La impune Política de Derechos Humanos de Bachelet: crea un Instituto sin capacidad de asumir defensa jurídica.

Pacto con la derecha promovido por el Ministro Viera Gallo, cercena facultades al Instituto de Derechos Humanos. / Las víctimas de violaciones de derechos humanos podrían quedar sin defensa ante los tribunales. / ¿Con que cara Bachelet promueve la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

La impune Política de Derechos Humanos de Bachelet: crea un Instituto sin capacidad de asumir defensa jurídica.

El hecho se produce por la llamada »derogación tácita», ya que al dictar una nueva normativa que crea un organismo que tendrá la facultad de recibir información, guardar la documentación de las comisiones Rettig y Valech, mas no querellarse, se anula la figura del »tercero coadyuvante» que durante el gobierno de Lagos se usó para que el Estado defendiera a las víctimas.

Las víctimas de violaciones de derechos humanos podrían quedar sin defensa ante los tribunales si es que la Cámara de Diputados confirma lo obrado por el Senado en torno a la creación del Instituto de Derechos Humanos y la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Esta fue la conclusión a la que arribaron los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en una reunión reservada que sostuvieron la tarde del jueves, donde analizaron el cuerpo legal presentado por el gobierno al Parlamento, que incluyó los indicaciones de la Presidenta Michelle Bachelet.

Fuentes del organismo explicaron ayer a El Mostrador.cl que, como el Programa es la continuación de la ley 19.123, que creó la Comisión Rettig, la nueva normativa los “derogaría tácitamente”, como se conoce a esa figura en el derecho público.

Esto se produce porque las facultades atribuciones que hoy tienen pasarán al Instituto de Derechos Humanos, como también la documentación, lo que anularía la figura que les permite hacerse parte en los casos que hoy sustancia la justicia como “tercero coadyuvante”.

Y esto se produce, además, dijeron fuentes de la entidad, porque el Instituto no tiene facultades ni atribuciones para querellarse, una de las condiciones que impuso la derecha para facilitar su aprobación el miércoles en el Senado.

Argumento militar

El dilema ha mantenido en alerta las organizaciones de derechos humanos que ven en esta figura la implantación del “punto final”, ya que en la práctica llega una ley nueva con un organismo que actualmente litiga en los estrados judiciales.

La situación es preocupante debido a que los abogados de los militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad han insistido en los alegatos, tanto en la Corte de Apelaciones y en la Suprema, como también en los escritos que presentan a los jueces que llevan las investigaciones, que el Programa no tiene las facultades legales para ser parte en los juicios.

La figura del “tercero coadyuvante” fue una solución jurídica implementada durante el gobierno de Ricardo Lagos para que un organismo del Estado pudiera representar a las víctimas de estos delitos, como ordena la legislación internacional.

Si bien es cierto en un primer momento la fórmula legal fue resistida por los jueces, finalmente terminaron aceptándola, debido a que los afectados estaban en el desamparo, toda vez que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sólo representa al Fisco como el sostenedor de la acción penal pública y, luego, como el defensor de sus intereses económicos.

¿Quién defiende a las víctimas?

El problema, explicaron las fuentes consultadas, es que si el Instituto se lleva los documentos y no puede accionar ante la justicia, entonces el Programa. Luego, se preguntó la fuente, “¿quién defiende a las víctimas en los tribunales?”.

Este hecho podría hacer variar el rápido curso que ha tomado la iniciativa de Bachelet cuando sea vista en la Cámara de Diputados, donde los organismos de DDHH tienen sus esperanzas cifradas para mejorar la iniciativa y que se explicite quién sostendrá la acción penal de las víctimas ante los tribunales de justicia, por ejemplo.

Según la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Mireya García, de ser aprobado el proyecto tal como está solicitarán a Bachelet que envíe un veto.

Proyecto aguafiestas

El tema puede llegar a convertirse en un problema internacional para la Presidenta, ya que todo podría derivar en que la imagen de Chile se viera mermada en momentos en que se está postulando a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

García insistió en que “existe preocupación sobre este tema, porque Chile se instalaría como un país que no cumple los estándares de los organismos internacionales en esta materia”.

“Si se aprueba esto, no tendrá el peso específico, ni cumplirá con los estándares de la ONU ni Chile tendrá una institucionalidad acorde para tan alta misión internacional, no se pasará la prueba de la blancura», insistió.

* Fuente: www.elmostrador.cl