Los 18 emblemáticos alcaldes corruptos de la derecha: Historias de un tsunami delictual

Por: Jorge Molina Araneda

-Rodolfo Carter (exUDI): alcalde de La Florida. La Contraloría General de la República entregó un lapidario informe sobre su desempeño en el período que abarca desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017. En líneas generales, el informe determinó que, al 30 de junio de 2017 la Municipalidad de La Florida tenía un déficit de caja que asciendía a los 20 mil millones de pesos.

Las conclusiones del informe parten consignando una serie de cheques protestados por falta de fondos. Se efectuó un cruce de información, considerando aquellos documentos girados y pendientes de cobro registrados en las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017, proporcionadas por la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef).

Se constató que, para el área de Educación, 57 de los cheques se encontraban protestados por falta de fondos, por un monto total de $ 356.735.882, y que, en el ámbito de la Salud, otros 195 documentos bancarios estaban en la misma condición, por un valor de 701.617.878. Además, se detectaron 102 instrumentos financieros protestados y rendidos a la Municipalidad de La Florida por $ 363.504.644, detalla el informe.

En sus conclusiones, el informe establece que “se determinó que la Corporación Municipal para las áreas de Educación y Salud presentó un déficit presupuestario por $1.345.709.875 y $ 2.818.098.488, al 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, respectivamente; y un déficit de caja, de a lo menos, $ 11.646.878.711, y $ 20.026.931.838, para iguales periodos”.

En detalle, la investigación consigna que, por ejemplo, en el lapso auditado un total de $735.050.000 correspondientes a recursos de salud no fueron ingresados a la cuenta corriente municipal dispuesta para tal efecto y lo mismo ocurrió con $2.223.944.792, correspondientes a dinero que proviene del Ministerio de Educación, específicamente del Fondo de Ayuda para la Educación Pública (FAEP).

Además, la auditoría confirmó la deuda previsional. Se constató el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales, generando intereses, reajustes, recargos y gastos de cobranza en el año 2016 y de los meses de enero a junio de 2017 por un monto total de $559.431.202.

Ahora, en 2023, hay un distanciamiento entre Carter y su mujer de confianza, Janett Fernández Pizarro, quien además debe responder a un juicio de cuentas en Contraloría.

Según El Mostrador, Carter le dio otro voto de confianza al nombrarla a cargo de la Corporación Municipal de La Florida (Comudef). Se trata de la corporación de derecho privado sin fines de lucro que gestiona la salud y la educación de la comuna, y que el alcalde legalmente preside. La misma entidad fue objeto de un informe de Contraloría que encontró inconsistencias financieras por $4.600 millones, en el manejo de recursos públicos destinados a subvenciones para educación. Eso fue durante el periodo 2018-2020, en que Fernández aún no asumía en la corporación, pues llegó allí en abril de 2022.

El 3 de enero de este año, en el primer Concejo Municipal de 2023, luego de los saludos, comenzó la ronda para aprobar los presupuestos de este año. Todos fueron votados sin discusión, salvo el de la Comudef, por un total de $9.240 millones.

Antes de votar este presupuesto, el Concejo transversalmente cuestionó la gestión de Janett Fernández. El alcalde, una de las figuras mejor evaluadas en la derecha, según las encuestas Cadem y UDD –aunque reaccionaría molesto al otro día de llevarse a cabo dicho Concejo, al enterarse de que no apareció en la encuesta del CEP–, venía llegando de la “zona cero” afectada por los incendios en Viña del Mar, donde fue a donar viviendas de emergencia. Carter escuchó las críticas y, cuando intervino, se desmarcó de su amiga, que estaba presente en la sala.

Sobre Fernández, efectivamente hay recelo y desconfianza. Al mes de ser nombrada en su actual puesto, fue notificada de un juicio de cuentas que sigue la Contraloría por $148 millones, cuyo gasto durante su gestión como administradora municipal debe aclarar, y la entrega de cajas durante la pandemia a personas fallecidas o con cédulas de identidad inválidas. Sin embargo, el principal cuestionamiento, tanto en la sesión del 3 de enero del Concejo Municipal como en una de la Comisión de Hacienda realizada días antes, fue el uso de $2.520 millones del presupuesto total de la Comudef.

Para mayor abundamiento, según datos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Municipalidad de La Florida es la entidad municipal, dentro de la Región Metropolitana, que ha enfrentado la mayor cantidad de indagaciones por diversos delitos asociados a corrupción. Así, por ejemplo, se encuentran cinco investigaciones (RUC 1900125929-9 / 1801102235-5 / 1800156495-8 / 1710028192-9 / 1700911819-5) por el delito de malversación de caudales públicos, que en otras palabras implica inversión ilícita o el empleo indebido, a través de actos de apropiación o alteración de bienes públicos, por parte de quien los tiene a su cargo en virtud de una función también. Las otras causas son por los delitos de estafa, fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

-Fernando Paredes (UDI): exalcalde de Puerto Natales. El 23 de enero de 2023 la Fiscalía formalizó a Paredes y al exfuncionario público,  Andrés Matulich como autores de los delitos consumados de cohecho y de  violación de secreto del artículo 246 del Código Penal, asimismo, les comunicó a  los imputados León Lefort, Ricardo Rodríguez, Cristian Ureta, Pedro Guerra y Cristian Seit, que se sigue una investigación en contra ellos, por el delito de soborno.

En la oportunidad, el Fiscal Sebastián González y la Fiscal Paulina Valdebenito solicitaron la prisión preventiva para Paredes y Matulich, medida cautelar aprobada por la Magistrada Marianela Chacur, otorgando un plazo de investigación de 90 días. Para Ureta , Seit, Lefort Rodriguez y Guerra, en tanto, se fijó arresto domiciliario.

El representante de la Fiscalía detalló que los delitos se perpetraron a partir del año 2019, luego de que la División de Presupuesto e Integración Regional del Gobierno Regional de Magallanes, visó el convenio celebrado con la Municipalidad de Puerto Natales, relativo al financiamiento del proyecto de reposición de luminarias públicas por la suma de $1.673.754.000 de pesos, luego del cual  la Municipalidad  aprobó el llamado a licitación pública para la ejecución del proyecto, identificándose las bases administrativas, en una publicación realizada en la página web de Mercado Público, comenzado a partir de allí, diversos ofrecimientos de dinero de las empresas licitantes a los funcionarios de la municipalidad,  con la finalidad de favorecerlos, siendo aceptados estos sobornos por un monto aproximado de 50 millones de pesos.

Cabe indicar que el proyecto fue adjudicado a la unión temporal de proveedores conformada por las empresas ITELECOM HOLDING CHILE SPA, ITELECOM EFICIENCIA ENERGÉTICA TRES Spa y GO+ NEGOCIOS PÚBLICOS, mediante Decreto Alcaldicio N° 0698, de fecha 22 de abril de 2020, el que fue firmado directamente por el alcalde titular.

-Rodrigo Delgado (UDI): exalcalde de Estación Central y exministro del interior. En 2015, cuando la PDI hacía pesquisas por el «caso basura» se toparon con una red de corrupción que involucraba al partido de calle Suecia. El entonces alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, habría pedido $10 millones por otorgarle la licitación por unas canchas deportivas a un imputado en la causa anteriormente mencionada.

El polémico diputado UDI, Gustavo Hasbún, fue el encargado esta vez de poner en problemas a su partido ya que el parlamentario se habría visto envuelto en una red de corrupción, cohecho y soborno.

La PDI intervino una serie de conversaciones telefónicas entre la jefa de prensa de la UDI, Claudia Vera, quien intervino en 2014 a favor del empresario Lorenzo Pérez (imputado en el «caso basura»), para obtener la licitación para la construcción de canchas deportivas en Estación Central. La mujer de confianza de la presidencia gremialista las hacía de nexo entre el hombre de negocios con el diputado Hasbún, para que él lograra que el alcalde le diera el contrato de construcción. En las grabaciones Hasbún accedió a reunirse con Pérez para concretar la obtención del contrato municipal. Vera, en paralelo, le aseguró al empresario que el alcalde Delgado estaba dispuesto a darle la licitación, a cambio de $10 millones. Los «pinchazos» telefónicos no acreditan que se concretara la reunión, pero lo que sí es real es que, finalmente, la licitación quedó desierta.

Por otra parte, la municipalidad de Estación Central otorgó permisos de edificación a la inmobiliaria Placilla SpA, que fueron declarados ilegales por el Tribunal Constitucional (Tricel), ya que contravienen la normativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que imposibilita la «edificación continua» en una zona que no tiene límite de altura.

Tras una investigación de cinco años, la Contraloría General de la República concluyó en 2021 que Delgado había incurrido en irregularidades durante su periodo como alcalde de Estación Central, dando por establecida su responsabilidad administrativa. El informe se basó en los viajes que dos concejales hicieron a Europa en 2016 para supuestamente realizar capacitaciones, los que según la institución no tuvieron justificación. Contraloría también cuestionó la contratación por trato directo de un proveedor que realizó piezas gráficas para el municipio en 2016, las que resaltaban el nombre y rostro del alcalde en época de campaña electoral.

-Karen Rojo (IND-UDI): exalcaldesa de Antofagasta. El 15 de junio de 2018, Rojo fue formalizada por el delito de fraude al Fisco a raíz de la contratación, a través de la Corporación de Desarrollo Social, de la Consultora Main Comunicación Estratégica, entre los años 2015 y 2016, a la cual supuestamente se le habría pagado no por realizar los trabajos oficialmente comunicados, sino más bien por asesorar a la alcaldesa en su campaña por la reelección. Junto a ella también fueron formalizados el director de la consultora José Miguel Izquierdo, el exsecretario de la CMDS, Edgardo Vergara, y el administrador municipal, Héctor Gómez. El 22 de octubre de 2018, la Fiscalía solicitó extender el plazo de la investigación del denominado “Caso Main” por tres meses más, situación que volvería a repetirse en enero y abril de 2019. El 4 de julio de 2019, Rojo fue reformalizada por delito de negociación incompatible por el mismo caso, y el cierre de la investigación nuevamente se pospuso, y una vez más en octubre de 2019. Finalmente, el 12 de junio de 2020, la investigación fue cerrada para poder dar paso al juicio oral, cuya audiencia de preparación se realizó el 13 de julio. Posteriormente quedó notificado que el juicio tendría lugar el 15 de septiembre de 2020. A raíz de esto último -el auto de apertura del juicio oral- el Consejo de Defensa del Estado afirmó que la por entonces alcaldesa se encontraba suspendida de su cargo.

El 31 de diciembre de 2020, Rojo fue condenada por el delito de fraude al Fisco, en relación con los servicios que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta contrató con la empresa Main. La condena fue informada por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta el 18 de enero de 2021, y consiste en una pena de 5 años y un día de presidio efectivo, el pago de una multa de $4.344.485 e inhabilitación perpetua para derechos políticos. Su defensa interpuso un recurso de nulidad en contra de la sentencia, el que fue rechazado por la Corte Suprema el 23 de marzo de 2022;​ al día siguiente se informó que Rojo había huido del país en dirección a Países Bajos en un vuelo de KLM.

En paralelo a la causa penal, cuatro concejales denunciaron a Rojo ante el Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes e infringir de manera grave las normas de probidad. A mediados de 2020, el organismo la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años. Rojo apeló la decisión, pero el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó la resolución en mayo de 2021. Aunque su defensa intentó revertir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, el recurso fue declarado inadmisible.

-Luis Reyes y Carolina Silva (ambos UDI): exalcalde y actual alcaldesa de Río Bueno. De acuerdo al Diario de Valdivia (2023), graves acusaciones contra el municipio de Río Bueno se emitieron a través de redes sociales, debido a documentación que demostraría en un proceso judicial en curso, una serie de irregularidades con fondos públicos, en las que habría incurrido el mandato del exalcalde Luis Reyes y la actual administración de Carolina Silva.

A través de las cuentas de Twitter de @aquiradiomoscu y @BotCheckerCL, se dio cuenta de la malversación de fondos por parte de la municipalidad, la cual superaría los 1.100 millones de pesos en cuentas corrientes, a ellas tienen acceso la alcaldesa Silva, empleados de confianza y una empresa externa.

El exadministrador municipal de Río Bueno, Helmuth Palma, asegura que dio cuenta a la alcaldía sobre algunas de estas irregularidades, sugiriendo que los antecedentes fueran presentados a la Contraloría.

“A mi me llamó la atención que la alcaldesa no me respondiera las representaciones por escrito y cuando llegan los resultados de la auditoría en noviembre, arrojan peores resultados de lo que pensé había detectado”, indica Palma.

En aquellas auditorías e informe de Contraloría, se daba cuenta de diferencias en los saldos de las cuentas, confirmando la existencia de dos cuentas corrientes en el Banco Santander, arriendos de manera irregular de edificios municipales y concentraciones de millones de pesos a proveedores.

“En octubre le presento esto a la alcaldesa, que me sacó de las reuniones de auditoría pese a ser la contraparte, resolviendo de manera privada con el abogado, o sea siendo el administrador municipal no tenía acceso a las cuentas corrientes, no podía firmar cheques por no contar con la autorización de la alcaldesa en el banco”, aclara el exadministrador.

Esto afirma Palma, se vincula de forma directa con el Caso Cuentas Corrientes, tras la licitación del municipio de Río Bueno a la empresa Gestión Global SPA, donde firman un contrato entre ambos estamentos el 29 de diciembre de 2017, bajo la administración del exalcalde Luis Reyes Álvarez.

Gestión Global SPA es la empresa propiedad de Rodrigo Carmona, quien en la actualidad se encuentra en prisión preventiva acusado de orquestar un esquema de sobornos para conseguir contratos municipales y que implicó a varios municipios del país.

En diciembre de 2022, concejales de la comuna presentaron una querella contra el municipio, en base a que anteriormente en abril, la contraloría había presentado cargos contra el antiguo alcalde.

Tras presentar la querella en la Fiscalía de Río Bueno, el fiscal a cargo se inhabilita, trasladando el caso a La Unión, donde el nuevo fiscal también se inhabilita, llegando finalmente el caso a Valdivia bajo la jurisdicción de la fiscal Tatiana Esquivel.

El 10 de diciembre, la Empresa Ingeniería Verde SPA, se adjudicó la licitación por 1.500 millones de pesos para llevar a cabo la obra de “Mejoramiento y Estabilización del Talud calle Beauchef” en la comuna de Río Bueno.

Lo curioso del caso, es que inicialmente se aprobó el proyecto en agosto de 2022 por un monto de $953 millones, los cuales fueron solicitados al Gobierno Regional, quien los aprobó a través del FNDR.

En abril de 2023 se solicita al Gobierno Regional los 1.500 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto, lo que llamó la atención de los concejales de la comuna por el aumento de fondos para la obra.

Al revisar la documentación, se da cuenta de que la empresa había sido creada en enero de este año, pagó su primera patente municipal en marzo en Valdivia, no contaba con obras previas y su capital inicial era de un millón de pesos.

Palma explicó que esta empresa, cuyo gerente general es José Luis Accardi, exseremi de Minería de Sebastián Piñera, entregó una boleta de garantía de 85 millones de pesos, lo cual resulta sospechoso para las autoridades comunales sobre cómo el banco les otorga ese monto, ya que su capital inicial era de un millón.

“Cuando una empresa se va a quiebra, las empresas solo responden por la boleta de garantía, o sea se adjudican 1.500 millones, se declaran en quiebra y sólo les pueden cobrar 85 y para efectos de querellas, la empresa vale un millón de pesos”, declaró el otrora administrador municipal de la comuna.

-Felipe Alessandri (RN): exalcalde de Santiago. En 2021 la Contraloría General de la República constató millonarias irregularidades, omisiones de registros de asistencias y pagos en exceso por horas extraordinarias durante la gestión del exedil.

La situación se detalla en el informe de la Contraloría General de la República, con irregularidades en los libros de control de asistencia, además de comprobar que funcionarios que gozaban de vacaciones, licencias médicas o se encontraban en teletrabajo registraban presencia en sus puestos de trabajo y el cobro de horas extraordinarias.

En octubre de 2020, la municipalidad presentó una querella en contra de exfuncionarios donde se señala que hubo un perjuicio para las arcas municipales por $147 millones en pagos de horas extraordinarias. A esto se añade que el organismo contralor detectó pagos de honorarios sin respaldo un monto de $41.127.892.

-Graciela Ortúzar Novoa (RN): exalcaldesa de Lampa. El miércoles 25 de mayo de 2022 se conoció la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, contra la exedil Graciela Ortúzar por el abandono de deberes, tras dejar de pagar en forma reiterada las cotizaciones previsionales de trabajadores. La Municipalidad de Lampa interpuso una querella en contra de la exedil, quien ejerció como jefa comunal desde el 2008 hasta el 2021. La razón es una deuda de 1.500 millones de pesos por no pago de las cotizaciones a profesores y funcionarios de la salud, la cual habría aumentado a seis mil millones debido a los impuestos. Desde la actual administración se descubrió esta deuda por cotizaciones impagas, en las que se vería involucrada la exjefa comunal, la cual fue acusada por los delitos de malversación de fondos y apropiación indebida. Serían cerca de mil profesores y funcionarios de la salud a quienes se les descontó el dinero correspondiente a sus cotizaciones entre los años 2008 y 2021, pero ni en sus fondos de pensiones ni cotizaciones aparecían los depósitos que debía hacer el municipio. El Tribunal Calificador de Elecciones anunció la sentencia que acogií el requerimiento de cesación en el cargo en contra de la exalcaldesa, pero como no es posible aplicar la medida, ya que terminó su periodo edilicio, se determinó aplicar la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

-Felipe Guevara (RN): exalcalde de Lo Barnechea y exintendente de la Región Metropolitana. Domingo Prieto se ha convertido en el testigo clave del caso en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien es acusado de recibir sobres con millones de pesos en efectivo desviados desde la municipalidad de la que estuvo a cargo.

Prieto fue el representante de las corporaciones Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, todas sin fines de lucro, las que funcionaban por el financiamiento de la municipalidad. Quien informó de movimientos financieros fuera de norma a la nueva alcaldesa, Camila Merino.

El exfuncionario, ahora sindicado como testigo clave de la investigación, señaló que el sistema que se habría utilizado en esa comuna para triangular fondos estatales hacia supuestamente las arcas particulares del exedil, tiene su génesis en Felipe Guevara, quien durante los años 90 ocupó el cargo de director de Desarrollo Comunitario de Vitacura, publicó La Tercera.

Guevara, que posteriormente a trabajar en Vitacura fue electo alcalde de Lo Barnechea, y posteriormente fue designado como Intendente de la región Metropolitana en el segundo mandato de Sebastián Piñera.

“Le señalé que esto lo inventó Felipe Guevara, una vez que comenzaron a funcionar las organizaciones comunitarias funcionales. Él fue director de desarrollo comunitario en Vitacura, luego ese cargo lo ejerció Renato Sepúlveda y luego Antonia Larraín. Todos sabían y consentían en este mecanismo“, dijo Prieto a la fiscalía. “Cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario (Decom) de la Municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara Stephens, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar $2.000.000 mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara (…). Esta solicitud venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba a Renato Sepúlveda”, fue parte de la declaración de Prieto ante los persecutores.

Prieto también reveló que se desviaron dineros desde actividades como la semana de la chilenidad, además de las corporaciones sin findes de lucro. Además, relató como los funcionarios exigían sacar ese dinero para entregarlo al exedil.

-Pedro Sabat (RN): exalcalde de Ñuñoa. El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregó la lectura de sentencia contra Pedro Sabat Pietracaprina, quien fue condenado el 25 de mayo como autor de dos delitos de negociación incompatible. La jueza María Inés González Moraga leyó el fallo donde se sentenció a Sabat a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión de cargos públicos por 2 años y 1 día y al pago de una multa de $675.000.

Así las cosas, Sabat no irá a la cárcel y tampoco tendrá una reclusión domiciliaria. La jueza señaló que debe informar de cualquier cambio de domicilio.

La sentencia es bastante menor a lo que solicitaba el Ministerio Público. La Fiscalía pedía que se condenara a Sabat a la pena de 4 años de reclusión menor en su grado máximo, 7 años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, y multa de 218 Unidades Tributarias Mensuales.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, entre noviembre de 2013 y septiembre de 2015, mientras Sabat se desempeñaba como máxima autoridad en Ñuñoa, suscribió contratos, en representación del municipio, con un tercero que era socio de su hijo, Pedro Sabat Fernández. Así, se afirma que dicho sujeto, identificado como Alain Goffard Rodríguez, obtuvo réditos económicos ascendentes a $15.700.000.

En la acusación se señalaba: “El imputado, actuando en operaciones en las que debía intervenir en razón de su cargo, dio interés a un tercero que mantenía, y mantiene hasta la actualidad, vínculos societarios con su hijo, Pedro Sabat Fernández, mediante la suscripción de decretos alcaldicios y contratos”.

“El tribunal acreditó nuestra tesis de que se había efectivamente cometido este delito, como también de las circunstancias que nosotros señalamos tanto en la acusación como durante el juicio, esto es que Sabat había contratado en la municipalidad de Ñuñoa mientras él era alcalde a un socio de su hijo, vínculo contractual que no está permitido por ley”, destacó el fiscal Jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, en relación a la sentencia.

-Juan Castro (IND-RN): exalcalde de Talca. Fue formalizado por el Ministerio Público, por delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible, relacionado con la investigación del llamado caso CTS, empresa encargada del aseo y ornato de la ciudad.

Una de las nuevas aristas en su currículum judicial, es por la construcción de un galpón que una empresa de Castro hizo a la otra firma en Linares. El exalcalde mantenía contacto como autoridad edilicia con una empresa denominada CTS, y sin embargo, una de sus empresas aparece negociando un contrato de construcción de un galpón, a la par que realizaba negociaciones para mejorar las vigencias y la relación contractual con esta misma empresa como autoridad; por tanto, negociaba él como autoridad y sus empresas negociaban de manera privada el otorgamiento de negocios que le redituaban dividendos económicos a ambos y eso está prohibido por ley y no importa el monto o si efectivamente generó o no enriquecimiento para uno u otro.

Por su parte, el abogado querellante, Fernando Leal, explicó que al exedil en esta causa se le ha formalizado por cuatro delitos.

Luego del terremoto del 27/F, específicamente en abril de 2010, el entonces alcalde de Talca desechó una propuesta del Colegio de Arquitectos para hacer un plan de reconstrucción participativo, que además se preocupaba por la recuperación de los barrios. A cambio, entregó la reconstrucción a una gran empresa inmobiliaria santiaguina, El Bosque S.A. de Hurtado Vicuña. En Talca, a febrero de 2011, el nivel de avance de la reconstrucción era solo de 2% (considerando las obras materializadas).

En esto, el cambio de lugar de la escuela patrimonial Las Concentradas fue uno de los casos más conflictivos, contrastando su defensa por el interés de la ciudad frente al interés de la comunidad escolar.

El 14 de mayo de 2023, Radio Biobío develó en su sitio web un reportaje en que el hijo de Castro, el tiktoker Matías Castro, conocido en dicha red social como El Castrinho, habría utilizado particularmente un Jeep modelo Grand Cherokee, el cual se encuentra inscrito desde agosto de 2018 a su nombre en la Corporación de la Cámara de Diputados, que solo puede ser utilizado por él como por personal que forma parte de su trabajo, para la realización de contenido para redes sociales, como también en las vacaciones durante el verano 2023 en la ciudad de Pucón. Además, se le acusó de contratar a personas con las cuales mantiene vínculos familiares, a la madre de uno de sus hijos como asesora legislativa, además de su cuñado como jefe de gabinete.

-Germán Codina (RN): alcalde de Puente Alto. En relación al gasto de dinero en redes sociales, en 2017 El Desconcierto informaba: “[…] La encargada de gestionar las redes sociales del alcalde Codina era Marietta Parra,  socióloga y actual jefa de redes sociales de la marca telefónica WOM (según escribe en su LinkedIn, donde omite su paso por el servicio público). Y ese posicionamiento de las redes sociales del sucesor de Manuel José Ossandón -y no de la municipalidad- significó un gasto de cerca de $25 millones para el municipio”.

Además, en lo tocante a la contratación de una lobbista, “la arquitecta Iris Vergara Flores trabajó en la municipalidad de Puente Alto desde enero de 2017 hasta agosto de 2018. Su función fue implementar la ley 20.958, de aportes al espacio público, vinculado al desarrollo inmobiliario y el impacto en las calles y barrios. Su sueldo bruto mensual era de $2.711.125. Pero además de esa labor pública, Contraloría encontró dos momentos en los que su cargo chocó con intereses de privados. En el periodo que prestó servicios a honorarios en la municipalidad de Puente Alto, participó como gestora de interés en dos audiencias de lobby efectuadas el 14 de marzo de 2017 y el 11 de enero de 2018, con la señora María Constanza Dyvinetz Pattillo, directora de Obras Municipales de dicho municipio, abordando las materias relacionadas a la recepción del Mall Plaza Puente y Aguas Andinas las Vizcachas, respectivamente, a pesar de estar contratada a honorarios por esa entidad edilicia”.

En 2018 salen a la luz los sobresueldos. El Mostrador señalaba: “El pago de sobresueldos y horas extras infladas en la Municipalidad de Puente Alto es un secreto a voces en la comuna, una de las más populosas del país, que lleva años siendo administrada por la derecha y en particular  ahora por el alcalde de RN Germán Codina, otrora delfín del senador Manuel José Ossandón. Ya en el 2013, la Contraloría General de la República realizó un sumario administrativo contra el municipio, tras identificar una serie de pagos por dobles sueldos a funcionarios de planta que también eran contratados a honorarios, y estos mismos aparecen hoy con millonarios pagos por horas extras, que llegan a doblar su renta líquida. A mediados de noviembre, la Escuela de Formación y Observatorio Municipal (EFOM) –organización social que agrupa a vecinos de la comuna– ingresó un requerimiento a la Contraloría tras realizar un análisis a las horas extras que se han pagado a los funcionarios de la municipalidad durante este año, en el que destacaron que existen casi 45 funcionarios municipales de planta, que ganan más de 900 mil pesos de forma mensual, incluso llegando a superar los 3 millones de pesos. La denuncia es revisada en estos momentos por la Contraloría Regional Metropolitana II. Se revisaron las horas extras registradas entre enero y septiembre de 2018 en el portal de Transparencia del municipio que dirige Codina (RN), donde se han pagado más de $1.173 millones equivalentes a 206.986 horas extras a los 245 funcionarios de planta contratados en la comuna”.

Fue, asimismo, bajo su administración que la empresa Cicam obtuvo una licitación para hacerse cargo de las áreas verdes de la comuna. Lo que la Fiscalía aún no se explica es por qué los mismos funcionarios que recibieron pagos figuran depositando a la empresa otros $240 millones. Una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público es que se trata de un negocio vinculado a licencias de conducir fraudulentas. Ya se levantó el secreto de varias cuentas bancarias.

Por otro lado, en 2023, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció una nueva querella en el caso llamado Luminarias Led y que ya cuenta con más de 12 municipalidades investigadas por soborno y cohecho a lo largo del país. Esta vez, la acción penal apunta a uno de los hombres de confianza del alcalde Codina, el abogado Christian Gore Escalante, exadministrador municipal de esa comuna y varias veces alcalde subrogante.

Según el escrito la Fiscalía cuenta con dos antecedentes que determinaron que el CDE interpusiera la querella: una declaración que el dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, entregó en 2021, poco antes de cambiar su medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total; y el levantamiento de cuentas de Gore donde se detectaron 66 pagos en efectivo por un monto de $203 millones que figuran en su cuenta corriente del Banco Security.

-Joaquín Lavín Infante (UDI): exalcalde de Las Condes. La Contraloría General de la República emitió un informe donde constata millonarias irregularidades en la Municipalidad de Las Condes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, período en el que Joaquín Lavín era alcalde de esta comuna. En el informe final del ente contraloral sobre una auditoría a la Municipalidad de Las Condes, la institución da cuenta de la cantidad de $59.595.096  en gastos ilegales. Esta cifra se divide en boletas improcedentes dirigidas a dos funcionarios municipales, por servicios que ya están considerados dentro de sus labores en contrato. La contraloría también constató que el municipio autorizó trabajos extraordinarios diurnos sobre 40 horas por un total de $17.108.700 y que según detalla en el documento «cuyo fundamento no hace alusión a cometidos de carácter imprevisto, motivado por fenómenos naturales o calamidades públicas, que hagan imprescindible trabajar un número superior al indicado«.

El municipio desembolsó un monto total bruto anual de $27.834.240 por la prestación de servicios a honorarios de un funcionario de la planta municipal, quien desempeña el cargo de jefe (S) de eventos y recreación. El servicio tenía por objetivo «realizar un estudio para la elaboración y preparación de nuevos circuitos turísticos, que beneficien a los vecinos de la comuna de Las Condes, tarea que está implícita en las labores propias de su empleo en el Departamento de Eventos y recreación«, explica la contraloría.

Además, este organismo confirmó que el jefe (S) del departamento de finanzas fue contratado a honorarios, percibiendo el pago de un monto bruto total anual de $31.760.856. El servicio consistía en prestar apoyo técnico en la planificación, elaboración, formulación y análisis mensual del presupuesto «Subtítulo 21 Gastos en Personal» de la Municipalidad de Las Condes. Sin embargo, según precisa la contraloría, esa labor «es inherente a las funciones propias de su cargo«, por lo que el pago sería irregular.

También el órgano contralor detectó que tres funcionarios percibieron pago por horas extraordinarias diurnas no realizadas durante los meses de enero y febrero de 2020, por un monto total de $420.618. Asimismo, dieron cuenta de inconsistencias entre el libro de asistencia y el sistema de asistencia municipal, mostrando diferencias entre la cantidad total de horas extraordinarias diurnas y/o nocturnas efectuadas por los funcionarios. Esto generó pagos entre $689.970 y $237.082, lo que según el documento son «situaciones que vulneran lo previsto en el dictamen N°41.111, de 2008, de esta Entidad de Control«.

Otra irregularidad detectada fue en la etapa 1 del proyecto de paisajismo en el Parque Municipal de los Dominicos, con una boleta de honorarios por un monto de $12.435.758 por los servicios prestados. Esta etapa consistía en preparar y entregar un plano de plantación que señalara la totalidad de especies que se incorporan al parque y aquellas que se retiran, incluyendo un set de fotografías de terreno con las especies existentes.

Es necesario recordar que la gestión de Joaquín Lavín como alcalde de Las Condes ha estado bajo la lupa por situaciones similares. En septiembre de 2021, América Transparente tuvo acceso a la nómina de remuneraciones de la Corporación Cultural de Las Condes de los años 2019 y 2020, revelando millonarias remuneraciones a funcionarios de dicha corporación con vínculos políticos y de parentesco familiar. Uno de los casos que menciona la denuncia es el del licenciado en Artes Francisco Court Silva, quien se desempeña como director de la Corporación, cuya remuneración es de $8.409.850 quien contrató a su hijo Maximiliano Court Rivera, como encargado de difusión y redes del Centro Artesanal Los Dominicos, dependiente de la corporación. En cuanto a nexos políticos, Gonzalo Müller, quien fuese uno de los estrategas de la tercera campaña presidencial de Joaquín Lavín y esposo de la exdiputada y secretaria general de la UDI María José Hoffmann, «asesoró» a la Corporación Cultural de Las Condes en el “desarrollo de nuevos proyectos” por casi $2,5 millones mensuales. En total, La Corporación Cultural de Las Condes se encuentra en la polémica a raíz de una denuncia de América Transparente, la que reveló que entre los años 2019 y 2020, se pagaron más $2.000 millones en remuneraciones a funcionarios con nexos familiares y otros con nexos políticos con la UDI y RN.

-Cathy Barriga (UDI): exalcaldesa de Maipú. Corre agosto de 2022 y  la Contraloría General de la República entregó nuevos antecedentes sobre la auditoría realizada a la municipalidad de Maipú durante la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga.

Según lo que se indica en este nuevo informe, “se verificó que el presupuesto final ajustado al 31 de diciembre de 2020, se cifró en $119.313.870.947, monto inferior a los ingresos devengados en el período, que totalizaron $147.033.720.684, y superior a los percibidos que ascendieron a $115.390.042.891. Un saldo por percibir de $31.643.677.793, hecho que afecta la contabilidad patrimonial, toda vez que representa, eventualmente, ingresos que no serán efectivos, resultado que, además, incide en el saldo por percibir determinado en la ejecución presupuestaria” agrega el documento.

Asimismo, el órgano contralor mandató que el municipio deberá realiza un “sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran asistirles a los funcionarios involucrados en las situaciones representadas“.

-Virginia Reginato (UDI): exalcaldesa de Viña del Mar. Una auditoría forense a los estados financieros de la Municipalidad de Viña del Mar, de junio 2016 a junio de 2021, dio cuenta de millonarias irregularidades en la administración a cargo de Reginato, revelando 63 observaciones correspondientes al pago de horas extras injustificadas, pérdida de más de mil bienes del inventario y el pago excesivo por motivo de arriendos, entre otras anomalías, que generaron “pérdidas” para la municipalidad por más de 100 mil millones de pesos.

“Entre horas extras y los ingresos no recaudados, por no hacer una recaudación efectiva, son cerca de 100 mil millones de pesos”, aseguró la actual jefa comunal Macarena Ripamonti.

Dentro de los activos faltantes, la auditoría reveló un incremento injustificado de montos por arriendo de inmuebles destinados a Seguridad Ciudadana y la administración Deporte y Recreación, respaldados con decretos alcaldicios, pero sin una justificación concreta del incremento.

Además, el informe decretó la falta de más de 1.000 bienes del inventario municipal, entre ellos tres camiones, una motoniveladora y un cargador frontal.

Por otro lado, se descubrió que el municipio pagó un monto total de $22.979 millones en horas extraordinarias (cerca de $4.600 millones anuales), con una altísima frecuencia.

Asimismo, respecto a la gestión de cobranzas, se halló que hubo una baja en la recaudación en los años 2018 y 2019, por la falta de eficiencia y eficacia de las acciones de cobranza aplicadas, lo que impacta en una masa importante de acreencias que el municipio no ha podido ingresar a las arcas, por un total aproximado de $65.699.800.

-Raúl Torrealba (RN): exalcalde de Vitacura. Esta semana se concretó la formalización del emblemático exjefe comunal. La Fiscalía por primera vez detalló en una audiencia pública siete mecanismos que habría liderado durante una década para defraudar en más de $766 millones al Fisco.

El lavado de activos es uno de los principales delitos por los que se imputó a la exautoridad, y para lograr acreditarlo ante el tribunal, las pericias realizadas por detectives de la PDI resultaron esenciales, tal como lo relevó la jueza María Carolina Herrera antes de ordenar la prisión preventiva del imputado Torrealba.

Y es que tras acceder al detalle de las cuentas bancarias de Torrealba y de su esposa, María Soledad Simonetti, y con indicio de que había un delito base de fraude al Fisco, la Unidad Investigadora de Lavado de Activos realizó un minucioso análisis de los movimientos, advirtiendo que había cientos de depósitos en efectivo de “usuarios” que se repetían y que incluso se realizaban por caja o por cajeros automáticos en un mismo día.

Así, por ejemplo, un informe evacuado por la PDI el 1 de junio evidenció que choferes contratados por el municipio habían realizado, entre 2015 y 2021, depósitos consecutivos por un total de $85.600.000. De esta forma los investigadores pudieron concluir que parte del monto total defraudado -$766 millones- era ocultado mediante la descrita maniobra.

Pudieron dilucidar, asimismo, que Simonetti era utilizada como una suerte de “testaferro”, tal como lo expresó el persecutor Jacir en la formalización.

Conforme a aquello, en todo caso, Jacir adelantó que ahora se profundizará en esa línea investigativa para esclarecer fehacientemente el grado de participación de la mujer.

-Jorge Castro (UDI): exalcalde de Valparaíso. En abril de 2018 el Poder Judicial -en su sitio web– informó que fue declarada admisible la querella criminal presentada el jueves 5 de abril de aquel año por el Consejo de Defensa del Estado en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de fraude al Fisco reiterados y malversación de caudales públicos en el municipio de Valparaíso durante la administración de Jorge Castro.

La acción se realizó a partir de los antecedentes que acumuló la auditoría de la Contraloría Regional de Valparaíso, y donde se cifró un perjuicio patrimonial estimado en $289.350.646. El documento somete a cuestionamiento el pago de arriendo de vehículos no operativos con la empresa Total Transport S.A, la mantención millonaria de equipamiento inexistente, seguros de inmuebles y vehículos sobrevalorados y 129 casos de pago por remuneraciones, en los cuales no existe documento ni antecedente donde se acrediten trabajos realizados, entre otros.

-Nora Cuevas (UDI): exalcaldesa de San Bernardo. El alcalde de San Bernardo, Cristopher White, presentó una querella criminal contra la exjefa comunal y exdiputada UDI, Nora Cuevas, por los delitos de fraude al Fisco, malversación de recursos públicos y desfalco.

Según la acusación presentada ante la Fiscalía local, la entonces jefa comunal y el funcionario de Viñaspre Parvex, Jorge Antonio Ruiz, no utilizaron más de $9 mil millones de fondos destinados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), montos cuyo destino no han detallado ni han reintegrado.

El presunto delito apunta a Cuevas y a Ruiz por su calidad de expresidenta y de secretario general de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la comuna respectivamente.

La acción judicial denuncia que el dinero fue utilizado con fines distintos al que estaba destinado originalmente, delitos por los que las otrora autoridades municipales arriesgan 15 años de cárcel.

El documento presentado ante el Ministerio Público está basado en el Informe de Investigación Especial N° 904 de 21 de septiembre de 2017, emitido por la Contraloría General de la República y la Querella del Consejo de Defensa del Estado.

En conclusión, antecedentes como los ya mencionados llevan inmediatamente a colegir que el espurio discurso de este sector político respecto a la ética y a la probidad (tartufismo en su máxima expresión), es solo una mentira para granjear la adhesión de incautos, tratar de mantener sus cuotas de poder y abultar sus cuentas bancarias. Si aún tiene dudas, estimado (a) lector (a), vuelva a leer el tsunami de corrupción edilicia expuesto en este artículo.

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