La Eurocámara rechaza el plan de Londres para el Brexit

El Parlamento Europeo exhibe desde primera hora su poder de veto sobre el acuerdo del Brexit. El negociador de la Eurocámara para el divorcio con Reino Unido, Guy Verhofstadt, rechaza de plano la propuesta que ha puesto sobre la mesa el Gobierno británico para salvaguardar los derechos de los ciudadanos más afectados por el Brexit (los 3,2 millones de europeos en Reino Unido y los 1,2 millones de británicos en territorio comunitario). Tal como está planteado, el plan “relega a esos ciudadanos a un estatus de segunda clase”, advierte un documento del equipo de Verhofstadt.

El análisis, al que ha tenido acceso EL PAÍS, viene avalado por el grupo de eurodiputados que asisten al negociador en su tarea. Ese núcleo duro está integrado por representantes de los principales grupos (salvo los eurófobos), lo que garantiza el respaldo mayoritario a las propuestas de Verhofstadt. La propuesta británica ofrece otorgar el derecho a residir a todos aquellos europeos que puedan demostrar cinco años de residencia en Reino Unido y promete dar tiempo para acreditarlos a quienes ya estén en Reino Unido en el momento de salir de la UE pero no reúnan los cinco años. El Partido Popular Europeo, los socialistas, los liberales, la izquierda unitaria y los verdes lo juzgan insuficiente.

Menos derechos
La Eurocámara lamenta que la propuesta británica “reduzca los derechos actuales de los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido” y carga contra la difusa categoría que crea para ellos el Gobierno británico: ciudadanos con estatus de asentado. Ese nuevo colectivo afronta “un mayor riesgo de expulsión que ahora”, con criterios “más restrictivos” para mantener a su familia en suelo británico y sin derecho a voto. “No podemos concebir que algo tan fundamental como el derecho al voto pueda retirarse a los que antes podían ejercerlo”, sentencia el Parlamento.

El documento se hace eco también de las dos principales carencias de la propuesta londinense a ojos de Bruselas. La primera, la falta de una fecha clara de corte a partir de la cual los ciudadanos salen del paraguas europeo. El Parlamento defiende que la única posible es la salida efectiva de Reino Unido, prevista para el 30 de marzo de 2019. La segunda, que los ciudadanos afectados por el Brexit no puedan reclamar sus derechos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno británico sostiene que no puede mantener la autoridad de este tribunal —visto como símbolo del poder de Bruselas— una vez consumado el divorcio británico.