La instalación de Pascua Lama será investigada por la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó la petición para crear una Comisión Investigadora sobre la instalación del proyecto Pascua Lama y sus efectos en el medioambiente del Valle del Huasco, en la Región de Atacama.

55 diputados votaron a favor, 1 en contra y 1 abstención fue el resultado para la solicitud formulada por 56 parlamentarios, cuya instancia deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días.

Según el sitio oficial del organismo «la nueva instancia se encargará además de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, el cumplimiento de los compromisos contraídos con el sistema de impacto ambiental, verificar los eventuales daños que se están produciendo en el Valle de Huasco y determinar las responsabilidades de los organismos fiscalizadores y proponer medidas para corregir dichas irregularidades».

Recordemos que todo esto ocurre en los momentos complejos que vive Barrick: tuvo que paralizar sus faenas hace un mes, luego de que el tribunal de Copiapó acogiera un recurso judicial de las comunidades diaguitas que reclamaba la destrucción de glaciares y la contaminación de los cursos de agua; la semana pasada la firma minera hizo una reestructuración en su plana mayor de Latinoamérica. Lo anterior gatilló que tres ejecutivos presentaran su renuncia, partiendo por el presidente continental, Guillermo Caló; Robert Mayne Nicholls, director general de operaciones para Sudamérica, y Rodrigo Jiménez, vicepresidente de asuntos corporativos de la región; y, entre otras causas, ayer la Comunidad Indígena Diaguita Los Tambos interpuso un recurso de protección contra la minera “por haber infringido de manera ilegal y arbitraria la garantía constitucional que se refiere al derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en el proceso de construcción del proyecto Pascua Lama”. La acción judicial, interpuesta en la Corte de Apelaciones de Copiapó, también busca aclarar la responsabilidad de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, respecto de la débil fiscalización del proyecto.

El Ciudadano