La historia de siempre. Las AFP pierden nuestros fondos, nadie responde. Las autoridades se pronuncian y todo está en veremos.

En septiembre del año pasado, el Caso Cascadas salió a la luz al ser reveladas las transacciones irregulares realizadas por las sociedades controladas por Julio Ponce Lerou.

Las llamadas cascadas fueron acusadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de infringir la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores.

Según indicó emol, las pérdidas en los fondos de pensiones se calculó a partir de las pérdidas que informaron las propias AFP y de la información que obtuvo la Superintendencia de Pensiones en procesos de fiscalización.

“La Superintendencia de Pensiones velará porque las AFP emprendan efectivamente todas las acciones legales que se requieran para indemnizar a los chilenos que hayan sido afectados por el caso Cascada, pues la ley establece que tienen un deber fiduciario que las obliga a realizar las gestiones que sean necesarias para cautelar que las inversiones de los fondos de pensiones obtengan una adecuada rentabilidad y seguridad”, dijo la superintendenta del ramo, Tamara Angic.

“El rango que hemos estimado se levantó sobre los criterios que consideramos más razonables en términos financieros y legales. No obstante, debe tenerse en cuenta que es una cifra absolutamente referencial, pues son los Tribunales de Justicia los que, en definitiva, deberán determinar si hubo efectivamente perjuicios, su cuantía y las indemnizaciones que procedan”, sostuvo Angic.

Hace un mes y medio aproximadamente, la Superintendencia ofició a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y a las AFP Provida, Planvital, Habitat, Cuprum y Capital para que cuantificaran los perjuicios provocados por tener participación accionaria en las cascadas de Soquimich (SQM) y para que dieran cuenta de las acciones legales que van a seguir para cautelar la rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones de los trabajadores.

La autoridad subrayó que “la Superintendencia de Pensiones velará porque las AFP emprendan efectivamente todas las acciones legales que se requieran para indemnizar a los chilenos que hayan sido afectados por el caso Cascada, pues la ley establece que tienen un deber fiduciario que las obliga a realizar las gestiones que sean necesarias para cautelar que las inversiones de los fondos de pensiones obtengan una adecuada rentabilidad y seguridad”.

Hasta hoy, podemos decir que, de las AFP mencionadas, Provida inició una acción civil contra Leonidas Vial Echeverría y dos de sus sociedades.

Habitat ya interpuso una acción criminal contra los responsables por los perjuicios. Por su parte, AFP Capital presentó una acción civil, persiguiendo el mismo objetivo.

AFP Cuprum ha manifestado publicamente su intención de iniciar acciones civiles, pero en términos concretos, aún no hace nada.

Por otro lado, AFP Planvital y la AFC, luego de cuantificar los fondos que administran, determinaron que no sufrieron ningún perjuicio como efecto de las operaciones del caso Cascada.

Por su parte, la integrante de la comisión de Trabajo del Senado, Carolina Goic señaló que es fundamental concretar importantes cambios regulatorios para que los fondos de los trabajadores no sea afectado y asegura que la AFP estatal es un primer paso: “Tras lo que hemos visto en el caso Cascada es necesario revisar cómo protegemos a los cotizantes de las AFP que están obligados a emplear el sistema previsional y se ven perjudicados en sus fondos o ahorros previsionales.”

En términos concretos y más allá de las acciones legales que las AFP están cursando, nadie se ha pronunciado respecto de la reposición a los fondos de pensiones de miles de chilenos que se vieron afectados por este caso de corrupción en el que personeros de nuestra política se han visto involucrados, al igual en que en el Caso Penta.