La Reforma al CAE: Se CAE la Educación Superior Pública

La propuesta de sacar a los bancos del negocio de la educación superior es analizada por el Observatorio de Políticas Educativas (Opech). El sistema del CAE tras seis años de funcionamiento sirvió para entregar a la banca unos 550 millones de dólares y, de paso, consolidar a empresas dedicadas al negocio educativo, las que se llevaban un 87,2% de la torta repartida. Para el Opech es necesario sacar la discusión sobre la educación superior de los criterios economicistas y reenfocar el debate en una educación de acceso universal, gratuita y con sentido público.

El Crédito con Aval del Estado (CAE) fue la antesala de la consolidación de un sistema de financiamiento estatal a las universidades privadas, porque sirvió para financiar a un grupo de empresas que hoy son el paradigma de la educación superior de mercado. Antes de su implementación, el año 2006,  la cantidad total de jóvenes en la educación superior el año 2005 eran 663.000 aproximadamente. De estos el 55,8% se matriculaba en alguna universidad del Consejo de Rectores (Cruch) [1] y el 44,2% en universidades privadas. Si se suman a ellos los Centros de Formación Técnica (CFT) y los Institutos Profesionales (IP) [2],  sólo uno de cada cuatro estudiantes eran parte de la educación superior pública. [3]

Hoy tras seis años de aplicación del crédito con aval del Estado, la matrícula ha aumentado a más de un millón de estudiantes. Matrícula que se ha concentrado principalmente en instituciones privadas [4]. Si bien es cierto,  antes del CAE la matrícula en Universidades Privadas ya crecía. Con el CAE  el total de la matrícula en la Educación Superior Privada se duplicó en 5 años [5]. El Crédito con Aval del Estado fue un beneficio casi directo a este tipo de instituciones. De hecho al año 2009 estas concentraban el 87,2% de los estudiantes beneficiados. Interesante formula de inversión y negocio.

Particularmente asombroso es el caso de la educación superior Técnico Profesional (IP’s y CFT’s), luego de venir en una sostenida baja desde el año 1994, a partir del 2006 en adelante, aumentó en un 105%, concentrándose en algunas instituciones [6]. Hoy por ejemplo, de los 64 CFT sólo 13 concentran el 68 % de la matrícula. En el caso de las Universidades Privadas, algunas concentran un lato número de estudiantes, por ejemplo, la Universidad de las Américas tiene 29.191 estudiantes, la Universidad del Mar tiene 20.020 matriculados al 2011, la Universidad Autónoma 19.108 estudiantes, la Universidad Santo Tomás 27.889 y la Universidad Andrés Bello 36.325 [7]. Es decir de las 34 Universidades privadas solo 10 concentran más del 50 %  de la matrícula.

En conclusión, el Crédito con Aval del Estado (CAE) sirvió, entre otras cosas, para que un grupo de empresas de educación superior técnico-profesional y universitaria se consolidara en matrícula y en infraestructura con los recursos frescos que inyectó (de los estudiantes endeudados) al sistema esta reforma. Según la Comision Ingresa la mayoría de los beneficiarios de este crédito acudieron a Universidades Privadas, CFT e Institutos Profesionales [8]. Estas, con sus altos aranceles han usufructuado del 87,2% de los estudiantes beneficiados por el CAE.

¿Esto ocurrió  como consecuencia de las leyes de la oferta y la demanda? ¿Ha sido el mercado el que ha favorecido a estas instituciones? No. Como se ha demostrado, ni los bancos confiaban en este tipo de Universidades, que el negocio de la acreditación [9] permitió “blanquear”. Los créditos bancarios funcionaron como pantalla para que el Estado financiara (indirectamente) a la educación superior privada. El Estado abrió la posibilidad de crédito a miles de jóvenes que guiados por la publicidad y los escasos mecanismos de selección [10], “optaron”, en su mayoría,  por matricularse en Universidades, IPs y CFTs privados. Posteriormente los bancos que tenían créditos que consideraban de más riesgo, (que tendrían dificultades en cobrar), el Estado se los compraba. A este tipo de operación se le denominó “recarga” [11]. Un reportaje de Ciper (Centro de Investigación Periodística) sobre este tema muestra que hay universidades que los bancos no “acreditan”.  Es decir, venden al Estado la mayor parte de los créditos otorgados para estudiar en ellas. De esa manera, el Estado financia a las Universidades Privadas que los bancos desechan. Un ejemplo de esto, según datos del año 2010, es que el Estado ha financiado en un alto porcentaje a  la Universidad Autónoma (los bancos vendieron al Estado un 86% de los créditos otorgados para estudiar en esta universidad), a la Universidad de la Américas (63%), la Universidad Santo Tomás. (76.8%), a la Universidad San Sebastián (77%) y a la Universidad Andrés Bello (71, 5%) [12].

FINANCIAR EL NEGOCIO EDUCATIVO

Con el actual anuncio de reforma no volvemos al año 2005 como dicen algunos dirigentes estudiantiles, analistas y expertos.  La propuesta del “Experto” Ministro de Educación no hace más que institucionalizar y dar regularidad fiscal al enredoso sistema de  financiamiento estatal de la educación privada que representaba el CAE. Así, se “saca” a los bancos, que ya ganaron suficiente, por ser intermediarios de esta privatización encubierta y por otra parte, sale al paso de la demanda de sobre-endeudamiento que implica a los chilenos financiar instituciones que gastan millones en publicidad, en grandes edificios y, de paso, extraen millonarias ganancias para sus dueños [13]. Ahora el Estado (todos nosotros) nos haremos cargo (oficialmente) de ello, por medio de una agencia estatal de financiamiento único para la educación superior.  Es decir, neoliberalismo en su estado puro. Jaime Retamal en su columna en “El Mostrador” señalaba: “Friedman era partidario de una excelente idea que le va a sonar muy familiar: recordaba que uno de nosotros publicó un plan de financiación equitativa de la enseñanza superior por medio de una corporación estatal que pudiera ofrecer la financiación, o la contribución a la misma”[14]

Hay que agregar que esta forma de organizar el financiamiento en la educación superior, ni siquiera está orientada en beneficiar a los más pobres, como comúnmente se escucha hablar a los personeros y defensores de este modelo y he aquí la gran trampa. Según los datos recaudados entre el año 2005 al 2009, no es el primer quintil (es decir el más pobre) el que se ha visto beneficiado con el CAE [15]. Incluso en su primer año de implementación (2006) era mayor la cantidad de beneficiados del quintil más rico (5.083, 24%). Con el paso de los años ha aumentado la cantidad de créditos asignados al primer quintil pero aún no logran superar al resto de los quintiles beneficiados [16].

La reforma al CAE que es considerada como un cierto avance por medios,  ministros, y algunos representantes estudiantiles, va en el sentido contrario al fortalecimiento de la educación pública, pues ahora extiende y homogeniza el sistema de financiamiento a la demanda a las instituciones de educaión superior. Una especie  de “vouchers a la chilena” que entrega recursos a instituciones que lucran. Situación que incluso la Loce, que aún rige para la educación superior, se supone que impide.

Esto era de esperarse de un gobierno recalcitrantemente neoliberal, que pretende manipular la demanda social e invisibilizar las propuestas surgidas al calor de la movilización y organización del movimiento social. La lucha por Educación pública y gratuita que vienen sosteniendo los/as secundarios/as  desde el año 2006, no puede quedar fuera del debate. Sobre todo cuando se hace más patente que es urgente la implementación de un sistema de educación estatal, gratuito,  articulado, y con control comunitario [17].

Es necesario resituar las demandas sobre educación superior superando la discusión economicista, enfocada solo en el financiamiento, que termina distorsionando los fines y sentidos de la reforma que la educación Chilena necesita. Los cambios en la Educación Superior deben ser coherentes con las demandas que la ciudadanía realiza a todo el sistema educativo. Esto es una educación superior de acceso universal, gratuita, con sentido público y no orientada únicamente por las leyes de la oferta y la demanda, sino que por las necesidades del país, que requiere mucho más que lo que estas empresas educativas están dispuestas a entregar.

Juan González – Rodrigo Sánchez – Diego Parra – Erick Valenzuela

Observatorio Chileno de Políticas Educativas  – Opech–

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