El fiscal, Carlos Gajardo, a cargo de la investigación del PentaGate, viene de formalizar a las siguientes personas, en su mayoría, pertenecientes a la UDI: Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, por delitos tributarios, sancionados en el artículo 97 no.4, y por el delito de soborno; Manuel Antonio Tocornal, por delito tributario; Pablo Guillermo Wagner, por cohecho y lavado de activos; Samuel Irarrázaval y Carlos Ramón Bombal, por delito tributario – el fiscal asegura que serían formalizados muchos otros personeros, incluso de la arista política -. Dentro de esta lista, quien arriesga, hasta ahora, una pena mayor es el ex subsecretario de Minería del gobierno del millonario Sebastián Piñera – en el que los negocios personales se mezclaban con los del Estado, y el dinero de los chilenos era la “caja chica” de los plutócratas – aparece formalizado por cohecho, al cual se suma el delito de lavado de activos, que tiene una alta penalidad. Los demás implicados en el escándalo de la década, posiblemente terminarán pagando sendas multas, al considerarse dos atenuantes: “irreprochable conducta anterior” y, sobre todo – aun cuando tardía – la colaboración con la investigación.
En la democracia de “opereta” a la cual hemos llegado, los ricos nunca cometen delitos, sólo “errores”, y jamás van a la cárcel por muy grave que sea el delito –perdón, el error – que hayan cometido. Robar no es malo, lo que sí es una gran estupidez es el ser descubierto. Los millonarios están seguros de que no serán fiscalizados por la Superintendencia respectiva, por lo demás, es seguro que quien ostenta este cargo político, al cesar su función pasará a engrosar las filas de alguna de las empresas.
Hay una especie de banalidad del mal y del abuso que recorre todo el caso del PentaGate. Los dos dueños de Penta, Delano y Lavín, son a la vez, mecenas y dueños de la UDI, es decir, la plata toca la música. Los distintos mails prueban cómo Delano tomaba las decisiones políticas principales, por ejemplo, como no le parecía bien Evópolis, de Felipe Kast, se negó a colaborar con este partido, pero sí le agradaba Andrés Velasco, quien fue invitado a almorzar y a recibir $20.000.000 – cualquier persona envidiaría tal merienda -. Con respecto al “roticuajo” de Moreira, ante petición de dinero, lo enviaba a hablar con su suche, Hugo Bravo.
Los dueños de Penta nunca imaginaron que en el Chile, que es su parcela, algún día iban a ser descubiertos. Todas estas pillerías la verdad es que las hacían hacían con plena impunidad, de ahí que la “calidez” de los mails que circulaban entre ellos, logran enternecer al lector. Ena von Bauer, por ejemplo, escribe que debe $100.000.000 y claro, su respuesta llega de inmediato, con el regalo de $70.000.000; Moreira, por su parte, pide el raspado de la olla cuando le restan los 100 últimos metros de recorrido.
En la banalidad del abuso es muy fácil que Jovino Novoa, como coordinador de las platas de la UDI, tenga una chequera y una libreta de boletas, para falsificarlas ideológicamente. El gerente Hugo Bravo y el contador Marcos Castro estaban siempre dispuestos a firmar los cheques que los jefes les ordenaran.
Gracias a la pelea entre Hugo Bravo y sus dos jefes, Delano y Lavín, empezaron a descubrirse las relaciones “pecaminosas” entre Penta y la UDI – lo que viene a ser un solo cuerpo – y el Chile corrupto seguiría actuando de la misma manera dolosa, como lo ha hecho la derecha desde el 11 de septiembre de 1973. Por eso siempre repito: el Chile de la transición no es una democracia, sino una monarquía altamente corrupta, y los partidos políticos no son sino mafias feudales, que se reparten entre ellos el dinero de todos los chilenos.