La protesta de los hijos de la democracia

En los días previos al 11 de septiembre pasado el ‘gobierno ciudadano’ detuvo a 871 personas en allanamientos selectivos. La Villa Francia fue copada por carabineros, en Lo Hermida debutó un carro policial que emite ondas de ultrasonido y el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, estrenó un sistema centralizado de comando y control. Recogimos las visiones del otro lado de la barricada, para tratar de entender porqué ese día muchos adolescentes y  jóvenes salen a enfrentarse en casi todas las poblaciones de la capital con la policía. Una voz que los medios han silenciado con el simplista mote de ‘encapuchados’, pero que da cuenta de que algo se mueve en los extramuros de la ciudad neoliberal.

La primera vez que Víctor Farías (17 años) vio una pistola fue cuando un detective se la puso en la sien a un amigo con el que estaba tomando cerveza afuera del Unimarc de Las Parcelas en Peñalolén. Ni los cigarros que se llevaron, ni la cerveza que botaron fue más importante que esa imagen ocurrida hace dos años. La pistola persiste y después la ha visto en manos de un traficante o la oído en disparos una que otra noche en su población. Para Víctor o Nelson, su hermano de 15 años, el mal trato de la policía es una constante. «De repente puedo estar sentado aquí, llegan los pacos, se paran y empiezan a registrar, que andamos con marihuana o copete y cosas así nos dicen. Tratan mal, te registra entero. Te pegan patadas terrible fuertes. Me han parado como 7 veces, si anteayer estábamos afuera del colegio sentados y llegaron los pacos y nos empezaron a registrar. ‘Adonde tenís la marihuana’- dicen al tiro y uno queda así, para adentro. Se aprovechan porque andan armados y uno anda así, no más». Por eso para él la noche del 11 de septiembre es la oportunidad del desquite. Junto a sus amigos del Pasaje K arman barricadas y esperan a la policía.

El gesto se multiplica exponencialmente desde hace unos años en las poblaciones de la capital y de regiones generando un ritual de violencia que ya trascendió la primera conmemoración del golpe sin Pinochet. Durante esa noche miles de menores salieron con todo a enfrentarse a la policía y la muerte del cabo Cristián Vera, producto de un disparo en Pudahuel, visibilizó un ritual de violencia urbana que ya en 1997 dejó dos personas muertas (una en las afueras del Cementerio General producto de un disparo de un oficial de carabineros y un anciano arrollado por un guanaco) y el 2005 la bala de otro policía terminó con la vida del menor Cristian Castillo, a unas cuadras del Pasaje K de Víctor y Nelson.

Perspectiva histórica

Si bien la protesta urbana ha sido una constante en el camino de los sectores populares para alcanzar conquistas sociales, las ocurridas la noche del 11 de septiembre de los últimos años resaltan por el grado de violencia, el uso de armas y la presencia de muchos menores de edad enfrentándose a la policía. Esta situación, a juicio del historiador Gabriel Salazar, «evidencia la fractura de los dos niveles en que se han medido los procesos históricos. Si por un lado se desarrolló la transición política formal hacia la democracia acomodando la constitución dictatorial, proceso que la clase militar y civil ya dieron por cerrado; en un segundo plano ocurre un proceso histórico más invisible, menos formalizado y conceptualizado de transición ciudadana, la que está regida por otros parámetros a los acuerdos y negociaciones políticas. Está regida por la memoria social de lo que significó la dictadura, los recuerdos de democracia antes del golpe y la memoria de vivir bajo la dictadura del mercado. Para quienes dieron por cerrada la transición hay que hacer valer la ley que es la constitución dictatorial, lo que se expresa en la gobernabilidad. En cambio, para la gran masa popular eso no está cerrado mientras no existan canales de comunicación orgánica entre los dos niveles, tengan espacio de expresión política y existan canales expeditos de participación ciudadana. Para ellos entonces la única posibilidad es la protesta».

A juicio del sociólogo Raúl Zarzuri, la protesta elige como objetivo a la policía porque tal institución fue la «encargada de reprimir los sectores populares durante la dictadura. Entonces en la memoria de esos sectores todavía queda algo de eso. Además el accionar de la policía en los sectores populares es muy distinto al trato hacia sectores acomodados. Por ello en muchos jóvenes aparece una fobia a carabineros que en muchos casos se responde por parte de la policía con una fobia antijoven o antipopular».

Salazar agrega que la violencia no es antojadiza como lo han querido rotular los medios. «Pese a que no hay una propuesta política para deshacerse del modelo neoliberal y muchos agentes de violencia no hayan racionalizado el porque de ella, ésta no deja de ser simbólica y se expresa en la destrucción de las manifestaciones materiales del modelo como colegios de fundaciones privadas, mobiliario urbano o policías. Eso revela que no hay confianza y expectativas reales en las ofertas que hace el sistema».

Una imagen repetida por los medios después del 11 fue la destrucción del colegio Nocedal en La Pintana, de propiedad del Opus Dei. Un vecino del sector, Danilo Fuentes, señala que «hay cierto resentimiento en las poblaciones con ese colegio. Sólo pueden entrar alumnos con excelentes notas, se les exige pelo corto y moño a las niñas, tienen un uniforme distinto a los otros colegios del sector y tratan a los apoderados como si fueran una elite en esta población».

A juicio del historiador Sergio Grez, «el análisis de la protesta urbana desde el primer reventón masivo ocurrido en 1889 en Santiago, da cuenta que la mayor cantidad de víctimas es producto de la represión estatal y, en el mediano plazo, se termina en reacomodos de la clase dirigente, que hace concesiones pero en función de mantener su control sobre la sociedad». Respecto de la violencia en las protestas, Grez señala que «siempre ha fagocitado los movimientos sociales, así ocurrió con la huelga de los tranvías de 1888, la huelga marítima y portuaria de 1903, la huelga de la carne devenida en semana roja de Santiago en 1905 ó la huelga de la chaucha, el 2 de abril de 1957».

Salazar agrega que esta historia «creó una cultura de protesta masiva. Eso queda en la memoria y la juventud lo reproduce. Pese a que el proceso de la UP encauzó al movimiento popular institucionalmente, luego del golpe y la represión inicial, a partir de 1983 toda esa tradición reaparece y se legitima la protesta callejera convertida en ese momento en una resistencia antidictatorial. Eso quedó en la memoria».

La televización de la protesta

La noche del 11 de septiembre los despachos de todos los noticiarios eran hechos de poblaciones motejadas como conflictivas y del Hospital de Carabineros. Mientras media ciudad era bombardeada con lacrimógenas la televisión transmitía en directo la llegada en helicóptero de cada policía herido (42 en total), algunos periodistas estrenaban la práctica usada por los norteamericanos en Irak de ir acoplados en los carros policiales de choque y otros tantos guardaron los antiguos adjetivos, como violentistas o vándalos, para quienes protestaban, clasificándolos esta vez como «delincuentes», palabra repetida luego por los voceros policiales y las autoridades del gobierno. El columnista de La Tercera, Patricio Navia, llegó a hablar de «barbarie contra civiles y carabineros».

Esa misma noche una guagua de 26 días moría en Lo Hermida asfixiada por lacrimógenas, hecho que no tuvo mayor espacio en los medios que dedicaron sendos despachos al funeral del cabo Vera, imagen que fue portada de todos los periódicos el 13 de septiembre. También se olvidó decir en los noticiarios que el cabo muerto era de la misma comisaría del carabinero Miguel Angel Castro, quien días antes mató con su pistola a un menor de 11 años que peleaba con su hijo.

En las primeras horas del 12 de septiembre el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, exigía a las organizaciones de derechos humanos la responsabilidad por los desmanes ocurridos. A juicio de Grez «hay que evitar la amalgama, cosa que a la que ha recurrido el poder político y los medios masivos. Están realizando una operación ilegítima desde el punto de vista analítico. Se está amalgamando fenómenos distintos aprovechando el hecho de que ocurren en una misma jornada, como las manifestaciones de organizaciones sociales que legítimamente se han ganado el derecho a ocupar los espacios públicos con acciones de extrema violencia en donde hay armamento que ocurren de noche».

Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos, lamenta que «la triste muerte de un funcionario policial termina siendo un show para los medios y una justificación para la clase dominante para ejercer mayor violencia al dotar a las fuerzas policiales de mayor armamento y rigurosidad». Punto Final quiso saber la versión del director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Oscar Acuña, y del propio Harboe, pero ambos desistieron en entregarla.

Hijos de la democracia

Lautaro Huanca, dirigente del Movimiento de Pobladores en Lucha, lleva años siendo testigo de la protesta y posterior represión en Lo Hermida. Para él, los chicos que salen a protestar «son hijos de los programas sociales de la Concertación. Nadie que esté de acuerdo con algo, lo agarra a camotazos. Eso, por más que quieran ensombrecerlo, da cuentas de que hay un desacuerdo. Si bien, la violencia no tiene una conducción racional, es un desquite y los chicos tienen motivos. Si cuando van al estadio los agarran a palos o son violentados en el colegio y en sus casas».

Así le pasó a Jonathan Espinoza (18 años), de Cerro Navia, quien asume que sale a protestar como un desquite contra carabineros. «Si hace menos de un mes andaba en moto con un amigo y unos policías salieron persiguiéndonos. No habíamos hecho nada, nos tiraron el auto encima, le quebraron la moto a mi amigo y lo agarraron a palos en el suelo. Muchas veces le ha pasado lo mismo a otros amigos. Ni siquiera preguntan que andamos haciendo. Si a uno hasta le quebraron la pierna. También te discriminan por la ropa que vistes. Una vez que mi papá cuidaba una casa en La Dehesa fui a verlo y salí a comprar algo para comer. Iba por la calle y los pacos me detuvieron y me revisaron delante de toda la gente, como si hubiese andado robando. Si ven a cualquiera de población por allá lo paran. Por eso nos desquitamos los 11 de septiembre. Si los pacos te trataran mejor creo que no habría tanta violencia como la que hay ahora».

Gutiérrez agrega que «los chicos que salen a protestar tienen motivos para estar disconformes con un sistema que los margina en una democracia que excluye, encarcela, recluye y hace ghettos. Es una respuesta a una violencia sistémica, sobre todo el mismo año en que entró en vigencia la ley Penal Adolescente». Zarzuri agrega que «en muchos sectores populares la exclusión es la característica central. Se manifiesta en distintas dimensiones de la vida, ya sea política, económica, educacional o cultural. Esto facilita la aparición de frustraciones y rabias que se manifiestan en la furia en fechas emblemáticas y que se expresan a través de la violencia».

Salazar señala que «las elites en Chile siempre han tenido miedo a que los estratos populares ejerzan su soberanía. Eso siempre lo han llamado anarquismo o subversión, pero nunca lo han entendido como un legítimo derecho ciudadano. Como no quieren entenderlo así reaccionan policialmente al no explicarse el fenómeno, sino por miedo, estado que sólo produce represión». Añade también que ante la ausencia de proyectos colectivos los chicos delimitan su actuar en el presente: «cuando los chicos van al estadio no van sólo a ver un partido de fútbol, quieren ser actores. Cuando no puedo actuar a largo plazo, actúo por lo menos para quedar contento con mi identidad. Se opera en la temporalidad del presente. El cabro que tira una piedra agota toda su políticas en ese gesto».

Transfondo de precarización económica

El 11 también generó 14 medidas antidelincuencia anunciadas por Harboe, centradas en el control de las armas exhibidas en varias poblaciones. De todas las medidas, sólo la que entregará capacitación a 5 mil jóvenes se aparta del enfoque represivo. Para Gutierrez «toda agenda que pretenda reprimir a las personas es inadecuada y a la postre genera más violencia. Si lo que está pasando es producto de una sociedad neoliberal que produce una violencia sistémica para importantes sectores de la población que cada cierto tiempo mostrarán su bronca».

Zarzuri comenta que «las medidas que sólo van  acompañadas de más represión no ayudarán a revertir las situaciones de violencia, sino que las pueden incrementar. Si bien estoy de acuerdo con dotar a la policía con más elementos para continuar la lucha contra la delincuencia, es necesario que ésta no quede visibilizada sólo en los jóvenes de sectores populares como nos están tratando de hacer creer».

Salazar por su parte intenta explicarse la presencia de armas como producto de un modelo económico que ha hecho que «las masas populares se da cuenta perfectamente hoy que el tráfico o el mercado negro le da más recursos que el trabajo formal. Cuando eso se instala y genera la correspondiente represión estatal, hay que defender el tráfico y los implicados se arman. Frente a esa realidad proponer las condiciones del trabajo actual, absolutamente determinadas por un empleo precario y temporal que no permite formar familia, y un espacio dominado por un mercado que sólo permite que haya mayor consumo a través de las tarjetas de crédito, es iluso. Si sumamos a esto la tradición de lucha callejera que inició el fin de la dictadura, se mezclan ambas cosas. La necesidad de defender esos circuitos de tráfico ante la policía o la competencia en un contexto de memoria de lucha callejera por no haber canales de participación, genera un fenómeno como el ocurrido el 11 de septiembre».

Por eso llama a la sensatez de parte de las autoridades: «La espiral de violencia que tiene a cabros chicos en las calles con armas frente a policías es un fenómeno imparable, porque mientras los cabros vean que sólo en el tráfico tengan una integración a una economía lleva inevitablemente a una lucha armada. Eso no tiene salida. Por eso el tema es muy de fondo y exige que la izquierda piense esto de manera inteligente y no explique esto sólo como un fenómeno del lumpen».

Zarzuri aboga por «fortalecer el tejido social. En los sectores que en estos momentos se identifican como violentos se percibe un debilitamiento del tejido social y cierto abandono. El Estado se ha retirado o no alcanza a cubrir ciertas necesidades. Es necesario por ello potenciar las organizaciones juveniles. Una ventaja de la democracia supone la posibilidad de crítica y justamente aquellos que hacen esas críticas son invisibilizados y estigmatizados, cuando precisamente lo que se debe hacer es integrarlos. Apartarlos conducirá inevitablemente al establecimientos de ghettos físicos y simbólicos que serán imposible de erradicar».

Víctor Farías tampoco cree en las medidas de Harboe. A su juicio «los 11 van a ser peor y esas medidas que quieren tomar no les van a resultar. Si ahora mataron a un policía, los próximos años pueden ser más. No creo que se solucione si los propios policías no cambian el trato con los jóvenes de población». Huanca  agrega que «el 11 va a seguir siendo una fecha donde se canaliza la rabia acumulada por los jóvenes durante el año. La población adulta ve esto con recelo y buscan consignas y creo que el 11 ya superó cualquier consigna y discurso partidario. Hoy es la fecha que se han dado los chilenos para sacar la basura que tienen en su casa. Es el carnaval que no tienen los chilenos, la noche  en que nadie tiene rostro a pesar que nos han pedido que nos saquemos la capucha».

Mauricio Becerra Rebolledo