Caso paraguayo similar al hondureño y sigue la rima…
Más allá de las formalidades institucionales, queda claro que fuerzas de derecha siguen en la línea de derrocar a presidentes electos democráticamente, pero se oponen a plebiscitos o referéndum que podrían revocar mandatos consultando a la ciudadanía. Ahora en Paraguay se impusieron las fuerzas ligadas a la larga dictadura de Alfredo Stroessner y a las políticas más conservadoras.
¿Son cosa del pasado los golpes de Estado y el derrocamiento de presidentes elegidos democráticamente? En ningún caso. En los últimos años van dos casos: la sacada del sillón presidencial de Manuel Zelaya en Honduras y de Fernando Lugo en Paraguay. Y los intentos de derrocamiento de los jefes de Estado de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Todas administraciones progresistas, de Izquierda y contrarias a los intereses de la derecha y del sector privado.
Aunque en casi todos los casos actuaron mandos y segmentos de militares y fuerzas policiales para intentar o conseguir la desestabilización de presidentes, la derecha recurre en las últimas décadas a métodos más sofisticados: utilización de leyes, atribuciones parlamentarias de corte autoritario, juicios sumarios (con el respaldo de poderes judiciales conservadores), uso de las grandes empresas periodísticas y episodios negativos de la realidad nacional.
En Paraguay eso se combinó. El punto cardinal estuvo dado por una institucionalidad heredada de los tiempos dictatoriales que permite al Senado, con no más de 40 votos, quitar al Presidente de la República. Es algo así como la continuidad del sistema de quórum que dejó Augusto Pinochet con su Constitución militar y que le permite a la derecha chilena hacer y deshacer en materias estratégicas para el país.
Es sintomática que la derecha de ese país (como la chilena y de otras naciones) acepta ese tipo de reglas, pero se opone a que los ciudadanos, por la vía de plebiscitos o referéndum, puedan decidir revocar un mandato presidencial o parlamentario, que sería una auténtica consulta popular. Así las cosas, un Mandatario con 60 ó 70 por ciento de aprobación puede ser derrocado, pero uno que no tiene más del 25 ó 30 por ciento de respaldo, puede seguir en el puesto.
La echada abajo de Lugo se originó en un suceso a todas luces cuestionable como fue el enfrentamiento entre policías y campesinos, que tenía como fin desalojar a los lugareños que tenían tomada una hacienda de la ciudad de Curuguaty en demanda de tierras para trabajar y subsistir y que dejó un saldo 17 fallecidos: 11 labriegos y seis efectivos policiales. El Gobierno sancionó a los mandos policiales y atendió la situación que allí se presentaba. Pero fue la excusa para que los senadores de derecha arremetieran contra Lugo.
¿Por qué la derecha no recurre a estas medidas en Colombia o en México donde Mandatarios de derecha suman decenas de miles de campesinos, jóvenes, ciudadanos muertos a manos de fuerzas militares y policiales y en hechos no esclarecidos muchas veces justificado en “la guerra contra el narco” o “contra los insurgentes”?
GOLPE EXPRESS
Pero además, no se cumplió con el debido proceso. Como el propio Presidente lo señaló, se trató de un “golpe de Estado express”. Su abogado defensor mostró ante los legisladores, antes de que se votara, el documento ya redactado con la sentencia fijada en contra del jefe de Estado; el letrado indicó que ese papel pasaría a la historia de Paraguay. En este continente hay naciones donde en 24 horas un grupito de legisladores pueden decidir la suerte de un Presidente que obtuvo cientos de miles de votos ganando la elección democráticamente. El equipo defensor del Presidente, integrado por los abogados Adolfo Ferreiro, Emilio Camacho y Enrique García sólo tuvo dos horas para preparar la defensa. No se hizo caso del planteamiento del senador oficialista Carlos Filizzola, quien pidió tres días para que Lugo se presentase ante el Senado y pudiera defenderse.
Cuando le tomaron juramento a Federico Franco como supuesto nuevo Mandatario, en varios salones y locales de la derecha paraguaya estaban preparadas celebraciones desde el día anterior, y parecía que acababan de ganar un proceso electoral; en realidad festejaban el derrocamiento del Presidente constitucional. Tomaba el mando Franco (es un alcance el apellido con el dictador español), el vicepresidente, un derechista del Partido Liberal Radical Auténtico.
El Mandatario destituido, quizá por no gatillar una situación de violencia expandida o de mayor crisis institucional, se paró frente a un micrófono y dijo que acataría la decisión del Senado, en tanto Poder Legislativo, pero declaró: “Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. No es Fernando Lugo el que es destituido, es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, alevosa y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos”.
Luego, apuntando a todos quienes estuvieron detrás de su caída, dijo que jamás se subordinaría a las cúpulas políticas, a la mafia, al narcotráfico.
Como siempre, fue el pueblo el que salió a las calles en casi todas las provincias de Paraguay. Sentían que les habían arrebato el gobierno y les habían quitado a su Presidente. Desde décadas que los sectores democráticos, progresistas y de Izquierda en Paraguay luchaban contra la dictadura y después contra los conservadores del Partido Colorado, y con Fernando Lugo había girado la historia. Pero ahora la derecha retomaba el control con una maniobra que algunos analistas graficaron como “golpe de Estado parlamentario”.
En 2013 habrá elecciones en Paraguay. Podría ser la nueva oportunidad. Pero habrá que ver cómo se vendrá ahora la ofensiva de la derecha paraguaya, apoyada por empresarios, terratenientes y empresas periodísticas para no soltar el bastón que agarraron mañosamente hace unas semanas.
Por Gonzalo Magueda
El Ciudadano Nº128, primera quincena julio 2012
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