La política de Biden hacia Cuba deja a la isla en la ruina

Cuba ha sido designada nuevamente como patrocinadora estatal del terrorismo, lo que ha devastado su economía y limitado el acceso a importaciones vitales como los medicamentos. Como consecuencia, las condiciones de vida han empeorado drásticamente, lo que ha provocado una inseguridad alimentaria generalizada, cortes de electricidad y un éxodo masivo de más de un millón de cubanxs. A pesar de las promesas de revertir las políticas de la época de Trump, el Gobierno de Biden ha ampliado las sanciones, dañando aún más al pueblo cubano.

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Observar personas hambrientas rebuscando en los contenedores de basura y mendigando solía ser más común en ciudades de Estados Unidos y Europa que en La Habana. Pero una serie de medidas discretas, primero de Trump y ahora de Biden, han producido una crisis humanitaria en Cuba.

Mientras contempla el mundo pasar cada día desde la sombra de su pórtico en el sur de La Habana, Ramone Montagudo, de 72 años, un profesor de historia jubilado, tiene un asiento de primera fila para ver la ruina. Hasta hace unos años, los basureros vaciaban regularmente los contenedores azules de la esquina de su calle, donde él y sus vecinos arrojan la basura doméstica. Ahora las moscas revolotean sobre un montón de basura bajo el pegajoso calor. Observa cómo algunos de sus vecinos más pobres —que hasta hace unos años tenían suficiente para comer— recogen restos de comida de la podredumbre.

«En lo que respecta a alimentos y medicamentos, vivimos una situación extraordinariamente difícil», afirma Montagudo. «Este país siempre ha estado sancionado y antes nos las arreglábamos, pero Trump nos remató».

Cuba ha sido sancionada por más tiempo que ningún otro país en la historia moderna. Pero hace casi una década, el Gobierno de Obama suavizó las sanciones a la isla y restableció las relaciones diplomáticas con La Habana, admitiendo que más de medio siglo de empobrecer a la isla no había logrado derrocar al gobierno comunista. La recuperación económica fue rápida. Pero en las últimas semanas de la administración de Trump, la Casa Blanca volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, junto a Irán, Siria y Corea del Norte, por razones abiertamente políticas y sin aportar pruebas.

Lxs observadorxs de Cuba esperaban que Biden restableciera la serie de logros de Obama. Después de todo, en la campaña electoral de 2020, Biden prometió que como presidente «revertiría las políticas fallidas de Trump que causaron daño a lxs cubanxs y sus familias».

En cambio, Biden ha superado a Trump yendo más lejos que el Gobierno anterior en su ataque a la industria turística de Cuba, el principal motor de la economía de la isla. Hace dos años, el Departamento de Estado de Biden prohibió a lxs extranjerxs que visitan Cuba viajar a Estados Unidos sin visado. Eso supuso que unas simples vacaciones en Cuba para personas del Reino Unido, Francia, España y otros 37 países podían hacerles perder la exención de visado y muchos decidieron no arriesgarse a visitar la isla. A diferencia del resto del Caribe, el turismo en Cuba no ha repuntado desde la pandemia. Los viajes europeos a la isla son sólo la mitad de lo que eran antes de la pandemia.

La designación de país terrorista, junto con las más de 200 sanciones promulgadas contra la isla desde que Obama dejó el cargo, ha minado la economía cubana al recortar los ingresos del Estado cubano en crisis. Lxs economistxs calculan que la pérdida de ingresos por turismo derivada de la designación de terrorista cuesta al Estado cientos de millones de dólares al año. El coste anual combinado de las sanciones de Trump y Biden asciende a miles de millones de dólares al año, sostienen.

Pero el coste humano para Montagudo y millones de personas como él es incalculable. Al profesor jubilado le diagnosticaron párkinson hace tres años. Puede obtener sus recetas —Cuba sigue teniendo más médicos en relación con la población que cualquier otro país del mundo—, pero no medicamentos. Como todo lo demás, el suministro se ha agotado. «Antes, ibas a la farmacia y había medicamentos, ahora…», se muerde el labio y se encoge de hombros.

Responsabilizando al sector privado por la implementación de sanciones: Cómo las sanciones de Trump y Biden han hundido la economía cubana

El doble golpe de las duras sanciones y la pandemia han dado paso a una nueva y sombría realidad para lxs cubanxs. Para muchos, actualmente, los cortes de electricidad pueden durar más de doce horas al día. Con los estantes de las farmacias vacíos, el precio de los medicamentos en el mercado negro ha quedado fuera del alcance de gran parte de la población. Sin dinero para reparar las viejas infraestructuras, cientos de miles de personas viven actualmente sin agua corriente. Lo peor de todo es que las cosas han ido tan mal durante tantos años que la gente ha perdido la esperanza.

Al rebajar el nivel de vida de la población y aplastar el sueño de un futuro mejor, las sanciones de Trump y Biden han producido un éxodo masivo de proporciones históricas. En los últimos tres años, un número récord de cubanos ha abandonado el país. Según cifras oficiales, el 10 por ciento de la población —más de un millón de personas-— se fue entre 2022 y 2023. 

Aun así, ni Trump ni el Gobierno de Biden han prohibido a las empresas de Estados Unidos vender medicamentos para el párkinson a Cuba. Las sanciones a Cuba permiten incluso formalmente «exenciones y autorizaciones relativas a las exportaciones de alimentos [y] medicamentos.» En 2022, el Departamento del Tesoro de Biden introdujo «licencias generales» para bienes vitales en Cuba, argumentando que «la provisión de apoyo humanitario para aliviar el sufrimiento de poblaciones vulnerables es fundamental para nuestros valores estadounidenses».

Pero el conflicto económico y la política exterior siguen siendo un arma primordial en Estados Unidos. Según una investigación exhaustiva del Washinton Post, y lejos de los anuncios, las conferencias de prensa y los titulares, ambas administraciones han retornado a una política de cambio de régimen basada en la premisa de reducir el flujo de divisas a las arcas de la isla y aumentar el sufrimiento de personas como Monteagudo. 

Joy Gordon, experta en sanciones de la Universidad Loyola de Chicago y autora de Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions (Guerra invisible: Estados Unidos y las sanciones a Irak), declaró a Drop Site News que se ha producido un cambio hacia la minimización de los daños visibles a la población civil desde las sanciones impuestas a Irak en la década de 1990, que provocaron malnutrición y epidemias generalizadas. «Hay una estrategia para intentar responsabilizar al sector privado por la implementación de las sanciones», dijo.  La política de Estados Unidos ha creado unas condiciones que hacen comercialmente obligatorio que el sector privado se retire de mercados enteros, lo que ha provocado un daño económico grave y generalizado, pero de una forma que no es directamente atribuible a los responsables políticos estadounidenses».

La Ley Helms-Burton es un buen ejemplo. En 2019, Trump implementó el Título III de la ley, que permite a los estadounidenses demandar a las empresas que hacen negocios con Cuba, algo a lo que todos los presidentes anteriores habían renunciado. Los cruceros que llevaron turistas estadounidenses a La Habana durante el Gobierno de Obama han sido demandados desde entonces por cientos de millones de dólares ante un tribunal federal de Florida por atracar en el puerto principal de La Habana. La solución ha sido disuadir a las multinacionales de invertir en la isla.

Pero quizá el mejor ejemplo de sanción casi invisible pero insidiosa sea la designación de Cuba como «Estado patrocinador del terrorismo». Presentada como una herramienta política benigna para hacer del mundo un lugar más seguro y no como un instrumento de guerra económica, esta designación ha contaminado más que nunca la palabra «Cuba» en la economía mundial. Casi de la noche a la mañana, esa etiqueta provocó que tanto bancos mundiales como exportadores vitales se retiraran del mercado cubano, según diplomáticxs y empresarixs de la isla.

«Muy pocos bancos quieren trabajar actualmente con Cuba», dijo a Drop Site News un empresario europeo radicado en La Habana, que habló bajo condición de anonimato. Dijo que su banco le informó que su cuenta sería cerrada pocos días después de la designación. 

La isla ya había estado en la lista de países terroristas del Departamento de Estado hasta 2015. Pero desde su nueva inclusión en 2021 los efectos han sido más extremos. A lo largo de la última década, las normas antiterroristas y de blanqueo de capitales se han endurecido. El «sobrecumplimiento» también ha aumentado a medida que los bancos intentan esquivar las multas multimillonarias de un Departamento del Tesoro cada vez más envalentonado.

Coaccionar a las multinacionales para que dejen de comerciar con la isla ha supuesto que el Estado cuente con un grupo de proveedores más reducido y receloso del que se puedan hacer importaciones. Coaccionar a los bancos para que dejen de procesar pagos desde y hacia Cuba ha significado que, a menudo, incluso cuando el Estado disponga de dinero para comprar y un proveedor esté dispuesto a vender, no haya forma de realizar el pago.

«La implementación de las sanciones se delega ahora a los bancos, que se han visto presionados a perseguirse a sí mismos», declaró otro empresario occidental radicado en La Habana. “No pueden afirmar que ya no lo saben”.

Con más riesgos y menos beneficios, muchos proveedores han abandonado el mercado cubano. «Es un país pequeño que paga tarde. El mercado no puede preocuparse”, dijo un tercer empresario europeo que ya no vende equipos de alta tecnología al Ministerio de Salud Pública cubano. Hacer negocios con Cuba siempre ha sido arriesgado, añadió, pero la designación de país terrorista cambió las reglas del juego: Ahora, «si hay rastro de una cuenta cubana, será bloqueada».

A la pregunta de por qué las empresas farmacéuticas y de equipos médicos han dejado de comerciar con Cuba en los últimos años, el fundador de una empresa farmacéutica europea de tamaño medio lo explica así: «Es un mercado pequeño: ¿Para qué meterse en problemas por tan poca cosa?»

La fuente dijo que ya «no vale la pena» que su empresa suministre al Ministerio de Salud Pública cubano, pero lo hacen de todos modos. «¿Cómo puedes ver eso y no sentir compasión por ellos? El empresario habló desde el anonimato, preocupado por la posibilidad de que le cerraran la cuenta bancaria de su empresa si la principal institución financiera europea con la que trabaja descubría que suministra a Cuba. 

Destruyendo esperanzas 

Los defensores del Gobierno de Biden argumentan que los problemas económicos de Cuba van más allá de estas medidas punitivas. Y tienen razón. Las reformas intermitentes del Partido Comunista en el poder durante las dos últimas décadas no han logrado mejorar la productividad del sector estatal, que sigue estando muy centralizado y aletargado. Los salarios estatales son miserables y van a peor. El absentismo está muy extendido. Pero señalar las múltiples causas de los problemas económicos de la isla no absuelve las sanciones.

William LeoGrande, politólogo de la American University, dijo que la designación de país terrorista equivale a «un frente en la guerra económica de Washington contra Cuba». Un resultado directo de esta designación y otras sanciones de Trump y Biden es que el Estado cubano pierde hoy miles de millones de dólares de ingresos al año en un momento en que sus principales importaciones son alimentos y combustible. «Las sanciones de hoy impactan al pueblo cubano más que nunca», añadió.

Las raciones de alimentos del gobierno —un salvavidas para los pobres del país— están escaseando. La agricultura nacional, que siempre ha sido débil, se ha desmoronado en los últimos años por falta de semillas, fertilizantes y gasolina, obligando al Estado a importar el 100 por ciento de los productos básicos subvencionados.

Pero no hay dinero suficiente para hacerlo. El año pasado, el gobierno eliminó el pollo de la cesta básica de alimentos que recibe la mayoría de los adultos. El mes pasado, la ración diaria de pan disponible para todos los cubanos se redujo en una cuarta parte. Incluso alimentos básicos como el arroz y las judías están llegando con retraso. La inseguridad alimentaria en la isla va en aumento, según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los grupos más vulnerables —personas mayores, embarazadas, menores de edad y personas con enfermedades crónicas— son los más afectados por las repercusiones de la política estadounidense.

«Cuando los alimentos son financiados y racionalizados por el Estado, no es de extrañar que si éste quiebra, aumente la inseguridad alimentaria, sobre todo para quienes no tienen familiares en el extranjero que envíen remesas», dijo Gordon, el profesor de Loyola.

En marzo, Estados Unidos recibió una señal del malestar al que apunta su política, con cientos de personas que salieron a las calles en la ciudad oriental de Santiago denunciando largos cortes de electricidad y gritando: «¡Tenemos hambre!»

La mayoría de cubanxs que huyen de esta miseria se dirigen a Estados Unidos. Más de cien mil personas han emigrado a los Estados Unidos legalmente desde enero de 2023 a través del «programa de libertad condicional humanitaria» de la administración de Biden. Muchos más han cruzado la frontera ilegalmente. Una ley de la Guerra Fría, la Ley de Ajuste Cubano de 1966, convierte a Cuba en el único país desde el cual un inmigrante puede llegar a Estados Unidos ilegalmente y obtener la residencia un año y un día después. Algunxs cubanxs construyen embarcaciones muy endebles y más de 140 cubanxs han muerto este año al intentar cruzar el estrecho de Florida, según la Organización Internacional para las Migraciones. Los que tienen familiares que pueden pagar un billete de avión vuelan a Nicaragua antes de emprender la peligrosa travesía hasta la frontera entre Estados Unidos y México.

Al mantener la designación de país terrorista y otras sanciones, el Gobierno de Biden ha alimentado esta oleada de migración cubana que bate récords. En los últimos tres años, más de medio millón de cubanxs han llegado a Estados Unidos, según cifras de la Agencia de Aduanas y Patrulla de Fronteras. Toda esta dinámica tiene un toque de locura: la migración cubana récord avivada por la administración de Biden juega a favor de la «crisis fronteriza» más amplia que está ayudando a Trump a medida que se acercan las elecciones.

Cuba no es un Estado patrocinador del terrorismo

La lista de Estados patrocinadores del terrorismo siempre ha estado en la frontera entre el análisis y la propaganda. No importa lo malo que sea su historial, los aliados de Estados Unidos nunca entran en la lista; los adversarios, sí. 

El Gobierno de Reagan designó por primera vez a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo en 1982. La Habana se enfureció ante la decisión, dado el historial de Estados Unidos de respaldar y aprobar atentados terroristas en la isla, en particular la Operación Mangosta, una operación encubierta que atacó objetivos civiles dentro de Cuba durante la década de 1960 y con el conocimiento previo de los planes de exiliadxs cubanxs entrenadxs por la CIA para hacer estallar un avión civil cubano en 1976, que Washington decidió no compartir con La Habana y que resultó en el asesinato de 73 hombres, mujeres y menores de edad a bordo.

Sin embargo, durante la década de 1980, Cuba apoyó las luchas de liberación nacional en Centroamérica y África. Aquel que luchaba por la libertad de Cuba era considerado terrorista por Washington, por lo que la designación tenía al menos cierta lógica de la Guerra Fría. Y, de hecho, en ocasiones, algunos de los movimientos respaldados por La Habana llevaron a cabo actos de violencia política contra civiles, conocidos, según su perspectiva política, como terrorismo.

Las agencias de inteligencia de EE. UU. pudieron así reunir argumentos basados en la información para respaldar la inclusión en la lista. Pero a medida que la Unión Soviética se desintegraba y la Guerra Fría llegaba a su fin, Cuba se sumía en una profunda crisis económica interna, al tiempo que disminuía su proyección de poder. Los días de apoyo a las luchas de liberación en el extranjero quedaron atrás en el siglo XX, pero la designación de país terrorista perduró.

Según antiguos funcionarios de inteligencia y del Departamento de Estado, durante las tres últimas décadas la evaluación del servicio de inteligencia de EE. UU. ha sido que la isla no ha patrocinado lo que incluso los propios Estados Unidos definirían como terrorismo desde la década de 1990. Cuando Obama sacó a la isla de la lista en 2015, Ben Rhodes, el encargado de la administración de Cuba tuiteó: «En pocas palabras, el presidente de los Estados Unidos (POTUS) está actuando para eliminar a #Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo porque Cuba no es un Estado Patrocinador del Terrorismo».

Para volver a incluir a Cuba en la lista, el Departamento de Estado de Trump necesitaba fundamentos y argumentó que Cuba estaba dando refugio a estadounidenses prófugos de la justicia y a dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano.

Los envejecidos  fugitivos de EE. UU. son principalmente activistas del Black Power (Poder Afroamericano) a los que Cuba concedió asilo en los años setenta y ochenta. La seguridad del Estado cubano los vigila, y no hay pruebas de que hayan utilizado nunca el territorio cubano para llevar a cabo o apoyar actividades terroristas.

Mientras tanto, a los comandantes del ELN se les concedió refugio como parte de las negociaciones de paz de las que Cuba fue anfitriona alentada por el Gobierno de Obama. 

Las conversaciones fueron facilitadas por Cuba y Noruega (Noruega ha escapado de algún modo a la designación de país terrorista a pesar de su papel). Si bien el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el otro gran grupo guerrillero del país, alcanzaron un histórico acuerdo de paz en 2016 con la ayuda de La Habana, la paz entre el Estado colombiano y el ELN continuó siendo esquiva.

En 2019, el ELN llevó a cabo un ataque mortal contra una academia de policía en Bogotá (Colombia), en el que murieron 22 personas. El gobierno colombiano hizo múltiples peticiones a Cuba para extraditar a los líderes del ELN, que Cuba eludió.

Pero en 2016, el ELN y el gobierno colombiano firmaron un protocolo secreto que garantizaba la seguridad de los negociadores del ELN en La Habana «en caso de ruptura de las conversaciones de paz». El documento, firmado por la delegación cubana, deja claro que la extradición no sería una opción y que los negociadores podrían regresar a las partes del territorio colombiano que consideren seguras.

Además, el presidente colombiano Gustavo Petro —un exguerrillero— retiró la solicitud de extradición en 2022 y calificó la inclusión de Cuba en la lista como «injusticia».

Las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, el último grupo de guerrilla del país, se reanudaron el año pasado en La Habana. Desde entonces, ambas partes han anunciado una tregua.

Fulton Armstrong, que anteriormente fue el máximo responsable de los oficiales estadounidenses de inteligencia para América Latina, dijo que si Cuba hubiera extraditado a los negociadores del ELN habría socavado su capacidad para ayudar a poner fin a las sangrientas guerras de Colombia.

«No se trata de ser amable con los antiguos guerrilleros», dijo. «Es una cuestión de credibilidad».

La revisión política que nunca existió 

Desde sus primeros meses en el cargo, el equipo de Biden ha dicho repetidamente —tanto en público como en privado a los miembros del Congreso— que estaba llevando a cabo una amplia revisión de la política hacia Cuba, incluida la designación de país terrorista.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en 2022 que la administración «continuará, según sea necesario, revisándola para ver si Cuba sigue mereciendo esa designación».

Pero el año pasado se descubrió que esa afirmación era falsa. En una reunión privada, un funcionario del Departamento de Estado comunicó en privado a los miembros del Congreso que ni siquiera se había iniciado el proceso de revisión, según fuentes presentes.

La reunión, organizada por el congresista demócrata Jim McGovern y otros expertos en política cubana, formaba parte de un esfuerzo por presionar a la Administración para que dé marcha atrás en su enfoque punitivo hacia Cuba. Pero McGovern y sus aliados en el Congreso creían, según fuentes implicadas en la lucha, que dar margen de maniobra a la administración de Biden, y reducir la presión sobre la Casa Blanca, les llevaría a hacer lo correcto. Ese cálculo resultó incorrecto y ahora el Departamento de Estado se ha quedado sin tiempo. 

Al dar a los periodistas líneas aburridas sobre «procesos» burocráticos que son difíciles de utilizar en una historia (a diferencia del lenguaje ágil e incendiario de una campaña de «máxima presión» en la isla utilizado por el gobierno de Trump), la administración de Biden ha impedido cualquier conversación sobre el poder del listado.

Los periodistas no han exigido responsabilidades al gobierno. Pero incluso con buena voluntad, es difícil rastrear los efectos específicos de las sanciones en una población: la interacción entre los problemas económicos internos de Cuba y las estrategias entrelazadas de la presión externa sobre la isla hace que sea casi imposible designar una carencia específica a una política concreta.

Además, la estrategia de décadas de externalización de la política de sanciones al sector privado también ha reducido el periodismo sobre los efectos de las sanciones. Los medios de comunicación prefieren historias individuales más claras que puedan explicarse rápidamente a la audiencia y encontrar empresas que estén dispuestas a hablar sobre cómo y por qué han dejado de comerciar e invertir es laborioso.

Para Armstrong, antiguo oficial de inteligencia, hablar de un «proceso de revisión» siempre fue una farsa. Todo lo que se necesitaba a nivel ejecutivo, era convocar a agencias de inteligencia de EE. UU. y preguntarles si había alguna razón basada en pruebas para no anular la nueva inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. “Tardaría medio día”, afirmó.

Lxs analistas coincidieron en que, con voluntad política, Cuba podría haber salido de la lista pocas semanas después de la toma de posesión de Biden en 2021. Unxs 80 demócratas de la Cámara de Representantes enviaron a Biden una carta instándole a hacer precisamente eso a las pocas semanas de su toma de posesión. Incluso si la administración llevara a cabo una revisión de seis meses, como algunos sostienen que exige la ley, la designación podría haberse levantado a mediados del primer año de mandato de Biden. Si la Casa Blanca lo hubiera hecho, cientos de miles de cubanxs podrían estar hoy en casa con sus seres queridos, viviendo con un mejor acceso a alimentos y medicinas, en lugar de abrirse camino hasta la frontera y batallar contra el bizantino sistema de inmigración estadounidense.

La postura del gobierno de Biden se enredó aún más en mayo, cuando retiró a Cuba de la lista de países que no «cooperan plenamente» con Estados Unidos en la lucha antiterrorista. Según nombramientos oficiales, Cuba ahora «coopera plenamente» con las fuerzas antiterroristas, al mismo tiempo que «patrocina» el terrorismo. Sigue sin explicarse cómo un mismo país puede hacer ambas cosas. A la pregunta de por qué el Departamento de Estado ni siquiera había iniciado una revisión, el portavoz Matt Miller dijo a Drop Site en una rueda de prensa que la política de EE. UU. estaba encaminada a promover «las aspiraciones democráticas del pueblo cubano», en referencia al objetivo de Estados Unidos de derrocar al régimen.

«En caso de revocación de la condición de Estado patrocinador del terrorismo, tendría que ser coherente con los criterios jurídicos específicos para revocar dicha determinación», afirmó. «Cualquier revisión del estatus de Cuba en la lista, si alguna vez se produjera, se basaría en el derecho y en los criterios establecidos por el Congreso, pero el presidente y el Secretario [Antony] Blinken siguen comprometidos con las políticas que hemos promovido y que promoverán las aspiraciones democráticas del pueblo cubano».

Pero hay maneras de describir sin ambages las formas y los medios de las sanciones. En abril de 1960, cuando los organizadores de Washington estaban estudiando cómo hacer frente al nuevo gobierno revolucionario, un alto funcionario del Departamento de Estado redactó un memorándum, actualmente infame, en el que se explican los motivos de la guerra económica que se estaba desarrollando. «Deben emprenderse todos los medios posibles para debilitar rápidamente la vida económica de Cuba», argumentó Lester D. Mallory, entonces vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. «Siendo lo más hábil y discreta que pueda», añadió, la política de EE. UU. debe «penetrar lo más posible para negar dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios monetarios y reales, para provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno». Biden se ha negado a romper con esta lógica. En lo que concierne a Cuba, éste es su legado. 

Traducción: Tania Morais, Fabian Aruquipa and ProZ Pro Bono

Foto: Drop Site

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