La irresponsabilidad incriminadora del Gobierno

Tras el incendio forestal en Carahue, y la muerte de 7 brigadistas el gobierno busca responsables. Se basan en “fuentes” de inteligencia que detectaron 52 puntos de inicio del fuego que habrían sido provocados por terceros. Los culpables: organizaciones bien estructuradas de comunidades mapuche. Para el Ministerio del Interior no cabe duda, hay que aplicar la Ley Antiterrorista. El único “pero” es que todos desmienten tal maniobra incriminadora. Los medios masivos actúan como cómplices de tales sospechas.

Para el Gobierno de Sebastián Piñera el inicio del incendio que arrasa los bosques de Carahue, Región de la Araucanía, y que ya ha cobrado la vida a 7 brigadistas, habría sido provocado por “manos criminales”. Contradicciones más o menos, para los representantes del Ejecutivo estas manos provendrían de organizaciones mapuche, en particular apuntan a la Coordinadora Arauco Malleco, CAM. Relacionarían este hecho como un acto con calidad de “terrorista”, por ello el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, viajó a la zona con la intención de aplicar la Ley Antiterrorista (LAT), en todo el proceso de investigación.

En su diseño la LAT permite la inclusión de testigos protegidos y varias artimañas, como violentos allanamientos en busca de pruebas para el ente persecutor, en este caso el Ministerio Público. Aberraciones jurídicas que han sido fuertemente criticadas por organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Es más, hay demandas en contra del Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de la LAT.

Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse, lo primero que se debe entender por la utilización de la LAT es que “se supone que tienen pruebas muy contundentes que existe una organización criminal, jerárquica y con serios riesgos de atentar con las vidas de las personas. ¿Estamos frente a un escenario así? Esa es la pregunta que debemos hacernos”.

Muchas investigaciones relativas al caso han demostrado que en Chile no existe el terrorismo. Además, Contesse señala que esto no es nuevo, ya que este modus operandi de criminalización del pueblo mapuche proviene de los gobiernos de la Concertación. “Es una ley que ha sido usada en forma discriminatoria” sostiene el abogado. Agrega que es una ley que no cumple con los estándares internacionales. “La invocación de esta ley es un intento del gobierno de demostrar que esta muy pendiente de ella, pero se aleja del problema real de lo que está pasando en el sur” finaliza Contesse.

VOCES DE LOS AFECTADOS

Tras las acusaciones por parte de los personeros del Gobierno algunos representantes -los que ya son culpables para los medios tradicionales- mapuche alzaron la voz y lanzaron sus propias hipótesis sobre los hechos. Todos coinciden que estos tipos de actos no son la manera que ocupan para exigir sus demandas. Además, señalan que contradice con elementos de su cosmovisión, entre ellos, que son guardianes de la naturaleza y defensora la vida humana; por ello lamentan las muertes de los brigadistas.

Para el werkén de la comunidad Ranquilco, Rodrigo Curipán, el gobierno siempre tiene en la mira a las comunidades mapuche a la hora de buscar responsables. Además sostiene que las declaraciones de Hinzpeter son “apresuradas y sólo buscan criminalizar la protesta del pueblo mapuche.” Añade que se muestran preocupados por este tipo de declaraciones y solo buscan criminalizar al pueblo mapuche.

El vocero de la Alianza Territorial Mapuche, ATM, Mijael Carbone, analiza los dichos desde la perspectiva de la baja en la popularidad del presidente Piñera y su afán de justificar todos sus errores. “Es lamentable que el gobierno ocupe estos métodos para subir unos puntos en las encuestas, y eso hay que ponerlo en conciencia”. A su vez, Carbone considera que el Ejecutivo ha sido intransigente no solo con el pueblo mapuche sino con todos los luchadores sociales y que han sabido llegar al fondo de las demandas tanto del pueblo mapuche como el chileno.

El werkén de la ATM enfatiza que hacer responsables a los mapuche de las muertes “es para aprovechar de continuar con esta guerra de baja intensidad. Me da pena que este gobierno transforme la lucha de nuestro pueblo en un acto delictual”. “Estamos frente una presión de las multinacionales, Piñera es un empresario y le está cuidando los intereses a sus amigos” subraya el vocero mapuche. También, Carbone denuncia que se pasó a llevar los testimonios del alcalde de Carahue y de los Bomberos.

PRIMERA LÍNEA

Es así, tal como señala Mijael Carbone, las autoridades del Gobierno desestimaron los testimonios de agentes que trabajan en primera línea. De esta forma, el alcalde de Carahue, Pedro Vera, mostró disconformidad con el actuar del Ejecutivo, aseveró que el Ministro del Interior solo concurrió a la zona a entablar la demanda. “Es una falta de respeto venir a nuestra comuna, estar a 200 metros de la alcaldía, y no tener la deferencia de conversar con quienes hemos estado día a día viviendo esta situación en terreno, apoyando a nuestra gente” sostuvo el edil. Asimismo, Vera declaró que no existe la certeza de la presencia de elementos que puedan considerar el incendio intencional. A su vez, el acalde sostiene que no existen “células de la CAM en la zona”.

Por su parte, la compañía de bomberos de Carahue insiste en la tesis de que los incendios se originaron por la quema que hacen particulares para obtener carbón. Afirman que les avisaron el sábado del inicio del fuego y que los antecedentes que manejan son de personas que estaría haciendo carbón. El comandante de esta compañía de bomberos, Héctor Rebolledo, denuncia que se pusieron a trabajar el día lunes y recibieron escaso apoyo de las instituciones del Estado. “No había brigada de Conaf, expertos para combatir incendios forestales, porque estaban trabajando en otros focos. El lunes y con muy poco apoyo nuestra gente empezó a trabajar en la zona” puntualiza Rebolledo.

Declaraciones que apoyan el edil Vera y fuentes consultadas por Mediapinta precisan que las forestales han devastado las capas de agua subterráneas debido a las plantaciones de pino y eucaliptus. Este proceso seca los árboles en época estival, sumado al viento y la precariedad en la profesionalización de los trabajadores a cargo de apagar este tipo de siniestro se vuelve complejo a la hora de dar respuestas. Cabe señalar, que los brigadistas eran jóvenes que buscaban una remuneración suplementaria para sus gastos del año.

Lo precisa la declaración pública realizada por la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales de Chile, CNTF, la cual señala que los brigadistas muertos pertenecían a la cuadrilla de combate de incendios forestales Santa Julia, de la empresa Gerardo Cerda, subcontratista forestal Mininco (Grupo Matte). La CNTF denuncia la precariedad laboral en que se enfrentan y responsabiliza directamente a la forestal Mininco de las muertes y exigen todo el “peso de la ley para los encargados de prevención y los jefes de área respectiva”.

La CNTF no se queda ahí y estima que es una tragedia que se habría podido evitar si se hubiesen tomado las medidas preventivas necesarias, que pasan por “la participación coordinada de todos los estamentos de seguridad. Si hubiera habido una dotación de personal que sea proporcional a la envergadura de los bosques chilenos, somos un país forestal, pero no tomamos los resguardos para asegurar el trabajo seguro de quienes laboran en el sector” afirman desde la confederación. Por último, la CNTF estima que esta tragedia también es producto de la nula organización de los Brigadistas Forestales, “pues no hemos logrado organizarlos en Sindicatos, ya que son contratados en forma temporal y se les prohíbe formar Sindicato”.

Por Carlos Phillipe

Fuente: www.mediapinta.cl