La guerra económica de Israel contra los palestinos, una violación de los derechos humanos

El conflicto entre Israel y los palestinos no se limita a los ataques armados en Gaza. Desde el 7 de octubre de 2023, la situación ha evolucionado hacia una estrategia de desposesión económica sistemática contra los trabajadores palestinos, particularmente en Cisjordania. Este frente silencioso, casi ignorado en los grandes titulares internacionales, revela otra faceta de la política israelí: el uso de la economía como arma de guerra.

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Israel, bajo la dirección del primer ministro Benjamin Netanyahu, ha mantenido a más de 150,000 palestinos fuera del mercado laboral israelí desde el inicio de su ofensiva militar, lo que ha provocado una crisis económica severa en los territorios palestinos. Los trabajadores palestinos, quienes en su mayoría no han sido despedidos formalmente, siguen sin recibir salarios, una clara violación de los convenios internacionales que garantizan el derecho al trabajo y a una remuneración digna. Esta situación ha generado niveles alarmantes de pobreza y desempleo, mientras que sectores clave de la economía israelí, como la construcción y la industria, sufren por la falta de mano de obra.

Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión de justicia económica, sino una flagrante transgresión de los derechos humanos básicos. El gobierno israelí, particularmente los ministros de extrema derecha como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, ha defendido abiertamente esta política de exclusión laboral, una medida que no tiene justificación desde el punto de vista económico ni de seguridad, como lo han señalado múltiples voces dentro de Israel, desde el Banco de Israel hasta altos funcionarios de seguridad. En cambio, la motivación parece ser puramente ideológica: un intento deliberado de desmantelar la sociedad palestina, destruir su autonomía económica y expandir los asentamientos judíos en Cisjordania.

A pesar de que la Corte Penal Internacional ya investiga las acciones de Israel en Gaza bajo la sospecha de genocidio, la comunidad internacional ha prestado poca atención a esta forma de guerra económica. Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han comenzado a abordar el tema, con sindicatos presentando quejas formales contra las acciones de Israel. Sin embargo, sin la capacidad de imponer sanciones, las resoluciones de la OIT tendrán un impacto limitado si no van acompañadas de una condena global más amplia y medidas concretas.

Este conflicto económico no es una simple consecuencia colateral de la guerra. Es parte de un esfuerzo coordinado para privar a los palestinos de los medios para sostener una vida digna. A largo plazo, el uso de la exclusión laboral como arma de guerra podría tener consecuencias devastadoras para la región, exacerbando la desesperación, la pobreza y la violencia.

La política israelí de negación de salarios y acceso al trabajo no solo empobrece a cientos de miles de palestinos, sino que también atenta contra los mismos principios que la comunidad internacional ha defendido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial: la dignidad humana y el derecho a una vida libre de explotación. Las potencias globales deben reconocer esta realidad y actuar con firmeza para detener este crimen moral que, aunque menos visible, es tan destructivo como los bombardeos en Gaza.

Foto: Redes

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