“El secretariado de las Farc, acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada”, reza el comunicado leído por Márquez. Asimismo, las Farc hicieron un llamamiento al Gobierno de Santos a frenar los proyectos de ley que benefician a las empresas trasnacionales y criticaron la privatización de la propiedad estatal, la precarización del trabajo, los recortes sociales y el apoyo al sector financiero.
El anuncio es significativo y pone en aprietos al propio Santos, que se ha negado en repetidas ocasiones a frenar las operaciones militares y policiales contra la guerrilla pese a los contactos. «Hay algunos que están proponiendo treguas, cese del fuego. Mi respuesta ha sido clara y contundente: no hay tregua ni cese del fuego. Si quieren adelantar el cese del fuego para humanizar el conflicto, lo que queremos nosotros es finalizarlo, no humanizarlo», dijo el presidente el pasado jueves en el acto de inauguración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz.
Humberto De la Calle, el representante del Gobierno en la negociación, dejó claro que el gesto de la guerrilla no hará que el ejecutivo cambie un ápice su postura: «Iniciamos la segunda fase que debe terminar con un acuerdo definitivo sobre el conflicto. Entretanto no habrá concesiones de carácter militar, ni cese el fuego, ni zonas desmilitarizadas». A pesar de todo De la Calle aseguró que «queremos un proceso que avance con la guerrilla mediante acuerdos prácticos que sean posibles, un acuerdo que le dé a los colombianos resultados y no frustraciones».
Muchas cosas sobre la mesa
Sin embargo, semejante diálogo no será sencillo porque las Farc no acepta limitarlo a la entrega de las armas y la creación de un partido político.
La negociación toca puntos tan cruciales como la reforma agraria, para entregar tierra a los campesinos más pobres; los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y de los nuevos movimientos que surjan de la firma de un acuerdo final de paz; el cese al fuego, el abandono de las armas y la reincorporación de las Farc a la vida civil; sustitución de cultivos en las zonas afectadas por la siembra de coca; y resarcir a las víctimas del conflicto, incluyendo saber el destino de cientos de desaparecidos.
Es una agenda compleja dada la realidad actual y la historia de Colombia. La vinculación del narcotráfico con todas las esferas de la sociedad, incluyendo políticos, militares y guerrilleros será un serio obstáculo para alcanzar un acuerdo. La reforma agraria y la sustitución de cultivos pueden encontrar enemigos en los lugares más insospechados.
Otro aspecto espinoso es la reinserción de la guerrilla en la vida política. El representante del Gobierno dijo que «esperamos que muestren que ellos [los guerrilleros] piensan que es el momento de las fuerzas de las ideas, y no el de la fuerza de las balas, y menos el de la combinación de ambos», antes de explicar que la vía del diálogo será la que permita una paz estable con las Farc «convertidas en un partido político legal».
La historia juega en su contra
Las experiencias anteriores no son muy alentadoras. La última negociación de paz exitosa en Colombia culminó con la reinserción a la vida política del grupo de guerrilla urbana M19 pero en los años posteriores, alrededor de 3.000 de sus militantes y dirigentes fueron asesinados en las calles o en sus casas por escuadrones de la muerte.
En este sentido, cualquier acuerdo tomado por las dos delegaciones tendrá que tener en cuenta una realidad nacional marcada por la acción de decenas de grupos paramilitares, policías privadas y ejércitos de narcotraficantes. Todos ellos son extremadamente violentos, no están interesados en la estabilidad de Colombia y son dirigidos desde la sombras por lo que no hay a quién reclamar cuando asesinan.
El camino hacia la paz será largo pero podría empezar con estos primeros pasos, a los que colaboraron los gobiernos de Noruega y Cuba. Paradójicamente, mientras el presidente Santos agradece a su homólogo cubano por la gestión, EEUU mantiene a La Habana en una lista de países terroristas, entre otras cosas, por sus vínculos con la guerrilla colombiana.
Fuente: Público