En los últimos meses un nuevo concepto surgió en el vocabulario mediático: las boletas ideológicamente falsas. Una práctica habitual en el mercado de trabajo chileno, esa de dar una boleta de honorarios a cambio de un servicio no realizado y para muchos de los que la firmaron fue más cómodo ni preguntar porqué, pero que terminó siendo una de las formas más usadas de financiar a la mayoría de los políticos por parte de los grandes grupos económicos. Boletas de honorarios que al otro lado de la balanza, para el 10 por ciento de las personas que trabajan, son el mecanismo de asegurarse un salario cada mes en un mercado laboral precarizado.
Por arriba tenemos que en las últimas semanas salieron al ruedo las boletas del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo y varios de sus asesores a una empresa del recaudador de la campaña presidencial de Bachelet, Giorgio Martelli. Coincidentemente, Martelli emitía a su vez facturas a la filial de SQM Salar, del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, por más de $250 millones. También se supo de las boletas dadas por la contadora demócratacristiana Clara Bensan por casi $93 millones a SQM Salar para financiar la candidatura presidencial de Eduardo Frei en 2009 y otra por $58 millones para recibir dineros del grupo Said.
Se suman a las extrañas boletas por $130 millones emitidas por el director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, a SQM, Pampa Calichera y Aguas Andinas, que se sospecha iban para la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, en ese momento dueño del canal de TV.
También se está develando que al UDI Pablo Longueira le pasaron dinero a través de boletas truchas cuando se tramitaba la Ley de Pesca y que Corpesca hizo lo mismo con los senadores que tramitaban la Ley de Pesca. Una danza de boletas, como la mandada por la estafeta de Ena von Baer al grupo Penta para asegurar unos $40 millones para su campaña senatorial o las de Fulvio Rossi, a través de sus asesores de campaña firmando boletas para recibir dineros de Julio Ponce Lerou.
Como no olvidar las boletas por 20 millones por una charla privada de Andrés Velasco a Juan Carlos Délano, dueño de Penta, en uno de los actos de prostitución política más rápidos en la historia chilena. Lo que muchos profesionales jóvenes se demorarían más de dos años en juntar, el gurú de las ‘decisiones técnicas’ cobraba por escasos minutos.
Otras son las boletas dadas por el chofer del senador Iván Moreira, quien obediente ponía su firma para recibir dineros para la campaña del patrón.
Al otro lado de la tortilla, miles de profesionales jóvenes o ‘emprendedores’ precarizados boleteando mes a mes en una sociedad que no asegura un empleo decente. El sistema de boletas de honorarios, símbolo de la precariedad laboral, que implica una relación laboral sin contrato, sin protección social ni seguro de salud, fuero maternal, bonos de locomoción o aguinaldos, o sea, en la práctica sin derechos laborales y menos aún poder pertenecer a un sindicato. Olvídate si es que tienes un accidente camino al trabajo, porque nadie te protege. La palabra empleos de calidad hace rato dejó de ser una constante en nuestro mercado de trabajo.
Tengo una amiga psicóloga que trabajó durante 10 años atendiendo a niños por abusos sexuales o maltrato infantil en la OPD de Lo Prado y como no quiso ocupar sus horas de trabajo para salir con banderas y chapitas a hacer campaña por el ex alcalde Gonzalo Navarrete, fue despedida. Diez años trabajando en el aparato público sin contrato y como trabajaba a boletas, no tuvo derecho a indemnización. Al otro lado, una institución pública con la facilidad para despedir a alguien de un día para otro sin costarle un peso.
No hay estadística certera respecto del tamaño de la masa laboral que se desempeña a través de boletas de honorarios. Pese a que el Estatuto Administrativo para funcionarios estatales dice que ninguna repartición pública debe contar con más del 20% de sus funcionarios bajo la modalidad de honorarios, cifras de la Dirección de Presupuesto (Dipres) conocidas en 2013, daban cuenta de que si en 2004 había 11.694 funcionarios que boleteaban para el Estado, en el primer semestre de 2013 la cifra subió a 30.858. O sea, un 12% del personal en el aparato público trabajaba con boletas de honorarios. Apenas un 34% correspondía a empleados de planta y otro 52% estaba bajo la modalidad de contrata.
También la problemática está cruzada por discriminaciones de género. Según datos de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, un 57,5% del total son mujeres, y en la modalidad de trabajo a contrata representan un 61,9%.
Según la Fundación Sol hoy son 250 mil los trabajadores chilenos que ‘prestan servicios’, lo que equivale al 10% de la fuerza laboral activa. Al igual que en el campo chileno, el campo profesional está lleno de trabajadores por temporada.
Hace unos años un grupo de jóvenes profesionales de las ciencias sociales inventaron un blogger denominado Profesionales en el aire. Poco tiempo atrás tras un foro de gubernamentalidad conversaba con varios exponentes y un historiador tiró la idea de formar una organización denominada ‘temporeros intelectuales’. Esa masa laboral que en el mes de abril esperan ansiosos la devolución de impuestos que quizás les sirva para pararse un mes.
Bajo tal régimen laboral cualquier descuento es un mordisco grande al salario. Así resulta ser lo dispuesto por la nueva Ley 20.255 de reforma previsional, que obliga a los trabajadores a honorarios a cotizar en forma obligatoria a contar de este año, o sea, pasarle una mascada de su sueldo de un 13% a los grupos económicos chilenos detentores de las AFP. Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) son unos 400 mil trabajadores que cada mes entregarán más de un décimo de su salario a los grupos económicos.
Boletas millonarias por arriba y empleos precarizados por abajo. Quien iba a pensar que un acto tan prosaico y burocrático como emitir boletas, devino en símbolo de la transición.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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