La cuestionada comodidad del gobierno frente al subsidio a la papelera de Matte

En el contexto de la votación del Presupuesto de la Nación para el año 2016, anoche la Sala de la Cámara de Diputados debió votar la partida correspondiente al Tesoro Público y, dentro de esta, los recursos que irían al pago de una deuda surgida en el marco del Decreto Ley 701 (DL 701), que subsidia al sector forestal. En total eran $326.970.000.

La Sala aprobó todos los recursos, salvo lo referido a esta bonificación forestal del DL 701. Los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson pidieron la votación por separado de esta glosa, la que obtuvo 72 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones. Los parlamentarios lo habrían hecho en señal de protesta por la colusión del llamado «Cartel del Confort». Algo que iría en la misma línea de lo anunciado por la Cámara Baja respecto a crear una Comisión Especial Investigadora para que indague en cómo esta política forestal expresada en el mencionado decreto ha favorecido la colusión entre las empresas CMPC y SCA, las que acordaron fijar altos precios para insumos de primera necesidad, como papel higiénico, servilletas y pañuelos desechables, entre otros.

El gobierno, sin embargo, le bajó el perfil al rechazo aclarando que el beneficio está amparado en una ley y que por lo tanto el Estado está obligado a financiarlo. Además, aseguró que este subsidio estaría en proceso de disminución hasta llegar a su extinción, según detalló La Segunda.

EL MITO DEL «MILAGRO FORESTAL»

El Decreto Ley 701, surgido en 1974, es un beneficio que ha tenido que ser prorrogado por distintos presidentes, el último de ellos Michelle Bachelet. En ese contexto, el 15 de mayo de 2015 la mandataria envió al Congreso un proyecto de ley con el fin de extenderlo hasta 2018 y en un párrafo -que curiosamente ya estaba escrito exactamente igual en el mensaje que en 2012 tuvo que enviar Sebastián Piñera para los mismos efectos- la mandataria expone lo siguiente: “En términos políticos e institucionales, nuestro país ha contado con una sólida política de Estado para el sector forestal haciendo uso de una gran diversidad de instrumentos de fomento que han incidido en el desarrollo del sector y en el desarrollo del país”.

Sin embargo, los cuestionamientos hacia esta bonificación forestal son contundentes y se podrían resumir en lo expuesto por los académicos e integrantes de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), Claudio Donoso y René Reyes, quienes plantean en su columna titulada ¿El milagro forestal chileno? lo siguiente: “El monopolio que se ha creado en el sector forestal es similar al monopolio de las farmacias, la pesca o los supermercados. Arauco, CMPC y MASISA controlan el sector, definiendo los precios de la tierra, de las materias primas, de la contratación de mano de obra, etc., lo cual está teniendo un efecto económico negativo en el resto de los actores”.

LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO

Frente a este escenario, agravado con el de la colusión del «Cartel del Confort», la posición del gobierno no ha sido precisamente la de terminar con esta inyección de recursos que favorece a las grandes empresas forestales. En estricto rigor, Michelle Bachelet no ha retirado el proyecto desde el Parlamento, cuando podría hacerlo considerando los cuestionamientos al vínculo de éste con el mencionado «Cartel», los que han surgido hasta desde dentro de la Nueva Mayoría.

Por el contrario, la inclusión de DL 701 en la partida del Tesoro Público, solicitando la aprobación de los 327 millones de pesos para saldar deudas, no hace sino reafirmar la posición del Ejecutivo con el subsidio. Una opción habría sido simplemente decidir no cancelar esas deudas, teniendo en cuenta que uno de sus principales beneficiarios es precisamente Eliodoro Matte, cuya empresa CMPC lideró la colusión. Mal que mal, este «compromiso» no es necesariamente el único frente al cual el Gobierno no ha cumplido.

«Hoy el Gobierno argumenta que no puede hacer los hospitales que había programado, argumenta que no tiene presupuesto para fiscalizar el robo y la sobreexplotación de recursos hídricos, argumenta una serie de situaciones para no responder a sus compromisos de gobierno, de programa, y a las necesidades sociales, pero por otro lado establece una serie de recursos para áreas que todos sabemos que significan un subsidio de todos los chilenos a un sector que es absolutamente minoritario y que, además, en los últimos meses se ha comprobado que tienen conductas reñidas con la ética en los negocios», sostiene Sara Larraín, de Chile Sustentable.

Una postura muy similar a la expuesta tanto por los académicos como por Larraín fue la que planteó el miembro del directorio de CODEFF y experto en bosques, Hernán Verscheure, cuando en julio de este año la Comisión de Agricultura de la Cámara aprobó extender el DL 701 hasta diciembre de 2018. “Esta ley ha sido la herramienta para la implementación de un modelo forestal profundamente concentrador de los medios de producción y de los beneficios, y además generador de  graves  impactos sociales y ambientales con un aporte muy limitado al desarrollo local”, afirmó. Y agregó: “Nos oponemos a que se pretenda extender la vigencia de mismo sin una reflexión profunda y participativa acerca de modelo de desarrollo forestal que queremos como país”.

«NO NOS CABE LA MENOR DUDA QUE EN CUANTO AL PRESUPUESTO TAMBIÉN HAY PRESIONES»

Por su parte, la organización Bosques sin Forestales señaló al respecto que “hoy sabemos que el gobierno de Bachelet ha ordenado a sus partidos políticos, y a todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría, aprobar -con la mayor celeridad- la extensión del DL 701. Pagar los favores políticos de la pre-campaña, será en adelante la prioridad del gobierno”.

«No nos cabe la menor duda que en cuanto al Presupuesto también hay presiones«, sostiene Sara Larraín, recordando lo ocurrido con casos como la «Ley de Pesca», en donde se han confirmado los pagos desde Corpesca, perteneciente al Grupo Angelini, a parlamentarios para que votaran a favor del proyecto.

La ecologista plantea la necesidad de transparentar no solo este tipo de renovación de decretos, «sino que todas las platas Corfo para financiar y subsidiar innovación; o una serie de giras de negocios vinculadas a negociaciones de tratados de libre comercio, como el TPP». En cada uno de estos elementos, dice, «hay una serie de asignaciones de fondos que no están transparentados y que de una u otra forma implican un subsidio gigantesco de toda la sociedad chilena para aumentar las arcas de sectores que ya son súper ricos en el país».

«EL DECRETO LEY 701 CADUCÓ»

Ahora, considerando el rotundo rechazo que recibió en la Cámara de Diputados, está en manos del gobierno de Michelle Bachelet no insistir en incluir los $327 millones del DL 701 en la partida del Tesoro Público y no integrarlo, en consecuencia, entre las indicaciones que realice al Senado para que este sea sometido a votación ahí. Paralelamente, está la posibilidad de simplemente retirar desde el parlamento el proyecto, que ahora debiera ser aprobado por la Comisión de Hacienda, y que busca alargar el subsidio forestal hasta el año 2018.

«Nosotros creemos que el Decreto Ley 701 caducó y debiera caducarse definitivamente», plantea Sara Larraín, y propone: «Si el Estado quiere establecer un fondo vinculado a reforestación se debiera establecer uno para la recuperación de bosque nativo, que además fuera orientado a pequeños campesinos, comunidades indígenas, probablemente desarrollo turístico, pero que garantice que se van a utilizar en bosque nativo, en especies que Chile ha perdido y que va a beneficiar a la subsistencia de una buena calidad de vida en el campo, principalmente de comunidades campesinas e indígenas».

Por Daniel Labbé Yáñez