Las estrategias frente a los movimientos sociales durante las administraciones concertacionistas fueron desde la negación del conflicto hasta constituir ‘mesas de diálogo’ cuyos acuerdos siempre terminaron siendo negociados con la derecha. A partir de este martes la Nueva Mayoría deberá ganarse al mundo social más allá de la retórica de campaña. El problema es que a un programa de gobierno incierto se suma la trayectoria de la nueva generación en el poder, personificada en Rodrigo Peñailillo, nuevo ministro del Interior, quien operó en contra de los estudiantes y aplicó las leyes antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado contra los mapuche.
Decir que este martes se inicia en Chile un nuevo ciclo político ha devenido un lugar común. Tras décadas de hegemonía neoliberal, las reformas capitales del gobierno de Bachelet II – educativa, tributaria y constitucional, junto al nuevo bloque de poder que amplió los consensos hasta incluir al Partido Comunista, concitan las esperanzas de muchos para que efectivamente se produzca un golpe de timón que saque al país del Consenso de Washington.
De seguro el gobierno de Bachelet II será muy diferente a su primera gestión, cuyo poder en las sombras era mandatado por el neoliberal Andrés Velasco. Pero la heterogeneidad de la actual coalición, que abarca desde el PC hasta la Democracia Cristiana, más bien sirvió para asegurar un triunfo electoral en un clima de crisis de los partidos políticos tradicionales, que para asegurar un proyecto de país.
En este sentido, Bachelet tiene muy poco que ofrecer. Sus horizontes están mucho más acá que una transformación del modelo instaurado por Pinochet. En su discurso jamás se ha planteado la superación del neoliberalismo y a lo más se espera un ajuste en las áreas del modelo que evidencian una crisis. Pero, tal como comenta el analista Rafael Agacino a diferencia de las décadas anteriores, ahora la Nueva Mayoría se enfrenta a las fisuras de un modelo pensado para instalarse sobre un fondo de apoliticismo: “Luego de 40 años el modelo impuesto por la contrarrevolución neoliberal ha hecho aflorar las contradicciones nuevas y propias de un patrón de acumulación maduro, y segundo, porque el proyecto neoliberal no logró generar una institucionalidad política complementaria al mercado capaz de procesar tales contradicciones cuyo alcance supera las posibilidades de arbitraje entre privados del propio mercado”.
DIME CON QUIEN ANDAS…
En 1997 tras años de letargo la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) volvía a exhibir protagonismo en el rechazo a la Ley Marco de educación promovida por el gobierno de Eduardo Frei y su ministro del ramo, el economista José Pablo Arellano. Las JJCC dirigían importantes federaciones y habían logrado instalar en la agenda pública la crisis de la educación universitaria. Si los estudiantes acusaban un problema serio de financiamiento de la educación pública, el gobierno de Frei y los medios argumentaban que la falta de dinero era porque los endeudados con los créditos universitarios no pagaban.
La partida la tenían ganada los estudiantes, con casi la totalidad de las universidades tomadas, hasta que Rodrigo Peñailillo, en su calidad de presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Bío Bío y vocero del zonal Sur de la Confech rompiera la mesa de la Confech, lo que los medios difundieron como un acercamiento de los estudiantes a las políticas privatizadoras del gobierno. Peñailillo era militante del PPD.
El rol desarticulador de Peñailillo fue bien compensado por las elites concertacionistas. La movilización fue quebrada y al poco tiempo lo vemos en la Fundación Chile 21, uno de los think-tank de Ricardo Lagos, y luego como burócrata de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En 2002 ya es gobernador de la Provincia de Arauco y enfrenta las movilizaciones mapuche contra la industria forestal y la central Ralco convocando la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado. En 2006 asume como jefe de la campaña de Bachelet durante sus dos contiendas electorales y hoy es el flamante ministro del Interior de la mandataria.
Peñailillo integra la llamada G90 concertacionista, núcleo etario que tras su paso por las universidades militando en partidos como el PPD y el PS, fueron convocados a los gabinetes de Sergio Bitar y Francisco Vidal, quienes serían sus mentores. Las motivaciones de esta generación de relevo, no fueron ideales políticos ni un proyecto de sociedad, sino un oportunismo de Estado que les permitiera el ascenso en la burocracia concertacionista.
La crítica a la dictadura de las dinastías, que cruza el campo político chileno desde la derecha más recalcitrante hasta la familia comunista, terminó por encumbrar en la estructura de la presidenta Bachelet a los ‘tecnócratas de la política’, los muchachos que entraron en los ’90 a los partidos del arcoíris para hacer carrera política como si se tratase del PRI mexicano y supieron ‘bajar’ las decisiones de la cúpula en sus ‘frentes de masas’.
DEL NINGUNEO A LAS MESAS DE DIÁLOGO
La experiencia de la nueva camada que integra el círculo de Bachelet fue aceitada durante los anteriores gobiernos concertacionistas, los que desplegaron dos tipos de políticas frente a los movimientos sociales. La primera fue la negación de los conflictos y la invisibilización de los actores sociales: El ninguneo fue constante en el periodo de Eduardo Frei. Familiares de víctimas de la dictadura jamás fueron recibidos por el presidente, quien fue un firme partidario de las centrales hidroeléctricas en el Alto Bío Bío y no ocultó su doctrina cuando dijo que ningún emprendimiento productivo sería parado por temas ambientales.
La segunda política fue la represión con todas las armas de la ley (y de la policía) para hacer frente a los estallidos sociales cuando el ninguneo ya no era efectivo. Recordemos el habitual tono de Felipe Harboe, como subsecretario del Interior de Bachelet, enfrentando al mundo social, la aplicación de la ley antiterrorista contra los mapuche o que los gobiernos del arcoíris siempre mantuvieron a punto el arsenal de Fuerzas Especiales de carabineros.
Cuando ya ni el ninguneo ni los palos lograban apaciguar las demandas sociales, la Concertación se valió de las llamadas mesas de diálogo. Inauguradas por Eduardo Frei para decir que algo se hacía por la justicia en Chile tras la detención de Pinochet en Londres, la cuenta de las mesas de diálogo fue pagada por el mundo social. Si el 2001 los militares usaron la mesa para dilatar las demandas en la justicia entregando información falsa sobre el destino de los detenidos desaparecido, en 2006 las ‘mesas de diálogo’ sirvieron a Bachelet para bajar la temperatura a la revolución pingüina.
Vitrinas de pseudodemocracia, las mesas de diálogo representan el sueño político de la Concertación, el espíritu de la democracia de los acuerdos. A la liturgia era convidado todo el espectro político y ciudadano para que al final la cuenta la pagaran los comensales del mundo social porque al final el único interlocutor respetado era la derecha.
Las mesas de diálogo también servían para enfrascar los conflictos, ralentizar las decisiones y aprovechar los interludios para hacer cabildeo. Sus tiempos, las negociaciones internas y los debates jugaban contra el activismo social y la democratización de las decisiones. Su objetivo no fue ampliar los consensos, sino apagar la presión social de la calle.
El Menú de las mesas de diálogo además perseguía nivelar, poner a todos por igual. Así comparten igual espacio empresarios lucrando con colegios, tecnócratas neoliberales con docentes y estudiantes.
También les sirvió para ejercer cabildeo sobre los dirigentes y cuando alguno de estos se negaba a que en la mesa se comieran al movimiento social, los medios titulaban cosas como: ‘Estudiantes rompen mesa de diálogo’.
Y cuando una mesa de diálogo no tuvo el fin esperado por la Concertación, simplemente sus conclusiones no fueron vinculantes. Así ocurrió en 2006, cuando entre el Congreso y la ministra Mónica Jiménez se sirvieron al movimiento estudiantil con la LGE.
A partir de este martes, cuando Bachelet vuelva a la Moneda, los administradores de la Nueva Mayoría saben que ni la negación de las demandas sociales, ni la represión podrán ser el sello de su gestión. Empujados por vientos de izquierda y con el Partido Comunista dentro, deberán desarrollar nuevas estrategias para hacer frente al ansia de cambio que expresan la mayoría de los chilenos. El problema es que el conglomerado surgió más bien como respuesta a la crisis institucional a partir de 2011 y no como una coalición con un objetivo de gobierno coherente. La Concertación no tiene alma. No hay un proyecto político detrás suyo sino el de mantener el orden institucional.
No en vano el empresariado, partiendo por Luksic, apostaron por la Nueva Mayoría antes que por la derecha a la hora de distribuir sus ‘aportes electorales’. Así todo indica que la estrategia será de cooptación del movimiento social y bajarle la temperatura a la conflictividad social. Los ex dirigentes de federaciones estudiantiles porteñas. Sebastián Farfán (UV) y Carla Amtmann (PUCV) concuerdan en que “el principal objetivo de Bachelet es recuperar el consenso de la elite”.
Y POR ABAJO…
El reacomodo de la elite está acompañado de un nuevo ciclo en los movimientos sociales. Si por décadas el pueblo mapuche, los deudores habitacionales, habitantes de regiones afectados por la contaminación del modelo productivo chileno fueron los que se enfrentaron al neoliberalismo, después del 2011 cada lucha social constata que el problema de fondo es el modelo económico. Los secundarios fueron los que terminaron por desnudar al rey del neoliberalismo rampante que con Piñera se intentó hacer los últimos ajustes del modelo.
Durante la emergencia social comenzaron a constituirse nuevos sujetos sociales alejados de las orgánicas partidarias tradicionales. Estos ensayaron nuevas formas organizativas que han delimitado el rol de los dirigentes y articulado la interlocución en torno de voceros que se deben a las asambleas. Si por un lado la clase política asiste aterrada al rechazo de las tradicionales formas de organización del siglo XX, los partidos, en el mundo social cada vez se vincula más lo político con lo social. Y sin intermediarios.
En el mundo sindical, las viejas organizaciones asediadas por un Código del Trabajo de dictadura destinado a la balcanización del trabajador, están dando paso a nuevas formas de asociatividad y acción que han sido exitosas para enfrentar el modelo patronal. Si su impulso inicial fue la huelga de los subcontratistas de Codelco en 2006 y la de los forestales el año siguiente, la reciente victoria de los trabajadores portuarios obligó a negociar a un duro empresariado (la familia Von Appen) y un gobierno de derecha. Pese a estar prohibida, se impuso de hecho la negociación interempresa
El analista sindical, Iván Vitta, destaca que si en las primeras décadas concertacionistas las luchas sindicales fueron a la baja, “en el período 1998-2005, considerando sólo las huelgas legales, hubo un promedio anual de 12 mil trabajadores en huelga; en el período 2006-2011, dicha cifra se elevó a 21 mil trabajadores por año. El número de huelgas pasó de un promedio de 109 por año en el período 1998-2005 a 161 en el período 2006-2011”.
El escenario da cuenta de que es la última oportunidad de la Concertación, hoy llamada Nueva Mayoría, para cumplir su promesa histórica. Ahora tienen la mayoría parlamentaria y, pese al control de los medios, una mayoría ciudadana no quiere más un Estado subsidiario. El eje de debate del país pertenece al mundo social.
Andrés Fielbaum, ex presidente de la Fech, comenta que “la posibilidad de comenzar a dejar atrás el neoliberalismo y el Estado subsidiario para construir un Estado garante de derechos hoy se ve mucho más real que hace 4 años (…) también existe la oportunidad de que el desenlace sea distinto. Que al gobierno de Bachelet simplemente le resulte imposible quedar bien con Dios y con el diablo, y deba tomar posición. Así, o bien se develará su carácter incorregiblemente neoliberal, o bien lograremos apuntalar reformas profundas, que nazcan de una iniciativa que desborde los márgenes de la política tradicional”.
Las demandas son múltiples, mas los actores ya no están dispersos. Educación gratuita, nacionalización del agua, rechazo a Hidroaysén, despenalización de las drogas, autodeterminación del pueblo mapuche, una legislación ambiental que proteja los recursos naturales, reforma de las FFAA, nacionalización de los recursos mineros, fin a las AFP y salud pública dejaron de ser consignas aisladas y muy bien pueden integrar un programa de gobierno que concite mayorías.
Cuando Bachelet se asome al balcón de la Moneda este 11 de marzo sabe que se enfrenta a una ciudadanía distinta. Para el 22 de marzo ya está convocada la primera marcha que le dará la bienvenida y le recordará que, por lo menos, cumpla las promesas (vagas e inciertas) de su programa.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
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