Ley Longueira: «gracias» por campañas concebidas.

Solo en el caso de la gran industria pesquera siete empresas llevan la batuta, encabezadas por la cuestionada CORPESCA, entidad que sigue siendo investigada por la Fiscalía por posible cohecho en el caso de la ex diputada Marta Isasi durante la aprobación de la ley de Pesca. 

Tras una serie de denuncias que han salido a la luz pública por el caso PENTA y los últimos antecedentes entregados por el SII –vía ley de Transparencia-, respecto de las empresas que han realizado aportes reservados para campañas políticas, el vicepresidente de Consejo de Defensa de la Pesca (Condepp), Nelson Estrada, y el presidente de FENASPAR CHILE, Hernán Cortes,  exigieron que los parlamentarios que aprobaron la llamada Ley Longueira transparenten los aportes de campaña recibidos por la gran industria pesquera.

Junto con recordar que hace pocas semanas el Senador Carlos Montes reconoció que ‘cuando se discutió la Ley de Pesca, la presión y el condicionamiento fueron fuertes’, el dirigente del Biobío Nelson Estrada señaló que “la ley Longueira es el ejemplo de una ley ilegítima, aprobada con artimañas y que durante toda su tramitación mostró los ‘favores’ que se debían pagar; como Condepp denunciamos –en su momento- a la Fiscalía,  a la diputada Marta Isasi por su relación con  CORPESCA y, a la Comisión de Ética, a los parlamentarios que tenían conflicto de interés debido a su nexo directo con las gran industria pesquera”, puntualizó Estrada.

Según la información entregada por el SII, destacan como donantes las empresas pesqueras y eléctricas. En el primer caso, del Grupo Angelini la empresa CORPESCA; de la Familia Sarquis y el Grupo Yaconi-Santa Cruz, BLUMAR S.A; del Grupo Fernández y la Familia Stengel, Camanchaca Pesca Sur y su filial Pesquera Bío Bío S.A. Además, de las Pesqueras Grimar, Pesquera Hernández Limitada, Sociedad Pesquera Coloso S.A y Sociedad Pesquera Landes S.A.

Al respecto, Hernán Cortés criticó que “a pesar de todos los antecedentes, pareciera que aún los ‘tentáculos’ de las 7 familias –presentes en la Subsecretaría de Pesca- impiden que se cumpla la palabra de la Presidenta Michelle Bachelet, de revisar la ley Longueira”.

Los casos emblemáticos de la ley de Pesca

Cabe recordar que de los pocos estudios que existen sobre la relación entre dinero y política, el profesor Claudio Agostini, estableció que el 57% de los ingresos de campaña proviene del mundo privado, concluyendo que el problema de la actual normativa “es la falta de transparencia”.

Un ejemplo, fue el ocurrido con la empresa Corpesca, que salió al tapete luego que  el entonces gerente Francisco Mujica reconociera el pago de $25 millones a un asesor de la diputada Marta Isasi, por un estudio sobre el impacto de la ley de Pesca en el sector. A esto su sumó que el ejecutivo indicó que se habían entregado aportes de campaña: “nosotros hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios pero en forma absolutamente legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más”.

Además, como consta en videos de la época, durante la tramitación de la norma, el Subgerente de Gestión de Corpesca, Ramón Pino Correa, participó en reuniones de la Comisión de Pesca como asesor de la parlamentaria(12 de junio y 9 de julio de 2013 http://www.youtube.com/watch?v=XDVWlnl3jig).

Respecto a conflictos de interés, destacó la situación de senadores y diputados; Jovino Novoa (UDI), tenía participación en Inversiones Y Mandatos S.A. Dicha sociedad, como se indicaba en su declaración de intereses contaba con participación en Comercial Nahuebuta Ltda., dedica a la exportación de productos del mar.

El también integrante de la UDI, el actual Senador Alejandro García Huidobro, mantenía participación en Navarino S.A, sociedad dedicada al desarrollo, ejecución y explotación en actividades pesqueras.

Por su parte, Andrés Zaldívar (DC), según registro de las Superintendencia de Valores y Seguros, durante la tramitación de la ley, su hermano Manuel Zaldívar Larraín y su sobrino, Felipe Zaldívar, participaban como director y gerente comercial –respectivamente- de Corpesca.

Similar situación ocurrió con el diputado Jorge Ulloa, quien había sido socio de la empresa Cargo Services Limitada, entidad continuadora de otra empresa creada por su esposa y que prestaba servicios a grandes pesqueras del Biobío, destacando la citada Blumar S.A.

En tanto, la ex diputada Mónica Zalaquett Said, también participó del proceso de discusión de la ley de Pesca, a pesar de ser prima del dueño y presidente del directorio de la empresa pesquera Blumar S.A, Rodrigo Sarquis, quien además es presidente de Sonapesca.

Estos parlamentarios, contraviniendo lo que establece el artículo 5ºB de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, votaron la citada norma.

Tanto Nelson Estrada como Hernán Cortés, indicaron que “se deben terminar con las buenas intenciones que algunos políticos tienen por la prensa, y de una vez por todas transparentar la relación de política y dinero, porque hasta ahora los únicos perjudicados hemos sido los pescadores artesanales y los chilenos”, señalaron.