posibilidad de financiar una campaña o que te pueden hacer la vida difícil; te pueden denunciar por alguna cosa, encontrar alguna “yaya” y darte por ahí, dejarte sin trabajo como me lo hicieron a mí.

Esta actividad (lobby) no viene más que a consolidar y terminar de estructurar un sistema dictatorial, donde el voto popular no es más que un acto formal que no hace sino ratificar a quienes, desde muchos años, vienen construyendo la institucionalidad de este país. Con el sistema binominal, la falta de acceso a los medios de comunicación, la concentración de la propiedad, el sistema de financiamiento de las campañas políticas -que siempre permite que haya aportes privados- y más encima ¡descontable de impuestos! el acto de votar es una cosa completamente inútil; al que pongas adelante -el poder económico de las transnacionales- se instala y se hace eficaz a través de esta representación (lobby, campañas, medios de comunicación, etc.).

Es difícil levantar una postura política distinta cuando el que lo intente va a tener todo en contra, al Estado, a las autoridades públicas, a la prensa y a los líderes de opinión. Mira lo que están haciendo con la campaña de Marco Enríquez-Ominami, la gran prensa le ha dado con todo a esa candidatura porque es la que más temen en relación a que le pueda carcomer la representación a la Concertación.

¿Quién pone los 100 mil dólares que se necesitan para poder ser candidato presidencial?

Esa es la pregunta. ¡Quién pone la plata!, no sólo para ser presidente, sino para ser diputado o senador. Porque no sólo es la plata para llenar la calle de carteles, también el acceso a los medios de comunicación -quién aparece y quién no. Y puedes ser candidato, te encuentran una yayita y te revientan. Te juzgan públicamente y se acabó. Cómo contradices eso si no tienes medios que contrarresten y sean capaces de desactivar los mismos mecanismos para desacreditar a las personas. Y si lo analizamos bien en este contexto, no ha habido ningún parlamentario que haya asumido la representación popular como una cuestión genuina, cuéntalos con los dedos de las manos: Ávila, Lavandero, Navarro, Enríquez-Ominami…

por Francisco Luna

El Ciudadano